En los últimos 30 años, Chile ha venido aumentado sistemáticamente la cobertura de derechos sociales. A modo de ejemplo, podemos citar la expansión en la cobertura de educación escolar, el crecimiento de la cobertura de educación preescolar, la gratuidad en la educación superior, el GES, la cobertura de programas de salud pública, el pilar solidario, y luego, la Pensión Garantizada Universal (PGU). Es decir, cada vez hay más derechos sociales cubiertos por el Estado de Chile, con una lógica de cobertura garantizada y universal.
¿Quiénes financian estos crecientes derechos sociales garantizados? Los contribuyentes, personas naturales y jurídicas, que tributan, mediante los diferentes impuestos que tiene el país. Personas naturales y jurídicas que actúan en la formalidad. En otras palabras, los trabajadores o empresas (en el amplio sentido de la palabra) que actúan en la informalidad no contribuyen al financiamiento, y sin embargo, estos trabajadores informales si son receptores de los beneficios de los derechos sociales universales garantizados.
En línea con este análisis es necesario constatar que los países desarrollados que suelen tener estos derechos sociales garantizados, tienen tasas de informalidad mucho más bajas que las chilenas. La ocupación informal pre pandemia en Chile se ubicó en torno a 27% – 28% entre 2017 y 2019 (Mansilla, 2021), mientras que en países como Estados Unidos, Noruega, Dinamarca o Canadá oscila entre 6% y 10%.
La informalidad es una amenaza a la sostenibilidad del financiamiento sistémico de los derechos sociales universales garantizados. En caso de continuar con tasas de informalidad altas, se construirá un círculo vicioso de incentivos, donde se le “carga la mano” a quienes trabajan formalmente (y pagan sus impuestos) a costa de los trabajadores informales. Estos últimos tendrían claros incentivos hacia la informalidad, dado que es muy costoso ser formal y los beneficios se obtienen igualmente desde una situación informal. A fin de cuentas, se crea un círculo vicioso de incentivos contraproducentes.
En ese sentido, es necesario buscar políticas que incentiven la formalidad en el país. Esto implica poner estímulos e incentivos concretos para fomentar la formalidad, perseguir la informalidad, revisar la rigidez del mercado laboral chileno (la cual responde a una lógica más del siglo XX que una del siglo XXI) y también analizar exhaustivamente en todas las políticas públicas propuestas, el impacto en la formalización laboral.
Con respecto a esto último, en el “Informe de Impacto Regulatorio” de la propuesta de Reforma de Pensiones, el gobierno plantea, respecto a los impactos en el mercado laboral, los siguientes postulados: “(mediante esta propuesta de pensiones) estarán más incentivadas a trabajar en la formalidad” (pág. 24) y “La reforma contribuirá a mejorar el empleo formal en el largo plazo” (pág. 4).
Si bien, es efectivo que hay incentivos para la formalidad en los quintiles más bajos, dado que tienen más incentivos a cotizar porque son beneficiarios netos del esquema de solidaridad intergeneracional e intrageneracional de ahorro colectivo, existen, al menos, cuatro puntos que hacen al menos cuestionable las conclusiones del informe:
(1) Emplean un modelo de equilibrio general calibrado, pero no entregan los datos empleados ni de cómo se obtuvo la calibración, con un secretismo que genera dudas. Es necesario revisar los supuestos y sus justificaciones, evitando que se haya incurrido en supuestos ad hoc.
(2) Si bien efectivamente podría incentivar formalidad en rentas bajas, hay un claro incentivo a que estas coticen por lo más bajo posible (subcotización).
(3) Respecto a las rentas altas, señalan que estas serían más “inelásticas” en torno a formalidad laboral (no pueden informalizarse tan fácilmente), lo cual, si bien puede ser cierto, obvia cualquier posible estrategia que podrían generar los cotizantes de rentas altas para subcotizar. Asumir que estas estrategias son inexistentes, parece un poco ingenuo.
(4) El estudio asume que la valoración, apropiabilidad e internalización de los beneficios futuros es igual en el esquema de ahorro colectivo que en el sistema de capitalización individual, lo cual suena a un supuesto heroico.
Lo cierto es que todos los técnicos asistentes a las mesas de trabajo donde el gobierno ha presentado su estudio quedan con más dudas que certezas. En un escenario donde la formalidad laboral es un tema de tanta relevancia, es preocupante que el informe de impacto de una política tan importante como la Reforma de Pensiones, sea tan dudoso y poco convincente. En ese sentido, el llamado no es a eliminar la necesaria reforma de pensiones, sino a sincerar los impactos en el mercado laboral, y realizar políticas complementarias que puedan generar contrapesos en los incentivos para la formalidad. En este sentido, en post de la confianza, el gobierno puede aprovechar de trabajar en conjunto con David Bravo y los centros de estudios que ha convocado, generando un modelo que entregue todas las confianzas a todos los actores.
