¿Fin de la alimentación en colegios públicos? Cuando la mentira tiene patas cortas y las manos largas

Categórica, vehemente y desesperada fue la ofensiva de la oposición de izquierda al instalar que el presidente José Antonio Kast pretendía dejar sin alimentación a los niños que dependen del Programa de Alimentación Escolar. La acusación no solo fue burda: fue moralmente irresponsable, porque se usó el plato de un niño como pancarta.

El origen de la polémica fue un oficio presupuestario. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, precisó que tales documentos corresponden a una revisión de ejecución y eficiencia del gasto público. Pero para ciertos sectores, la verdad no importa, sino solo la consigna.

En un Estado subsidiario, el subsidio no se elimina donde hay necesidad. Se defiende para que llegue a quien lo necesita, no para que se pierda entre contrato y contrato con proveedores favorecidos por distorsiones muy lucrativas, controles tardíos y funcionarios que actúan como si el dinero público no tuviera dueño.

Y aquí la mentira tiene patas cortas. Porque el presidente José Antonio Kast no solo negó la intención de cortar la alimentación escolar, sino que además puso los puntos sobre las íes: Junaeb arrastra un desorden, por decirlo suave, que justificó incluso el uso de una “bala de plata” porque, como señaló Kast, “el desastre era total”, recordando que la institución no fue siquiera capaz de entregar útiles escolares a tiempo.

También acusó duramente al gobierno anterior por pagos de colaciones millonarias. Afirmando que algunos “se quedaron con la plata”, lo que da razones de sobra para exigir una limpieza profunda.

En efecto, partamos por el caso que reveló Radio Bío Bío en enero de 2025 en que Junaeb pagó $3.554 millones por un servicio asociado a 796.043 raciones estimadas, aunque de los antecedentes revisados constaba que solo se entregaron 284 raciones. En términos prácticos, el costo fue $12 millones por cada ración efectivamente entregada, lo que al menos a mí me parece caro o, mejor dicho, descaro.

Dicho informe también señaló que, la misma empresa para el 2023 aumentó sus raciones fijas en un 118,2%, lo que habría implicado un sobreprecio adicional superior a $4.423 millones. Además, Contraloría cuestionó el cambio de la proporción fija y variable del pago —pasando el componente fijo de 40% a 60%—, modificación que significó $4.640 millones adicionales a distintos proveedores y que, según el informe, debió pasar por control previo de juridicidad, lo que no ocurrió.

¿Dónde estuvo la fiscalización de ciertos parlamentarios que se preocupan del almuerzo de Kast con sus amigos, cuando las manos largas de unos pocos estaban sobre la plata destinada a nuestros niños? Alimentar a un niño no exige alimentar una red de malas prácticas.

Porque el desastre no terminó ahí. Si también en el 2025 la Contraloría detectó que Junaeb entregó, como dijo Kast, apenas un tercio de los kits de útiles escolares del programa 2024, con cinco meses de retraso. La razón parece una caricatura burocrática: una primera licitación fue declarada desierta porque el único oferente que cumplía presentó lápices rectangulares y no hexagonales.

Además, finalmente, se contrató una empresa distribuidora que no tenía flota propia ni giro comercial adecuado para esa actividad, pero eso no era relevante, total quien paga es el pueblo y no ellos.

A eso se suma otra señal de deterioro institucional: la Tarjeta Nacional Estudiantil. Contraloría detectó la entrega de 9.489 pases escolares a personas que no acreditaron calidad de estudiante, con un gasto superior a $31 millones; también advirtió 78.558 pases no distribuidos a las unidades educativas. Lo que confirma el problema de fondo: un servicio encargado de administrar beneficios esenciales no puede operar como lo hizo.

Por eso, y por cuántas cosas más descubrirá la auditoría de Kast, vemos el gran problema de la izquierda, su falta de honestidad. Usar lo más sagrado, a los niños para sus pancartas, resulta útil para titulares, pero pobre para la verdad.

La oposición quiso instalar que se quitaría comida a los niños, lo que fue un ataque cruel, no contra el Gobierno, sino contra los niños, y si me apuran, más contra sus madres. La verdadera polémica debiera estar sobre cómo se toleró contratos millonarios a costa de los beneficios sociales y sin ningún imputado.

Así, la mentira que se quiso instalar por quienes hoy son oposición tiene patas cortas, pero manos largas cuando estuvieron en el gobierno, que solo ratifica una vez más que solo les interesa el pueblo cuando les es lucrativo.

Defender a los niños implica fiscalizar Junaeb y exigir sanciones. Es recuperar recursos mal utilizados en su nombre. Defender a los niños es que cada peso destinado a alimentación llegue al plato y no al bolsillo de un burócrata.