José Luis Herrera Pozo no solo lideraba una organización criminal, sino que ejercía un control espiritual dentro de un grupo compuesto por al menos una docena de narcotraficantes. Se encomendaba a la Santa Muerte cada vez que coordinaba el ingreso de remesas de ketamina al norte de Chile. Actuaba como una especie de “sacerdote” oscuro en Arica.
Según documentos contenidos en el expediente judicial —al que accedió Bío Bío Investiga—, desde al menos mayo de 2024 hasta noviembre de ese mismo año, el ecuatoriano estableció un sistema de importación de droga mediante la utilización de mujeres como correos humanos —quienes a su vez utilizaban a menores de edad— y vehículos acondicionados. Eso les permitió comercializar su producto en las calles de Santiago y obtener ganancias que se cuentan en cientos de millones de pesos.
Reclutaba mujeres en Ecuador para que actuaran como correos humanos en los pasos fronterizos que separan Arica y Tacna. Al llegar a territorio criollo, se dirigían hasta la región Metropolitana para venderla. La mayoría de los miembros fueron condenados por la justicia chilena, excepto el hijo del líder, que se encuentra prófugo en República Dominicana.
SANTA MUERTE
“Dom” —como se le llamaba al narco-sacerdote— era una persona peculiar. Así lo demuestran sus documentos de identidad. Sí, en plural. En Perú no era José Luis Herrera Pozo, sino “Dominic Moreno”. Y “Obispo Antonio Moreno de la Rosa” en República Dominicana. En ambos países contaba con identificaciones ficticias.
La organización se sustentaba en una creencia común: la devoción por la “Santa Muerte”. Dom era un acérrimo devoto de esta narco-santa, comúnmente representada por una figura esquelética femenina, y que según sus creyentes otorga protección a criminales y civiles.
La indagatoria comprobó que el “obispo” ejercía un control espiritual sobre los miembros. Dichas prácticas —según las diligencias desplegadas por la Fiscalía Regional de Arica— “reforzaban la cohesión del grupo y la voluntad de permanecer en él para desarrollar actividades delictivas”.
RITUALES ANTES DE LOS VIAJES
El líder —según exponen los archivos judiciales—, a través de rezos y bendiciones, invocaba el poder de la Santa Muerte directamente sobre los cargamentos de ketamina. Videos encontrados en teléfonos de miembros de la banda dan cuenta de rituales para “consagrar el trabajo” y brindar protección a las personas encargadas de trasladar la droga hacia Chile.
“Que mi Dios y mi Santa Muerte te acompañe”, rezan mensajes intercambiados por la banda previo a las operaciones. Los mismos whatsapps dan cuenta de cómo requerían los servicios de un chamán peruano para que practicara rituales propios de su fe.
La creencia de Dom en la santería llegó a tal punto que incluso tomó decisiones operativas en base a lo que la deidad “le sugería”. Esto se sabe por testimonios de mujeres que participaban de la organización.
A. es una de las burreras.
En el juicio aseguró que el sacerdote le impidió viajar cargada con droga “porque la Santa Muerte le mostró que algo estaba fallando y que iba a pasar algo grave”. A. debió tomar sus cosas y reorganizar su salida.
ADORACIÓN PLENA A LA NARCO-SANTA
Según un estudio de la Fiscalía Regional de Arica que perfiló a las condenadas, A. presentaba una “adoración plena” a la Santa Muerte. Está caracterizada como una mujer con un rol religioso de “curandera” o “protectora”. Para ella, la figura de esa deidad actuaba como una especie de “resguardo” para no ser detenida.
Amparo Rodríguez, pareja de Dom, también era una adepta total de la Santa Muerte. Está perfilada como una “sacerdotisa” o “mediadora ritual”. Actuaba como una “prolongación simbólica” del líder de la banda.
