El ejecutivo bancario que orquestó lavado de dinero y se transformó en mente maestra del Clan Chen

Más de 180 millones de dólares (unos 161 mil millones de pesos) provenientes de estafas internacionales fueron canalizados a través del sistema financiero chileno en el marco de una sofisticada red de lavado de activos. La investigación al clan Chen —que aún mantiene “numerosas diligencias pendientes”— apunta a un esquema fraudulento que hizo caer en la trampa a una mayoría de ciudadanos estadounidenses que terminaron invirtiendo en plataformas ficticias que prometían altos retornos, pero que al poco andar se hicieron humo.

¿El mecanismo? La modalidad de estafa denominada “matanza de cerdos”, “pig butchering” en inglés o “shā zhū pán (shazhupan)” en chino, que para el caso queda perfecto. Se trata de una fórmula estudiada y probada, que combina manipulación emocional al hacerle creer a las víctimas (“cerdos”) que están logrando obtener utilidades reales mediante devoluciones (la “engorda”) para después quitarles todo su dinero, una vez la apuesta monetaria es más grande (la matanza).

En este caso, la alerta la encendió a comienzos de mayo de 2025 la embajada de Estados Unidos en Chile. Fue entonces cuando la repartición informó a la Policía de Investigaciones (PDI) de los antecedentes que había estado recopilando el FBI a partir de la denuncia de un ciudadano norteamericano que aseguró haber perdido más de un millón de dólares a través de una supuesta plataforma de inversión en criptomonedas. ¿El destino de los fondos? Una cuenta corriente en dólares del Banco Santander, perteneciente a una empresa con dirección en Iquique.

Si bien la cúpula de la organización estaba compuesta exclusivamente por ciudadanos chinos —Wen Chen, Wu Chen, Longdi Chen y Yonjie Chen—, la aceitada fórmula que les permitió insertar el dinero en el sistema financiero chileno contaba con un ingrediente criollo: Johnny Gárate Jiménez. Se trata de un experimentado ejecutivo bancario con más de una década de experiencia en comercio exterior.

La denuncia al FBI

De acuerdo con antecedentes contenidos en el expediente —a los que tuvo acceso este medio—, si en primera instancia se estimó que en este caso el dinero por estafas que habría logrado ser lavado en Chile se acercaba a los 6 millones de dólares, lo cierto es que esa cifra podría alcanzar los 180 millones de dólares o incluso más.

Y es que, según sostuvo en su presentación ante la justicia para solicitar las detenciones la entonces fiscal jefa SACFI de la región de Tarapacá, Paola Apablaza Arias, a medida que fueron avanzando las diligencias policiales, se logró determinar que la estafa denunciada por Jeff Senour, un ciudadano estadounidense avecindado en Arizona, era sólo el comienzo.

El hombre hizo llegar una pormenorizada denuncia al FBI que terminó siendo clave para la investigación.

Hace varios meses me involucré con Roland Quisenberry en línea y me uní a WH Alliance. He invertido mucho dinero a lo largo del tiempo y mi cuenta dice tener $11.8 millones después de operar con IA en varias ICO de criptomonedas. Después de pagar sus comisiones, he tenido que retirar fondos de mi cuenta y ahora nadie responde a mis solicitudes. Es como si hubieran guardado silencio cuando llega el momento de retirar fondos. Su sitio web es muy real y ha funcionado bien, pero ahora temo haber sido estafado. No lo sé con certeza, pero si esto es una estafa, estoy seguro de que ya lo sabes. He invertido más de $1 millón en esto desde mi jubilación y estaría devastado si es una estafa. Me sentiría completamente estúpido y avergonzado si lo fuera. No sabía si debía contactarte, pero pensé en hacerlo. Justo hoy 12/05/2025 les hice una transferencia de $194,000 para uno de los pagos finales y ahora no me responden.

Jeff Senour al FBI

Con esos antecedentes, y después de un primer intento fallido de la Fiscalía Metropolitana Oriente por incautar los fondos con gestiones ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, tribunal que se declaró incompetente para conocer del asunto bajo el argumento de que el principio de ejecución del delito era en Iquique, finalmente la investigación quedó en manos de la Fiscalía Regional de Tarapacá, a esa altura todavía liderada por la actual ministra de Seguridad, Trinidad Steinert. Esta es la misma causa que volvió a la palestra luego de que la secretaria de Estado solicitara información respecto de oficiales de la PDI que fueron removidos del caso. El listado incluía un funcionario cercano a la titular de la cartera.

Así, después de más de siete meses de investigación desformalizada en conjunto con un equipo de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (BRIANCO), la fiscal Apablaza —hoy flamante integrante de la Fiscalía Supraterritorial— resolvió a comienzos de 2026 ingresar un escrito ante el Juzgado de Garantía de Iquique mediante el que solicitó la detención de 51 integrantes de la red y otras diligencias.

