Durante las últimas semanas, los ojos han volcado su mirada al norte, como si fuera el único punto del país donde la crisis migratoria se expresa. Sobre todo por las iniciativa de un corredor humanitario y por la salida del que fue el primer vuelo de repatriación de poco más de cien venezolanos desde Arica. Sin embargo, hay otras personas que se quedan, a los que no debiéramos dar vuelta la cara: los migrantes regulares, cuyos documentos han vencido.
¿Cómo esperamos ordenar a quienes están en una situación irregular, si no hemos sido capaces de hacerlo con quienes sí lo están? No son desconocidos los atrasos que tiene el Servicio Nacional de Migraciones en sus procesos. En ese contexto, muchas personas decidieron acudir a las cortes para presentar recursos y apurar los trámites en Extranjería, invocando la vulnerabilidad en que quedaban.
Si así ya era difícil que los migrantes regulares renovaran sus papeles, a esto se sumó un obstáculo más: los tribunales comenzaron a declarar inadmisibles dichos recursos, aludiendo a que en el artículo 43 de la nueva ley migratoria se establece que un extranjero que posea un documento de identidad vencido y una solicitud en curso puede vivir en Chile.
¿Cuál es el problema, entonces? La vulnerabilidad en que quedan se complejizó y se alargó. ¿Se imagina qué pasaría si usted intentara hacer trámites con su cédula vencida? ¿O si un portal de alguna institución le pidiera verificar su RUT con el número de un documento que “no existe”? ¿O ir a la AFP o a una institución -pública o privada- a cualquier tipo de diligencia? ¿O un control de identidad?
Imagínese en el caso de un extranjero que, probablemente, se presente ante funcionarios y trabajadores que no han sido capacitados respecto de lo que permite la ley. Incluso, quienes quieran salir del país y estén en esa condición y el sistema computacional del Servicio Nacional de Migraciones no les arroje el certificado de ampliación en su tramitación. Podrían verse expuestos a pagar una multa y, posiblemente, luego no poder volver a ingresar al país.
Tampoco tendrían oportunidad de ir presencialmente a solicitarlo, puesto que las oficinas del Servicio se encuentran cerradas hace más de tres años. Y así hay personas que viven entre dos y tres años, incluso más, porque eso es lo que tarda la renovación para ellos, para los migrantes regulares con identidades vencidas.
El sistema no está respondiendo a la altura que deberíamos. La institucionalidad no está combatiendo la crisis migratoria poniéndole obstáculos a quienes se han preocupado de hacerlo bien. Aunque no se resolvería del todo la situación, sería de gran aporte que se hiciera proceso de regularización general para conocer quiénes están, dónde están y qué hacen. Lo que, además, les daría acceso a una vida con menos vulnerabilidad y podría facilitar la contratación, acceso a otras áreas y hasta el pago de impuestos.
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