El Colegio de Arquitectos de Chile organizó una charla en que participé con don Patricio Herman y abordamos y discutimos los alcances de la glosa 06 del Minvu sobre la vivienda tipo industrializada aprobadas por la División Técnica del ministerio (DITEC), y que en simple están exenta de permiso y recepción municipal. Para explicar la necesidad de la industrialización, se aclaró de dónde surge esta necesidad.
Esto parte en el programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric, donde aborda el rol del Estado en el acceso y producción de la vivienda y que señala: “Construiremos viviendas dignas, hechas con materiales de bajo impacto ambiental, con innovación, estandarización e industrialización de sistemas constructivos, optimizando costos, plazos y residuos”. Esto es precisamente en lo que ha avanzado el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la implementación del Plan de Emergencia Habitacional y en la agenda de industrialización y que hoy se traduce en avances concretos: actualización del protocolo de inspección de obras industrializadas, concursos para edificar viviendas bajo esta tecnología, diseños de viviendas tipo industrializadas por parte del Minvu, entre otras iniciativas.
Para incentivar a que más empresas adopten la industrialización y aumenten la eficiencia en el proceso de construcción de viviendas sociales, como Minvu incorporamos en la ley de presupuesto esta ya famosa glosa 06 de la ley de presupuesto.
Esta glosa se discutió en el Congreso, instancia que incluso le hizo unos ajustes para su alcance, es decir, que es solo el permiso de edificación y que no aplica para loteo o subdivisión, especificando que “esto no incluye la aprobación y recepción del loteo y sus obras de urbanización, las cuales deberán ser aprobadas y recibidas por las Direcciones de Obras Municipales y demás entidades que correspondan de acuerdo a la ley”. Por lo tanto, afirmar que fue un “gol” del Minvu o que se introdujo de “contrabando” en la Ley de Presupuesto no es correcto.
A las viviendas que se construyan aplicando esta glosa, les será aplicable la norma vigente, como lo dice textualmente la Ley de Presupuesto: “Todas estas obras deberán ajustarse a las Normas Técnicas, a la Ordenanza General y al Plan Regulador respectivo, en su caso”, por lo que decir que no van a cumplir con la Ley General de Urbanismo y Construcciones, es otro error.
Asimismo, hay quienes apuntan que se nos está dando una atribución a la Ditec, ya que la glosa nos facultaría a aprobar viviendas tipo industrializadas lo que también es erróneo. Esa facultad surgió por la Ley 20.582 de 2012, que modificó el DL 1.305 de 1976, por lo que ya contamos con ella hace diez años.
Por otra parte, quienes afirman que esta glosa fomentaría la competencia desleal, les sugeriríamos, para aclarar sus dudas, revisar la Ley 20.169 de 2007 que señala que la competencia desleal es “toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado”. Si aplicamos un incentivo a través de una ley que es parte del plan de Gobierno y del Plan de Emergencia Habitacional que desarrolla el Minvu no hay tal competencia desleal, ya que cualquier empresa puede presentar su sistema industrializado. Esto es como si una empresa nos acusara de competencia desleal porque exigimos que las que se puedan adjudicar contratos con el Estado tienen que estar en un registro.
Nos dicen también que serán solo seis empresas industrializadoras con las que trabajaremos y que son todas de Santiago, lo que también es incorrecto. Efectivamente, hasta ahora son seis, tres en la Región Metropolitana y tres en regiones, pero esperamos que se sumen muchas más. Las puertas del Minvu están abiertas para más empresas industrializadoras, además de nuevos proyectos que nos puedan presentar las empresas o los arquitectos que se interesen, y esto es por este tema.
Asimismo, tendemos a pensar que la suspicacia que genera esta glosa a muchas personas es porque creen que se trata de grandes proyectos inmobiliarios, y no es así. La glosa menciona el área rural, tal como lo hace el artículo de la LGUC de donde se tomó, para dar solución a las miles de familias con sitios rurales que aún no pueden tener siquiera un proyecto aprobado. Solo en la Región de La Araucanía hay más de dos mil subsidios rurales otorgados que aún no ingresan al Serviu principalmente, porque a las empresas más grandes no les interesa trabajar en proyectos rurales individuales dispersos en los territorios, y, a las pequeñas, no les resulta atractivo por la cantidad de actores con los que deben entenderse.
El sentido último de la glosa es no recargar a las direcciones de obras municipales y que pequeñas empresas puedan contar con proyectos preaprobados y con costos revisados, hechos por los profesionales respectivos y que se harán responsables por la calidad de la construcción. Los derechos municipales por vivienda, asumiendo que se construye la más cara, no supera los $80.000 pesos y, en muchos casos, son los propios municipios los que pagan estos derechos. De igual forma, el nivel de producción de la vivienda industrializada, actualmente, no supera las 7 mil unidades al año, por lo que tampoco pretendemos construir todas las viviendas a través de estos sistemas, sino que buscamos que la mayor cantidad posible de viviendas sociales se construyan de manera más eficiente y a tiempo.
Próximamente, entregaremos la primera vivienda industrializada a una familia, quienes perdieron su casa por un incendio hace diez años y llevan ocho con el subsidio en la mano, sin poder aplicarlo, vivienda en una mediagua que le entregaron luego del siniestro. Esta es una situación que como Estado y sociedad no podemos aceptar y la glosa que analizamos en esta columna es una herramienta más con la que esperamos dar soluciones a las familias que más lo necesitan y en ningún caso busca favorecer un negocio inmobiliario en particular. El Presidente Gabriel Boric nos ha mandatado a abordar con sentido de urgencia el grave déficit habitacional en el país y como Ministerio de Vivienda y Urbanismo vamos a seguir trabajando para diversificar las formas en que las familias acceden a la vivienda, buscando nuevas alternativas que aceleren los procesos de construcción e incorporar sistemas innovadores como las viviendas industrializadas es una de ellas.
Dado este tremendo desafío que tenemos, agradecemos las instancias de difusión como la que tuvimos con el Colegio de Arquitectos. También, agradecemos la participación de otros actores, como don Patricio Herman, que nos permiten dar la mayor transparencia a estas herramientas, para así aclarar el fin último de estas herramientas, que no es otro que el de dar soluciones habitacionales a las familias más vulnerables de nuestro país.
