MANUEL ARAVENA/AGENCIAUNO
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Es un hecho indiscutible que durante más de dos décadas la macrozona sur es testigo de una serie de hechos de atentados terroristas, enmarcados en la denominada “violencia rural”; “conflicto mapuche”; “tensión étnica” y otras denominaciones similares. Sin embargo, todos estos términos esconden un denominador común, actos violentos que infunden temor en la comunidad que vive, trabaja y se desplaza en la zona centro sur y esa es justamente la definición de la palabra terrorismo.
Estos delitos están evolucionando en términos de entidad, gravedad, frecuencia y daño, pasando de la usurpación de predios, daños, amenazas, extorsiones, abigeato, hurto y robo de madera, incendio, lesiones y homicidios. Entre las víctimas se encuentran personas de diversos segmentos de la sociedad, incluyendo a numerosos miembros de la etnia mapuche, así como organizaciones afectadas por incendios en sus sedes sociales, escuelas rurales y comunidades religiosas, con cerca de 30 iglesias quemadas hasta la fecha.
Es de responsabilidad del estado de Chile realizar todos los esfuerzos necesarios, para superar esta conflictividad, administrar justicia, restablecer el orden público, promover la armonía social y al mismo tiempo encontrar soluciones reales a los reclamos de los pueblos originarios. Dado que es el Estado el que deberá compensar o resarcir los perjuicios ocasionados a las víctimas de los hechos de violencia en los casos y términos correspondientes según la ley, es necesario revisar los regímenes de responsabilidad del estado.
En este escenario se contemplan dos vías para reclamar y buscar una reparación adecuada. La primera se refiere a la responsabilidad por falta de servicio, y la segunda vía es la responsabilidad extracontractual establecido en nuestro código civil. Cualquiera de las dos vías exige una carga probatoria muy difícil de superar para los demandantes, en este caso las víctimas.
Por tanto, es necesario establecer procedimientos administrativos y o legales que sean más efectivos en su objetivo de proporcionar respuestas completas y oportunas a aquellos que buscan una compensación justa por los perjuicios materiales y emocionales sufridos ante estos hechos.
Por este motivo es que hemos presentado un proyecto de acuerdo, con la firma de 27 colegas senadores, que pretende asegurar que las víctimas tengan acceso a procedimientos adecuados prudentes y equilibrados, que les permitan al menos buscar un mínimo grado de justicia y seguridad jurídica. De esta forma solicitamos al ejecutivo presentar dicha iniciativa legal, que permita reparar el daño moral y físico además del lucro cesante, daño emergente y daño moral que hayan podido tener las víctimas.
Esperamos que el presidente patrocine dicha iniciativa que hace justicia con aquellas familias que han perdido su fuente laboral, han perdido sus enseres, su casa, y lo que es más importante el derecho a vivir en paz.
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