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Una fuerte controversia política se desató tras la emisión del Oficio N°16 del Ministerio de Hacienda, documento que fija las directrices para la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos 2027 y la Programación Financiera 2028-2031, en un escenario que el propio Ejecutivo define como de “estrechez fiscal”.

Desde el gobierno se busca recuperar el equilibrio de las cuentas públicas tras más de una década de déficit y un deterioro sostenido de la posición financiera. El ajuste, de carácter permanente, proyecta un recorte que podría alcanzar los $5,4 billones hacia 2027, impactando a 142 programas estatales.

En el caso del Ministerio de Educación, el documento ha generado especial preocupación por el alcance de las medidas propuestas.

Entre ellas, figura la eventual descontinuación del Programa de Alimentación Escolar de la JUNAEB —con un costo superior a $1 billón— y del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, lo que ha encendido alertas en distintos sectores.

Las críticas no tardaron en surgir. La exministra del Trabajo y excandidata presidencial, Jeannette Jara, cuestionó duramente estas iniciativas, advirtiendo que programas como el de alimentación escolar representan, en muchos casos, la principal fuente de comida para miles de estudiantes.

Por su parte, desde el oficialismo respaldaron las sugerencias del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. En esa línea, el diputado del Partido Nacional Libertario, Álvaro Jofre, sostuvo que las medidas apuntan a eliminar programas mal evaluados y acusó que sus alcances han sido “sacados de contexto” por sectores de la izquierda.

Los otros recortes que buscaría el gobierno de Kast

El Ministerio de Desarrollo Social es una de las carteras que recibió el oficio de Hacienda. El documento propone ajustes presupuestarios en programas altamente valorados por la ciudadanía, como el de Familias de Acogida de Colaborador Acreditado (FAE CA), cuyo gasto en 2025 superó los $52 mil millones.

A ello se suma la recomendación de reducir recursos en el programa de Residencias de Protección para Mayores (RPM), que durante 2025 ejecutó más de $44 mil millones, lo que ha generado inquietud por su impacto en grupos vulnerables.

Las sugerencias de recorte también alcanzan al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde se plantea la descontinuación total del Programa de Derechos Humanos y una reducción del 15% en la asistencia judicial.

El Ministerio de Seguridad, otra de las áreas prioritarias del Gobierno, también recibió recomendaciones de ajuste fiscal. Entre ellas, destaca la eventual descontinuación del Programa contra el Crimen Organizado (PNCO), dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Pública, que en 2025 implicó un gasto superior a $67 mil millones.

Asimismo, se contemplan modificaciones al Plan Calles Sin Violencia, una de las principales estrategias en seguridad impulsadas durante la administración del expresidente Gabriel Boric.

Frente a este escenario, la exministra del Interior, Carolina Tohá, expresó su rechazo a las medidas, advirtiendo que implican retrocesos en programas que han sido fruto de años de desarrollo en políticas públicas.

Desde el oficialismo, la mirada es distinta. La diputada del Partido Republicano, Chiara Barchiesi, sostuvo que estas medidas responden al objetivo de consolidación fiscal y que, de concretarse, se basan en evaluaciones negativas realizadas por la Dirección de Presupuestos.

En la oposición, en tanto, el diputado del Partido Socialista, Nelson Venegas, aseguró que, en su rol fiscalizador, estarán atentos a los oficios que continúe enviando el ministro Jorge Quiroz a las distintas carteras, enfatizando la necesidad de resguardar la continuidad de políticas sociales orientadas al desarrollo de la ciudadanía.

Se trata de un escenario complejo para el Ejecutivo, que busca avanzar en los compromisos asumidos durante la campaña —entre ellos, la reducción de 6.000 millones en gasto fiscal y un ajuste del 3% por ministerio este año—, en un contexto que tensiona la continuidad de programas sociales.

La situación reabre el debate con la oposición, que ya había advertido que un recorte de esa magnitud inevitablemente impactaría políticas sociales, en contraste con lo planteado previamente por el gobierno.