En la presentación ante la justicia fueron clave los antecedentes recopilados por detectives de la Brianco, mismos que quedaron contenidos en un informe policial de 938 páginas donde se enumera una serie de diligencias ejecutadas con éxito, que permitieron hacer el cruce de información necesario y así establecer el alcance de la red. Una que usó incluso oficinas al interior del recinto amurallado de la Zofri (Zona Franca) como su centro de operaciones fraudulentas.

“Infiltración bancaria”

De acuerdo con lo planteado por la fiscal Apablaza, su investigación permitió establecer que los capitales obtenidos mediante el método de la matanza de cerdos “eran sistemáticamente derivados al sistema financiero chileno, particularmente a cuentas corrientes en dólares abiertas en sucursales bancarias de la ciudad de Iquique, especialmente en el Banco Santander del sector Zona Franca”.

Ese era el punto de partida en Chile de los dineros. Posteriormente, terceros en representación de diversas empresas de papel retiraban por caja los dólares utilizando cheques. Otra parte de los dineros era redistribuida a otra serie de sociedades con el objetivo de dar apariencia legal a los movimientos financieros.

Según sostuvo la fiscal, la operatoria de la organización transnacional liderada por los miembros del Clan Chen se vio facilitada por el rol clave que jugó el chileno Johnny Gárate Jiménez. Lo que la persecutora calificó como “un proceso de infiltración bancaria”, se materializó gracias a la colaboración del ejecutivo del Banco Santander que puso a disposición de la red criminal toda su experiencia en el área de Comercio Exterior (COMEX) de la institución.

Fueron esos conocimientos y la colaboración sustancial de otros ejecutivos bancarios lo que permitió la apertura masiva de cuentas corrientes para sociedades instrumentales, pasándole por el lado sistemáticamente a los controles y protocolos de prevención para el lavado de activos.

Así, según los investigadores, logró concretarse el objetivo principal de la organización: utilizar el sistema financiero criollo como plataforma de tránsito, procesamiento y redistribución de los capitales obtenidos ilícitamente.

Todo eso gracias a un diseño funcional y por niveles, que se basaba en la utilización coordinada de docenas de sociedades —cada una con roles diferenciados— que permitieron la recepción, fraccionamiento, ocultamiento, reconversión, inserción en el sistema financiero y posterior disposición de los fondos.

El “ingeniero”

Antecedentes tenidos a la vista por este medio, perfilan al exejecutivo del Banco Santander, Johnny Gárate Jiménez, como “el estrega encargado de planificar los actos de ingeniería financiera”.

“Su expertiz como empleado del Banco Santander le permitió un conocimiento en los circuitos de transferencia internacional y cumplimiento bancario para el diseño del entramado de empresas vinculadas a la organización criminal, que permitió evadir los controles del sistema financiero formal, dotando a la organización de una sofisticación técnica necesaria para la legitimación de capitales”, reza un documento del expediente judicial.

Pero no lo hizo solo. La investigación estableció que si bien él aprobó personalmente arias de las cuentas corrientes para las empresas fantasma de la organización, en varias oportunidades solicitó “favores” a ejecutivos de otras sucursales —apelando a la confianza que le tenían— para que estos procedieran.

Llegó a ser tal el nivel de la operación, que al menos 27 de las sociedades que el Clan Chen utilizaba para blanquear los dineros registraban como dirección un domicilio que era propiedad de Gárate Jiménez, ubicado en Avenida Cinco de Iquique.

De acuerdo a fuentes policiales, la relación entre el exejecutivo bancario y la cúpula de la organización criminal se remonta, al menos, a 2019.

El chat

Una conversación por WhatsApp fechada el 15 de febrero de 2025 —contenida en un informe policial al que tuvo acceso la Unidad de Investigación de Bío Bío— da cuenta del rol técnico, la influencia y el nivel de confianza que tenía Gárate con Wen Chen, el líder de la organización.

El chat comienza con Gárate enviando imágenes de diferentes carnet de identidad escaneados, especificando cuántas empresas fantasma se crearon a nombre de cada una de las personas dueñas de la cédula.

Posteriormente, Chen le señala la necesidad de encontrar personas para que cobren cheques en distintos bancos.

“Mira, también se necesita una gente de confianza, que tenga carnet para ir a cobrar cheques (…) Falta: Banco BCI, Itaú, Scotiabank, Santander”, escribió.

La respuesta de Gárate fue en tono coloquial, pero con valiosa información técnica sobre cómo evitar levantar sospechas.

“Es que lo que vas a tener que empezar a hacer, por ejemplo, es usar a un hueón que te cobre, no sé cuánta (plata), pero que no tenga cuenta en ningún lado. O sea, un hueón así nomás y vas cambiando cada un mes o dos meses el mismo hueón que te cobre los cheques”, partió Gárate.

