Cuando se discute el cómo mejorar las bajas pensiones, se deben analizar los motivos que provocan que estas sean tan bajas. Dentro de este análisis, aparecen temas como la informalidad, es decir, de aquellas personas que por no tener contrato de trabajo u honorarios (a quienes se les retiene en su declaración renta parte de su devolución para pagar cotizaciones). No pagan cotizaciones. Esta cifra actualmente es de un 28%.
Por otro lado, también existe evasión previsional. En Chile cotizan según la última encuesta nacional de empleo 5.793.540 personas, siendo la cifra de fuerza laboral del país de más de 8 millones de trabajadores, dentro de dicha cifra nos encontramos la cantidad de 1.400.000 empleados dependientes que, estando obligados a cotizar, tampoco lo hacen.
Este es un tema no menor de cara a la discusión de la reforma previsional, porque no hay sistema previsional en el mundo, sea el actual, uno mixto o de reparto que resista que tantos trabajadores no estén ahorrando.
Otro elemento a considerar, es la elusión previsional o subcotización, la cual se produce cuando no se considera en la base imponible ciertos elementos de la remuneración y, como resultado de esto se cotiza por un monto inferior al que debería imponerse.
Por ejemplo: Si alguien de los $700.000 que recibe normalmente, solo paga cotizaciones previsionales sobre $500.000, su tasa de reemplazo, es decir, la diferencia de que recibirá de pensión versus lo que recibe trabajando será menor: En el ejemplo como cotiza por los $700.000 sin PGU recibirá $ 462.000, pero como cotiza por $500.000 su pensión en principio solo será de $300.000. Por lo que percibirá su brecha más grande.
En el libro blanco de las pensiones elaborado en diciembre del 2013 por el superintendente de Previsión Social de la época, Augusto Iglesias, se trata este tema y nos encontrábamos con que la elusión del Estado es de un 18%, mientras que del sector privado un 9,9%.
En el caso del sector público, es decir, trabajadores regidos por el Estatuto Administrativo, existen 36 tipos de asignaciones no imponibles, las que son aplicables sólo a los trabajadores que indica la Ley que crea la asignación respectiva. En promedio, estas asignaciones no imponibles representarían el 18% de las remuneraciones brutas de los trabajadores.
En el caso del sector privado existen una serie de bonos de locomoción y alimentación, que no imponían, algunos inflados artificialmente para no imponer. Para los trabajadores de remuneraciones bajo $500 mil, dichas asignaciones no imponibles alcanzaron entre 7% y 8% de su remuneración.
Si la brecha entre remuneración efectiva e imponible fuese constante durante toda la vida laboral, el efecto sobre la pensión sería proporcional al porcentaje de asignaciones no imponibles.
“Así, en promedio, los trabajadores del sector privado obtienen una pensión un 9,9% menor de la que obtendrían de cotizar por el 100% de su remuneración. Este impacto puede llegar al 18% para el caso de los trabajadores del sector público”, concluye el documento del exsubsecretario de Previsión Social, Augusto Iglesias.
Esto lleva a que a raíz de la reforma previsional, los empleados públicos se verían fuertemente beneficiados, ya que tienen componentes elevados de no imponibles en su remuneración, además el sistema que transferirá cotizaciones en función de los montos de ingresos imponibles. Por tanto, los empleados públicos de altos ingresos transferirán al sistema previsional menos que sus pares del sector privado con ingreso líquido equivalente, teniendo en consideración que los de bajos ingresos reciben mayores transferencias en la propuesta previsional. Este tipo de situaciones deslegitima el sistema, y genera mayores incentivos a eludir cotizaciones.
Entonces sí, en promedio, los trabajadores del sector privado obtienen una pensión un 9,9% menor de la que obtendrían de cotizar por el 100% de su remuneración. Este impacto puede llegar al 18% para el caso de los trabajadores del sector público.
Se deben generar incentivos para la cotización de los trabajadores por cuenta propia, además, de un mayor conocimiento y cultura previsonal, donde tanto las AFP como el Estado tienen un rol importante.
