La discusión abierta recientemente en el marco del nuevo proceso constituyente es parte del ejercicio democrático que debemos profesar desde el mundo político y ciudadano. Sin embargo, veo con amargura que se cumplen las advertencias expuestas junto a otros parlamentarios, abriendo un escenario que, de concretarse, debilitará gravemente la representatividad en nuestro sistema político.

Con eso en mente, quiero referirme a la polémica surgida tras evacuación del capítulo IV del anteproyecto constitucional por parte del “Comité Experto”, que contiene las normas aprobadas sobre el “Congreso Nacional”, referentes al estatuto parlamentario. En particular al paquete de medidas denominadas “medidas antidiscolaje” las cuales, sostengo, condicionan gravemente la toma de decisiones de todos los miembros democráticamente elegidos del Congreso, además de un mecanismo de control sobre el ejercicio de las atribuciones parlamentarias por parte de los partidos políticos.

Tales normas, además de ser profundamente antidemocráticas, constituyen la consolidación de un vínculo de vasallaje entre un parlamentario y su partido político. Los partidos tradicionales, al ver cómo su influencia se evapora rápidamente, reaccionaron con un programa normativo que denominaron de “disciplina partidaria”, el cual busca asegurar constitucionalmente su propia sobrevivencia y control sobre el sistema político y el trabajo parlamentario. Desplaza en este proceso el vínculo y la responsabilidad que tiene todo diputado y senador para con la ciudadanía que lo eligió para ser representada, al poner los intereses del Partido por sobre las necesidades y expectativas de los chilenos y chilenas. En particular, sostengo lo siguiente:

Primero, el hecho de que un parlamentario deba cesar en sus funciones por haber renunciado al partido político que declaró su candidatura es un acto de coacción. No permitir que el parlamentario, por razones éticas válidas, pueda dejar de ser miembro de un partido político cuando estime prudente, pone al mismo tiempo en segundo plano las demandas ciudadanas y la responsabilidad parlamentaria, en favor del cálculo partidista jerárquico.

Segundo, el que al otorgar a los partidos políticos la posibilidad de expulsar a un parlamentario, dejándolo de este modo impedido de jurar para desempeñar sus funciones, se aumenta el poder de coacción del partido sobre el candidato, y por lo tanto fortalece la relación de vasallaje.

Con estos condicionamientos se pretende poner a los partidos por sobre las personas, y se intenta someter la libertad de pensamiento y el albedrío de los parlamentarios, así como también se pretende erradicar el sano disentimiento en las discusiones que preocupan a todos las chilenas y chilenos. De aprobarse estas normas, estaríamos siendo gobernados, en la práctica, por los presidentes de los partidos.

Creo firmemente, que el camino para llegar a acuerdos no es la coacción ni las amenazas. Muy por el contrario, el camino es el diálogo y la construcción de objetivos comunes en beneficio de país, incluso dentro de los mismos partidos, cuyos actuales disensos internos son fruto de las complejidades de una sociedad cambiante. Creemos que para tener éxito en los desafíos que enfrentamos se necesita de la voluntad amplia y altura de miras de todos los actores involucrados, y por sobre todo, dejar de lado la búsqueda de beneficios sectoriales para enfocarse en lo que la ciudadanía y nuestra nación necesitan.

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No ser la izquierda que le gusta a la derecha Viernes 02 Junio, 2023 | 10:00
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