Y añadió:

“Un mes un hueón y vas a tener que pagarle algo y listo, de ahí lo das de baja. Después, otro mes, otro hueón, listo. Y dos o tres personas. Esas tres personas… un mes, para distintas cuentas y listo. Y la haces y después lo sacas un mes, después otro, metes tres más al otro mes, así vas a tener que hacerlo. Vas a tener que pagarle a alguien, porque si metes a un hueón que está por todas las empresas… ellos (el banco) obviamente dicen “oye este hueón siempre está cobrando el mismo cheque, la misma persona, de todas las cuentas”.

Enganchado

En su declaración ante efectivos de la Policía de Investigaciones, el propio Johnny Gárate entregó detalles de cómo llegó a tener un vínculo de extrema confianza con miembros de la familia Chen. Lo testificado por Gárate quedó plasmado en un informe policial.

En el documento se lee que el ejecutivo conoció a Wen Chen por una empresa llamada LW/Long Weng, en su época como ejecutivo de comercio exterior en el banco BCI. Cuando se cambió al Santander, se llevó a su cartera de clientes, incluido a los Chen.

Gárate detalló que entre 2022 y 2023, cuando la relación ya estaba muy aceitada, paradójicamente las deudas bancarias —consecuencias de un proyecto comercial fallido— lo obligaron a pedirle varios millones de pesos a Wen. Como no pudo devolverle el dinero en tiempo y forma, su amigo de origen asiático le propuso el negocio.

Se trataba de la creación e instrumentalización de empresas. Gárate declaró que entonces, desde 2024, su función en la organización consistió en el reclutamiento de testaferros, las gestiones para la apertura de las respectivas cuentas corrientes para las sociedades y la obtención de productos bancarios.

Gestor

Fue él, según reconoció, quien de hecho reclutó a un contador, quien se encargaba de la creación de las firmas utilizando casi siempre la plataforma estatal Empresa en un Día. La misma permite crear estructuras como SPA, EIRL o Ltda. en menos de 24 horas, facilitando el inicio de actividades y la obtención del RUT.

Asimismo, Gárate detalló que junto a su pareja, también imputada, se encargaban de llevar a los testaferros a la notaría para la firma de los contratos simulados, utilizando casi siempre como domicilio su dirección en Avenida Cinco de Iquique. A cambio, le pagaban $500 mil a cada persona reclutada.

Él también ganaba $500 mil por cada empresa que creaba con éxito, así como el 1% de las transacciones. El dinero, reconoció, lo recibía “siempre en efectivo, en pesos chilenos”. Gracias a eso, logró comprarse un departamento al contado a cambio de más de $100 millones (a nombre de su pareja). Además, pudo financiar arriendos de propiedades por montos elevados, en los que Wen Chen hacía de aval.

Según concluyeron los policías, su declaración da cuenta de una estructura jerárquica y funcionalmente segmentada, con roles claramente definidos: cúpula/beneficiario final, constitución de sociedades, testaferros, bancarización, soporte contable y apoyo administrativo. Eso, sumado al uso sistemático de mecanismos como manejo de efectivo, creación de “empresas en un día”, apertura de cuentas en moneda extranjera, utilización de cheques en blanco y la implementación de múltiples capas de control y ocultamiento.

Estos elementos, señalaron los detectives, considerados en conjunto, resultan concordantes con el funcionamiento de una organización criminal de carácter transnacional orientada a la canalización y legitimación de fondos de origen ilícito.

Investigación en curso

Consultado el Ministerio Público, se remitieron a señalar que la investigación se mantiene “con numerosas diligencias pendientes” y que hasta el momento son 46 los imputados, 15 de ellos extranjeros. Del total, 12 están en prisión preventiva, entre ellos Johnny Gárate, 29 con arresto domiciliario total y cinco con arresto domiciliario nocturno. Todos, detalló la fiscalía, fueron formalizados por los delitos de lavado de activos y asociación criminal.

Por su parte, desde el Banco Santander indicaron que cuando tomaron conocimiento “de la existencia de una serie de transacciones potencialmente sospechosas provenientes, en su gran mayoría, de sociedades legalmente constituidas”, pusieron todos los antecedentes a disposición del Ministerio Público, específicamente el 10 de julio de 2025 mediante una denuncia. Eso, aseguraron, fue clave para el éxito de las diligencias que hoy mantienen a decenas de imputados en la causa.

Además, se excusaron de no poder responder todas las preguntas que hizo llegar este medio, en consideración a que la investigación penal sigue vigente.

“No nos es posible entregar antecedentes o emitir comentarios sobre la misma, ya que ello pondría en peligro el éxito de esa investigación y sería contrario a lo prescrito en la Ley 19.913, que establece un deber estricto de secreto o confidencialidad para quienes detectan, analizan o reportan operaciones sospechosas de lavados de activos o financiamiento del terrorismo”, subrayaron.

Lea la declaración completa:

Requerida la defensa de Gárate, a cargo de la Defensoría Penal Pública, se excusó de no referirse respecto al caso al tratarse de una causa reservada.