El reto de todo proceso constitucional es lograr acuerdos razonables para el buen vivir de los integrantes de la sociedad, asegurando mínimos aceptables con los que las personas puedan satisfacer sus necesidades de acuerdo al desarrollo actual y futuro del país, sin que ello genere desventajas para sus integrantes y todos puedan desarrollarse bajo las mismas condiciones.
En otras palabras, una sociedad democrática debería permitir construir un futuro con una sociedad justa, pacífica e inclusiva.
Lograr dichos acuerdos cuando existen diferentes perspectivas y miradas sobre la realidad, los problemas y sus soluciones, requiere aceptar entre los actores que intervienen en los espacios de deliberación pública ciertos principios, valores y normas que guíen las interacciones que se generan. y
Y que todos quienes intervienen en el proceso lo hagan promoviendo acciones que van en beneficios de la sociedad, toda y no de unos pocos.
Los continuos escándalos de corrupción que informan los medios de comunicación son evidencia de la ausencia de fronteras entre el mundo de lo público y de lo privado, de la ausencia de valores sociales comunes y de las debilidades institucionales en diferentes ámbitos. Esto hace que conceptos como conflictos de intereses, tráfico de influencias, presiones indebidas o negociaciones incompatibles sean cada vez más habituales en nuestro lenguaje cotidiano. Pero, por sobre todo, han generado una deslegitimación de la acción pública, una crisis de credibilidad de quienes están en la política y de nuestras principales instituciones clave en un régimen democrático.
Es por ello que el debate para la propuesta de un nuevo texto constitucional debe lograr balancear una amplia legitimidad -para ser aprobada en un plebiscito- y otorgar garantías de confianza que las propuestas y acuerdos que vayan a resultar del proceso son el resultado de haber puesto en el centro de la decisión el interés público para construir un porvenir mejor.
Hoy contamos con un ecosistema de transparencia y acceso a la información, constituido por la Ley de Transparencia y por otros mecanismos como la regulación del lobby, la publicidad de las declaraciones de intereses y patrimonio, la Ley del Congreso Nacional y sus reglamentos. Estos buscan generar un marco de acción en el proceso de discusión, así como mecanismos de participación ciudadana que permiten generar puentes de entendimiento con la ciudadanía. Esto da la posibilidad de involucrarse, constituyéndose como verdaderas herramientas de promoción de la integridad pública y rendición de cuentas a la ciudadanía y que han fijado un estándar mínimo aceptable con el que se deberían construir los espacios de deliberación pública.
Siendo conscientes que lo anterior puede ser insuficiente, desde Chile Transparente hemos levantado la plataforma C Transparente, espacio que busca facilitar herramientas de vigilancia e información de cómo proteger el interés público en el proceso constitucional, haciendo seguimiento de las audiencias de lobby, del uso de recursos públicos y del cumplimiento de las obligaciones de probidad y transparencia de todos aquellos que intervienen en el debate y buscando promover normas constitucionales que nos permitan construir en el mañana una sociedad que pone en sus cimientos la integridad pública como un valor compartido.
Nuestra sección de OPINIÓN es un espacio abierto, por lo que el contenido vertido en esta columna es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial de BioBioChile
