La joven argentina Shadya Altamirano estaba a cuatro días de cumplir 30 años cuando, presionada por la decisión de su exnovio de difundir sus videos íntimos, se quitó la vida. Su muerte, ocurrida el pasado 11 de abril en Pinto (Santiago del Estero), puso otra vez en discusión un problema que crece en silencio: la violencia digital y la exposición sin consentimiento, que no está tipificada en el Código Penal del vecino país.
El punto de quiebre fue, según reconstruyen su familia y la investigación judicial, la difusión de fotos y videos íntimos por parte de su expareja. El hombre de 43 años habría compartido ese material en un grupo de WhatsApp con conocidos. Desde entonces, la situación se puso inmanejable. “Todo el pueblo sabe de mis cosas íntimas”, llegó a decir Shadya en los días previos.
La respuesta del Ministerio Público: “Ella se negó al botón antipánico”
En pueblos y comunidades pequeñas, donde los vínculos se cruzan y la circulación de información es más inmediata, la viralización adquiere otro peso. Lejos de la exposición en redes sociales, es una forma de estigmatización cotidiana, persistente y difícil de cortar.
Shadya había denunciado el hecho el 1° de marzo en la Comisaría Comunitaria N° 15. Según informó el Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero, se le ofrecieron herramientas de protección, entre ellas un botón antipánico en su celular. La joven rechazó esa medida y firmó el acta correspondiente. El dato aparece en el expediente.
De la “pornovenganza” a la violencia digital
Como una zona gris en el sistema argentino, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, lo que suele denominarse coloquialmente “pornovenganza”, no está tipificada como delito en el Código Penal cuando se trata de personas adultas (sí cuando son menores de edad).
Existen, en cambio, figuras conexas, como amenazas o daño psicológico, pero no una penalización específica sobre la acción central: la viralización del material.
Inspirada por México, en 2023 se sancionó en Argentina la Ley N° 27.736, conocida como “Ley Olimpia”, que incorporó la violencia digital como una modalidad de violencia de género. Definió estas conductas como acciones que, mediante tecnologías, buscan causar daño físico, psicológico, económico o moral. Sin embargo, la norma no modificó el Código Penal. Así, en términos prácticos, implica que los acusados no son juzgados por la difusión en sí, sino por delitos asociados.
Volviendo al caso, la familia de Shadya sostiene que el Estado no dio una respuesta efectiva frente a la situación.
Su madre, María Verónica Rodríguez, fue directa al ser contactada por el diario Clarín: “Que se sepa que el Estado no hizo nada, guardaron y callaron todo porque es un hijo del poder”. También aseguró que el acusado tenía vínculos familiares con una funcionaria judicial, algo que, de acuerdo al mismo relato, él mismo utilizaba como forma de presión: “A mí nadie me va a hacer nada”.
En un polémico comunicado emitido después del suicidio de Shadya, el Ministerio Público Fiscal informó que tras la anterior denuncia, se activaron los protocolos disponibles y que, luego de la muerte, se inició una investigación con autopsia, secuestro del celular y otras medidas. En paralelo, consta que la madre de la joven se había presentado horas antes del desenlace para dejar asentado un cuadro previo: episodios de autolesión, tratamiento psiquiátrico inconcluso y dificultades para sostener la asistencia.
Entre lo que el Estado dice haber hecho y lo que la familia percibe que no alcanzó, se ubica el caso por estos días.
Relación enfermiza
Shadya, la única mujer entre los cinco hermanos Altamirano, era bailarina, profesora de danzas folclóricas y zumba. Se había recibido de abogada en 2024, aunque al momento de su muerte estaba desempleada. Su nombre, de origen árabe, significa “cantante”.
En los relatos de su entorno aparece como alguien vital, con proyectos, pero atravesada por una relación que su familia describe como “enfermiza”, con episodios de maltrato psicológico, verbal, físico y sexual.
Ese vínculo, según la denuncia, incluyó también el consumo de estupefacientes inducido por la expareja y un ciclo de idas y vueltas que se extendió durante años. La difusión de los videos íntimos fue, en ese contexto, el último episodio de una cadena más larga.
Vacío legal en Argentina
En Argentina existen antecedentes que muestran el mismo vacío legal y sus consecuencias. El de Paula Sánchez Frega es uno de los más conocidos. Su expareja difundió material íntimo tras la ruptura. La justicia intervino, pero no por la difusión en sí, sino por amenazas coactivas y daño psicológico. El hombre fue condenado en 2021 a cinco años de prisión, pero el contenido siguió circulando.
También hay una discusión sobre el uso de los términos, ya que decir “pornovenganza” instala la idea de represalia, como si hubiera una acción previa de la víctima que justificara la respuesta. Otras nociones, como “extorsión” o “pornografía”, tampoco terminan de encajar. Cada palabra corre el foco del problema central, que apunta a la violación del consentimiento y el uso de la intimidad como herramienta de daño.
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