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¿Es seguro construir una escuela en esta ladera? ¿Hasta cuándo puedo seguir extrayendo agua de este pozo sin que se salinice? ¿Qué posibilidades reales hay de que este cerro se deslice? Esas preguntas merecen respuestas respaldadas por el Estado, no por una asesoría pagada por el mejor postor.
Este 22 de abril, mientras los escolares plantan árboles y las empresas lanzan campañas de reciclaje, quiero hacer una invitación incómoda: miremos hacia abajo.
La Tierra no es solo la superficie que pisamos ni la atmósfera que respiramos. La Tierra es también lo que ocurre a kilómetros de profundidad, donde se acumula la energía de los terremotos. Es el agua que circula por poros invisibles y alimenta salares y humedales. Es el magma que se mueve bajo volcanes que creíamos dormidos. Es la memoria escrita en rocas que nos hablan de climas pasados y futuros.
Hemos avanzado mucho en leer ese libro. Tenemos satélites, sensores, modelos numéricos, inteligencia artificial. Tenemos científicos brillantes. Tenemos la urgencia. Pero nos falta el capítulo más importante: la institucionalidad que convierta todo ese conocimiento en política pública, en ordenamiento territorial, en prevención de desastres, en minería sostenible, en justicia hídrica.
Chile merece un Servicio Geológico Nacional. No por moda, no por copiar a otros países, sino porque la Tierra no espera. Y nosotros, los que la estudiamos, sabemos que cuando ella habla, no negocia.
Lo que está en juego
No es un debate académico. Es una cuestión de vidas, de economía y de justicia territorial.
Cada invierno, aluviones y remociones en masa golpean comunidades del norte y sur. Sin mapas de peligro actualizados, sin monitoreo de lluvias umbral, sin sistemas de alerta temprana basados en conocimiento geológico local, seguimos improvisando. Los muertos del desastre de Santa Juana (2023) o de Villa Santa Lucía (2017) son la consecuencia trágica de no tener una institucionalidad geológica robusta.
El litio sostenible no es un eslogan. Si bombeamos salmuera de salares sin entender la hidrogeología del sistema, es decir, la recarga, los tiempos de residencia, la interacción con humedales, el negocio minero colapsará por su propia insostenibilidad. Un Servicio Geológico Nacional debería generar esos datos base, públicos y verificables, para que la inversión privada no adivine a ciegas.
El conocimiento geológico no puede seguir siendo privilegio de quienes tienen recursos para contratar consultoras. Las comunidades indígenas, los agricultores del valle central, los pescadores artesanales del borde costero tienen derecho a saber qué pasa bajo sus pies.
¿Es seguro construir una escuela en esta ladera? ¿Hasta cuándo puedo seguir extrayendo agua de este pozo sin que se salinice? ¿Qué posibilidades reales hay de que este cerro se deslice? Esas preguntas merecen respuestas respaldadas por el Estado, no por una asesoría pagada por el mejor postor.
Una deuda histórica
Chile lleva décadas debatiendo este tema. Hubo intentos, comisiones, proyectos de ley. Pero siempre tropezamos con lo mismo: la falta de voluntad política, el cortoplacismo presupuestario, la tentación de poner la minería por delante de la ciencia. El argumento más recurrente es que Sernageomin ya cumple esas funciones.
No es cierto. Sernageomin es un servicio dependiente del Ministerio de Minería, con un mandato centrado en la seguridad minera y el catastro de concesiones. Hace esfuerzos notables con recursos limitados, pero no puede ser lo que no está diseñado para ser: un servicio geológico nacional integral, con autonomía técnica, presencia territorial y financiamiento plurianual.
Tampoco basta con que las universidades “pongan el hombro”. La academia investiga, forma, publica. Pero no puede operar redes de monitoreo durante cincuenta años. No puede mantener equipos instalados en la cordillera con becas de postgrado. No puede garantizar continuidad cuando los proyectos se acaban.
Necesitamos una institución que articule, que no compita con las universidades, sino que las potencie. Que reciba sus datos, los estandarice, los ponga a disposición del país. Que dialogue con Sernageomin, con la DGA, con el SHOA, sin perder su norte: generar conocimiento geológico público, libre y confiable.
Propuesta concreta
No vengo solo a diagnosticar. Propongo tres pasos urgentes:
Primero, un proyecto de ley respaldado por todas las fuerzas políticas, no por un gobierno de turno que cree el Servicio Geológico Nacional de Chile, adscrito al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, con autonomía técnica y presupuesto garantizado por ley (similar al INE o la DGA).
Segundo, una dotación inicial de al menos 200 geólogos, geofísicos, geoquímicos e hidrogeólogos, distribuidos en macrozonas (Norte Grande, Norte Chico, Zona Central, Zona Sur, Austral), con laboratorios móviles y capacidad de monitoreo satelital.
Tercero, un mandato explícito de datos abiertos. Todo el conocimiento generado debe ser público, accesible y gratuito, con estándares internacionales. La industria minera puede y debe aportar sus datos al sistema, a cambio de certidumbre técnica y reducción de riesgos exploratorios.
El costo es ínfimo comparado con lo que gastamos en reconstrucción post-desastre, o con las regalías mineras que salen del país. No es un gasto, es una inversión.