Carmen Peñafiel, en tanto, aparece como una “creyente pasiva”. Su participación era de acompañamiento emocional y actuaba siguiendo las prácticas impuestas por la banda. “Asocia esta fe a la protección frente a la detención y al miedo a la traición interna”.
Bajo ese mismo contexto, D., una de las burreras, se menciona como una “creyente activa” de la fe en la narco-deidad le permitía “justificar el riesgo, calmar su ansiedad y sentirse parte de un grupo protegido”.
Una muestra clara de la conexión de la organización con esta santería se constató en el allanamiento realizado a un inmueble en Arica en noviembre de 2024. En la instancia —donde se detuvo al líder y significó la desarticulación de la banda—, la policía encontró un altar en el segundo piso.
Además, el organismo persecutor ariqueño detectó múltiples videos en los que aparecen altares con billetes alrededor de la imagen de la Santa Muerte, en señal de agradecimiento por las ganancias obtenidas. También se constató que algunos miembros tenían tatuajes de la deidad en su cuerpo.
CORREOS HUMANOS
Dom reclutaba mujeres provenientes de Ecuador, su país de origen. Generalmente buscaba personas con problemas económicos. Les ofrecía un pago por viajar desde Perú a Chile con ketamina oculta en su cuerpo. En palabras simples, para trabajar como burreras. A un par de ellas las cooptó para hacerlas sus “parejas de turno”.
Tacna era la primera estación. Allí cumplían un rol clave dos personas de confianza de Herrera Pozo en Perú: Hilario Sixto Quispe y Betty Norma Paniagua. Ellos —de nacionalidad peruana ambos— eran los encargados de recibir a las mujeres en dicho país.
En la ciudad fronteriza, además de entregar hospedaje, les enseñaban algo fundamental: formas de esconder ketamina en sus cuerpos sin ser descubiertas. Una especie de capacitación. Luego de aprender la metodología, se disponían a ingresar a Chile.
La organización tenía una estructura clara, con jerarquías y funciones definidas. Para cada viaje existían “coordinadoras” que mantenían a Dom informado sobre todo lo que ocurría. En dichas instancias, las mujeres trasladaban la droga en fajas o plantillas de zapatos.
Incluso, en una ocasión se involucró a hijos —menores de edad— de una de las condenadas para el transporte de ketamina, quienes llevaban la sustancia debajo de sus plantillas. La organización también ocultaba la droga en vehículos acondicionados.
Una vez en Chile, transportaban la droga hacia casas y departamentos que la organización tenía en Arica. En esta ciudad, las coordinadoras también captaron mujeres para que se sumaran al viaje principal hacia la región Metropolitana. Entre las coordinadoras se identificó a Alicia Esther Peñafiel Sánchez y Anabel Peñafiel Cedeño.
Dentro de las viajeras se identificó a Angélica Vega Serrano, Daisy Mendoza Castro, María Bravo Vásquez, Fiama Montaño Charco, Yessenia Peralta Payano, Lorena Solórzano Lozoya, Katherine Castro Delgado, Ginger Santana Cedillo, Amparo Ramírez Benítez y Daniel Cuero Lara.
En promedio, por realizar esta labor, las mujeres obtenían ganancias que rondaban entre los $1.000 y $2.000 dólares por remesa. Es decir, hasta casi 2 millones de pesos chilenos.
LA ÚNICA CHILENA
Las mujeres viajaban en grupos de dos a seis personas en dirección a Santiago. Al llegar a la capital, eran recibidas por dos personas: José Miguel Moreno de la Cruz, el hijo de Dom, y Javiera Belén Gallardo Molina, su pareja. La única chilena de la red. Según establece la indagatoria, el dúo se encargaba de recibir la ketamina que burreras transportaban en sus cuerpos y de realizar los pagos por estos servicios.
Gallardo, en particular, cumplía un rol crucial. Al ser la única con línea de crédito, financiaba los pasajes de las mujeres —que viajaban en bus o en avión— y coordinaba la distribución de la droga en la capital.
