De acuerdo con la cifra entregada por Carabineros de Chile, en promedio se realiza más de un “narcofuneral” por día. En específico, se han registrado 153 funerales de riesgo social en lo que va del año. De estos, en un 82% no hubo incidentes y en un 18% hubo lanzamiento de fuegos artificiales. Por otra parte, el trabajo policial durante mayo ha permitido detener a 40 personas por hora y a 959 por día por delitos de mayor connotación social, como homicidios, tráfico de armas y robos con violencia.
El problema de fondo que tienen estos funerales de alto riesgo es que durante estas ceremonias fúnebres a modo de despedida al fallecido, por lo general integrante de alguna organización criminal, se suele hacer uso indiscriminado de armas de fuego, disparando reiteradamente y, con ello, causar conmoción en los demás, a fin de infundir temor en la población en general. Estos actos los hacen también para demostrar el poder de su armamento y marcar territorio frente a otras bandas rivales, lo que ha dado paso también a otras tendencias delictivas, tales como las animitas y mausoleos de lujo que se han instalado en diferentes poblaciones y plazas para conmemorar a criminales.
Como consecuencia de estos hechos, muchas actividades cotidianas han debido suspenderse como las clases en colegios, jardines, universidades, la atención en consultorios, entre otros servicios, para evitar que niños, niñas, adolescentes y cualquier persona se convierta en una eventual víctima de las llamadas “balas locas”.
Valoramos los anuncios en la última Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, en relación al combate del crimen organizado y las medidas para perseguir la “narco cultura”. El gobierno entiende que hoy desbaratar a estas bandas es una prioridad, por eso se entregarán recursos a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional para demoler los llamados “memoriales narcos” que se han tomado el espacio público, pero además pronto el Ejecutivo va a ingresar un proyecto para limitar los funerales de alto riesgo, que son usados por estas organizaciones para demostrar su poder de fuego e intimidar a la ciudadanía.
Espero que dentro de este proyecto, que tendremos que discutir en el Parlamento, se incluya mi propuesta de modificar la ley N°17.798 y que busca disuadir estos funerales de alto riesgo, teniendo por objetivo aumentar las penas del delito de disparo injustificado, descrito en la Ley de Control de Armas. Incorporando como agravante el uso de armas de fuego o detonantes explosivos en “establecimientos educacionales públicos o privados, centros de salud, ferias libres, mercados, centros comerciales, eventos deportivos o espectáculos”, siendo consistentes con la normativa sobre el uso de armas en lugares altamente concurridos por personas.
Confío en que sacaremos adelante un buen proyecto para que por una vez por todas comencemos a frenar estos eventos criminales y el temor que provocan en la población con los disparos y demostraciones de poder de fuego de estas agrupaciones delictuales, las cuales no queremos que sigan permeando a los diferentes estamentos de la sociedad como son la educación, el sistema de salud, los municipios, el aparato gubernamental, el Congreso y la política en general.
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