Kast no permitió que nuestros barrios mejoren

Nací y crecí en Conchalí. Hoy recorrimos El Cortijo, El Carmen y tantos otros sectores donde se repite una sensación difícil de ignorar: gran parte de la infraestructura pública parece detenida en el tiempo. Siguen ahí las mismas platabandas deterioradas, los postes con luminarias antiguas que iluminan poco y mal, las veredas desgastadas y la calle Julio Montt Salamanca rebalsada cada invierno porque aún no cuenta con una solución adecuada para evacuar las aguas lluvias.

No es nostalgia. Es una constatación. Buena parte de esa infraestructura nunca se renovó. Mientras tanto, a solo veinte minutos de distancia, otras comunas de Santiago se transformaron por completo en las últimas décadas: repavimentaron calles y veredas, modernizaron su alumbrado con luminarias LED, remodelaron plazas y mantuvieron su espacio público con estándares comparables a los de cualquier gran ciudad moderna.

Esa diferencia no es una casualidad ni se explica únicamente por la calidad de las administraciones municipales, donde por cierto hay mucho que mejorar. El desarrollo de una comuna, la calidad de sus calles, plazas, áreas verdes, alumbrado, seguridad y servicios de aseo depende en gran medida de su capacidad para generar ingresos propios permanentes.

Esos ingresos provienen principalmente de tres fuentes: las contribuciones asociadas al avalúo fiscal de las propiedades, las patentes comerciales que pagan las empresas y negocios instalados en la comuna, y los permisos de circulación de los vehículos registrados en ella. Cuando una municipalidad no logra recaudar recursos suficientes por estas vías, depende en mayor medida del Fondo Común Municipal y de las transferencias provenientes del Estado central. Son recursos indispensables, pero que suelen estar sujetos a decisiones externas y que muchas veces alcanzan apenas para mantener el funcionamiento básico de la comuna, no para impulsar transformaciones profundas.

El problema es que estas tres fuentes de financiamiento están estrechamente vinculadas a la realidad económica de quienes habitan cada territorio. Un pequeño almacén de barrio aporta lo mínimo que permite la ley en materia de patente comercial, algo muy distinto a lo que contribuyen un centro comercial o un edificio corporativo de sociedades de inversión. Una comuna con más vehículos de alto valor recauda más por permisos de circulación. Una comuna con propiedades de mayor avalúo recauda más por contribuciones.

Ningún municipio determina por sí solo esas condiciones. En gran medida, son el reflejo de la estructura económica y social que históricamente caracteriza a cada territorio. Y eso tiene un nombre: desigualdad territorial.

Conchalí nunca contó, desde su origen, con la misma base de ingresos propios que comunas como Las Condes. Esa diferencia inicial se tradujo, año tras año, en mayores recursos para unas comunas y menores posibilidades para otras, reproduciendo brechas que terminan reflejándose en la calidad de vida de sus habitantes.

La reciente megarreforma tributaria ofrecía una oportunidad para avanzar, aunque fuera parcialmente, en la corrección de estas desigualdades. Sin embargo, terminó profundizándolas.

El mecanismo impulsado por el presidente Kast y el ministro Quiroz para compensar a las municipalidades por la exención de contribuciones a personas mayores de altos ingresos distribuye cerca de 200 mil millones de pesos anuales en dos partes. De ese monto, 130 mil millones se destinan al Fondo Común Municipal, que redistribuye recursos según criterios de necesidad. Los otros 70 mil millones se transfieren directamente a cada municipio en proporción a lo que antes recaudaba por contribuciones.

En la práctica, esto significa que quienes más recaudaban siguen recibiendo más recursos. Es decir, se preserva la misma lógica que ha alimentado las desigualdades territoriales durante décadas.

Frente a ello, alcaldes de oposición propusieron que la totalidad de esos 200 mil millones se incorporara al Fondo Común Municipal. El objetivo era simple: que esos recursos llegaran prioritariamente a las comunas que más necesitan mejorar sus calles, plazas, luminarias, áreas verdes y condiciones de seguridad. No era una demanda extraordinaria. Era una mínima corrección en favor de la equidad territorial.

Sin embargo, el oficialismo decidió mantener la fórmula impulsada por Quiroz. Con ello, optó por consolidar un sistema que continúa beneficiando proporcionalmente a las comunas con mayores recursos y limita las posibilidades de desarrollo de aquellas que parten desde una posición más desfavorable.

Por eso, cuando volvemos a recorrer Juanita Aguirre, Monterrey o cualquiera de nuestros barrios, seguimos viendo muchas de las mismas carencias de hace décadas. Pero hoy esas carencias se sienten con más fuerza: la inseguridad aumenta, el empleo no despega y la capacidad de la comuna para generar ingresos propios continúa determinada por factores estructurales que nunca se corrigieron.

Así se manifiesta la desigualdad territorial en la vida cotidiana. No en los libros ni en los manuales, sino en las calles que no se repavimentan, no se demarcan, en las luminarias que no se reemplazan y en los espacios públicos que esperan una renovación que nunca llega. Treinta años después, el resultado es evidente: el presidente Kast no permitió que nuestros barrios mejoren.