Por su parte, Moreno de la Cruz se encargaba de distribuir la ketamina a otros traficantes de la Región Metropolitana para su posterior comercialización.
La venta de ketamina le permitió a Javiera Gallardo adquirir un Toyota Yaris Cross por un precio superior a los $18 millones de pesos. Según lo expuesto en el expediente, Gallardo Molina no tenía registros que pudieran justificar este tipo de compras.
“AFILEN LOS CUCHILLOS QUE VIENEN LAS SAPAS”
Pese a que las mujeres recibían una retribución económica por los “trabajos realizados”, desde la organización también se estableció un control sobre ellas a través del miedo. Este se tradujo en amenazas contra las integrantes del clan mientras se encontraban en prisión preventiva, en el Complejo Penitenciario de Acha, ubicado en Arica.
De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía Regional de Arica, la pareja de Herrera Pozo, Amparo Beatriz Ramírez Benítez —quien también se encontraba en prisión—, en más de una oportunidad realizó distintas amenazas a las “burreras” con el objetivo de que —ante la autoridad— no revelaran en detalle las actividades realizadas por la organización.
L., una de las integrantes, señaló ante el Ministerio Público que, un día antes de declarar en la PDI, Ramírez le profirió gritos intimidantes desde su celda.
“Me decía que me iba a apuñalar y me iba a coger en grupo. También me dijo que no me preocupara, porque sabía dónde vive mi familia”, relató la mujer.
Otra mujer, M., también sostuvo haber recibido amenazas por parte de la pareja de Dom.
“En mi estadía en la cárcel, he recibido amenazas por parte de la organización, siendo una de ellas Amparo Ramírez Benítez, quien me dice que, si yo hablo, le harán daño a mis hijos o a mi familia en Ecuador”.
Asimismo, en otra oportunidad, el abogado personal de Dom visitó el Centro Penitenciario para hablar con D. En aquella instancia, le manifestó a la mujer que Herrera Pozo se comunicaba directamente con sus familiares.
Al día siguiente, la mujer se comunicó con su familia en Ecuador y se enteró de que el líder de la banda les había enviado audios diciendo que, si una de ellas hablaba, él mataría a todos los integrantes de su círculo cercano.
Según da cuenta el expediente, luego de esta visita, Amparo Ramírez le manifestó: “cuando seamos condenadas te voy a meter el cuchillo por sapa en el pabellón”. Además, entre los módulos gritaba: “afilen los cuchillos que vienen las sapas”, complementó M. en su declaración.
Misma patrón se habría repetido con A., quien también acusó amenazas por parte de la pareja de Dom. “Nos decía que cuando estemos todas sentenciadas nos iba a estar esperando para meternos puñaladas”, expresó A.
“Son sapas y por eso van a haber represalias”, agregó.
UN PRÓFUGO EN REPÚBLICA DOMINICANA
El Tribunal Oral en lo Penal de Arica condenó a dieciocho personas en total por los delitos de asociación ilícita destinada al tráfico de drogas, en el marco de una organización destinada al ingreso de ketamina hacia Chile. Asimismo, parte de los acusados también fueron condenados por amenazas.
Según lo establecido por el Ministerio Público, la organización movilizó decenas de kilos de droga y generó ingresos y gastos que superan ampliamente los 100 millones de pesos. Operó de manera estable, jerarquizada y con roles definidos bajo el liderazgo del ciudadano de nacionalidad ecuatoriana José Luis Herrera Pozo.
En concreto, el líder de la organización fue condenado a 20 años de presidio. Por su parte, otras once acusadas recibieron sentencias de 6 años de presidio cada una. Otras dos mujeres fueron condenadas a penas de ocho años. El resto de las sentencias oscila entre los cinco años y un día y los tres años y un día.
Asimismo, el hijo de José Luis Herrera Pozo, José Miguel Moreno de la Cruz, se encuentra prófugo en República Dominicana, por lo que mantiene una orden de detención vigente.
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