El martes 6 de junio una pequeña niña, de dos meses de vida, falleció producto de un cuadro de neumonía grave, en el Servicio de Urgencia Infantil del Hospital Claudio Vicuña de la ciudad de San Antonio.
Desde el recinto sanitario declararon que “se pusieron todos los esfuerzos para salvar la vida de la niña, pero que la red de salud se encontraba saturada, existiendo una sola cama disponible en el Hospital Regional de Arica”. Consultada la ministra de Salud, Dra. Ximena Aguilera, declaró que “el caso de esta niña era muy grave y aunque hubiese habido una posibilidad de traslado, era difícil que sobreviviera”.
El 8 de junio el subsecretario de redes asistenciales, Dr. Fernando Araos sostuvo “que las clínicas respondieron que no había cama disponible”. Posteriormente, Rodrigo Mardones, director de la Clínica Las Condes, señaló que “su institución tenía 3 camas disponibles y que nadie del ministerio los había contactado” por el caso de Mía.
Con fecha 11 de junio, la ministra Aguilera, reconoció que “no se llamó a la Clínica las Condes, pero que existe un fallo de la Contraloría que impide comprar servicios a este establecimiento de salud”. Estas palabras de la ministra evidenciaron que el Subsecretario Araos faltó a la verdad en sus declaraciones del 8 de junio.
Esta sucesión de eventos desafortunados continuó dando señales de los serios problemas de gestión en Salud, ya que a las pocas horas de conocerse esta entrevista de la ministra, desde el ente contralor se señaló “que no se ha evacuado ningún dictamen, pronunciamiento jurídico o resolución que impida la gestión de prestaciones médicas en servicios de salud públicos o privados”.
Frente a la rectificación de Contraloría, el Ministerio de Salud, a través de su cuenta de Twitter, expresó que las afirmaciones de la ministra constituyeron “una confusión involuntaria”, puesto que lo que existe es una “inhabilidad de la Clínica Las Condes para suscribir contratos con el Estado por un período de dos años como consecuencia de una declaración de la justicia laboral por haber constatado vulneración de derechos de los trabajadores”.
Sin embargo, a pesar de este fallo judicial, hace unos pocos días el subsecretario Araos en una entrevista televisiva indicaba que se “estaban derivando pacientes a la Clínica Las Condes y que se podía excepcionar el fallo judicial por Ley de Urgencias y Alerta Sanitaria”.
En consecuencia, al parecer frente al caso de la pequeña Mía, sí existían camas en la red privada, en Santiago y no en Arica, donde se pretendía trasladar a la niña y no se hicieron las gestiones correspondientes para que pudiera acceder a una ellas.
Este lamentable hecho nos permite concluir que existe una inexplicable falta de coordinación entre las máximas autoridades del Ministerio de Salud y que se faltó a la verdad respecto de las diligencias que se hicieron en el caso de Mía o a lo menos una negligencia inexcusable. Lo anterior, nos permite legítimamente preguntarnos cuántos casos similares están ocurriendo y si las autoridades de Salud están capacitadas para dirigir y ejecutar tareas de manera eficiente en un área tan sensible para la población, en especial para niños y niñas provenientes de familias con menos recursos, en el marco de esta crisis sanitaria derivada de los virus respiratorios y que fuese adelantada por especialistas desde hace varias semanas.
En medio de todo este panorama, es imposible no sentir un profundo “escozor” por la carencia de coordinación y competencia de los profesionales que se supone deben hacer todo lo posible para servir a las personas. Y en Salud, a la luz de lo que hemos presenciado los últimos días, resulta a lo menos dudoso, que estén los más capacitados “habitando” estos cargos.
