En su edición del 20/11/22 el Diario Financiero publicó la noticia: “Nuevo proyecto de viviendas en La Dehesa bajo la lupa”, refiriéndose al negocio inmobiliario de la empresa Urban Investment, cuyos socios son Sebastián Budnik, Christián Cafatti y Felipe Moreno. Dicho medio de prensa dice que la inversión consiste en 54 exclusivas casas en la comuna de Lo Barnechea, que se venden en el mercado en UF 33.000 cada una. Multiplicando esa cifra por el valor de la UF, llegamos a la no despreciable suma de $1.100 millones. Este caso se inició con un permiso de edificación otorgado en el año 2016 a la empresa Reserva de La Dehesa Ltda.
Dejamos en claro que este proyecto se tramitó en la Dirección de Obras Municipales (DOM) en la época en que el alcalde era Felipe Guevara y lo que ahora exige el actual alcalde, Cristóbal Lira, es que ese proyecto en construcción se someta al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), debido a que el terreno en donde se localiza tiene más de 7 hectáreas, una de las condiciones tipificadas en el artículo 10° de la Ley N° 19.300 de Bases del Medio Ambiente, para que este tipo de actividades sea evaluado por el Servicio respectivo. La competente abogada externa contratada por el municipio para formular el reclamo planteó además que ello era indispensable porque el terreno, por ser área verde de carácter intercomunal, cuenta con protección oficial del Estado.
Como las obras de los proyectos que se someten al SEIA tienen que contar con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable previa al inicio de su faenas, lo que no acontece, la Municipalidad de Lo Barnechea llevó esta situación ante la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), exigiendo la paralización de las obras del proyecto, la que contestó que, por tener el terreno solo 6,8 hectáreas, no se configuraría la omisión denunciada, razón por la cual, dicha municipalidad recurrió ante el 2° tribunal ambiental de Santiago. El 12/11/22 la inmobiliaria Miradores de La Dehesa SpA, heredera de la anterior, le solicitó a este tribunal hacerse parte en la reclamación, sosteniendo con ciertos discutibles argumentos que el proyecto no se ejecuta en un área verde.
Pues bien, la DOM de Lo Barnechea había cursado el 02/05/16 el permiso de edificación N°36 a la empresa Reserva de La Dehesa Ltda. para que construyera 36 casas en el área verde Cerro del Medio, tipificada como tal en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS). Enseguida ese acto se modificó con el permiso N° 37 del 09/02/18 que considera 54 casas, a pesar de que el artículo 5.1.18 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) admite solo un 5% de mayor aumento de edificación.
El titular del proyecto para zafarse del problema que tiene podría argüir que no sabía que ese terreno estaba y sigue estando, conforme al artículo 59° de la LGUC, afecto a utilidad pública y que, por lo tanto, si la DOM le otorgó esos actos administrativos no era su culpa. En esa línea argumentativa, podría razonar que actuó de buena fe y que los errores de la administración no le son imputables, conforme a la llamada confianza legítima, explicación que se utiliza habitualmente.
Lo anterior fue denunciado en la Contraloría General de la República por el abogado Pablo Guerrero, en representación de una comunidad de vecinos del sector, liderada por el particular Luis Alberto Tardel, pues es de conocimiento público que mediante la Ley N° 20.791 reflejada en el Diario Oficial el 29/10/14, se repusieron las afectaciones de utilidad pública, con lo cual se evidencia que ambos permisos son contrarios a derecho.
El ente fiscalizador envió al entonces alcalde Guevara su dictamen N° 5.630 del 17/05/18 resolviendo que las actuaciones del DOM de Lo Barnechea no se ajustaron a la ley y que, por lo tanto, esa función municipal debía subsanar la situación, recordándole que se tenía que aplicar el artículo 53° de la Ley N° 19.880, luego, invalidando los permisos debido a que se habían otorgado mientras estaba vigente para ese predio área verde, la mencionada utilidad pública.
Pero el DOM, Edgar Thiele, quien ejercía el cargo en calidad de subrogante, a pesar de que inició el proceso de invalidación, finalmente con fecha 07/09/18, cambió de opinión, resolviendo desacatar el dictamen vinculante de la Contraloría y así favorecer el interés comercial del privado. Como las 54 casas no están terminadas, será muy gravitante el papel que desempeñe el 2° Tribunal Ambiental ante la denuncia de la nueva administración municipal, percibiendo este columnista que, por nuestra experiencia en este tipo de materias, en los próximos meses las elegantes casonas serán oficialmente recibidas por el municipio y sus promitentes compradores, después de pagarlas al inversionista, las habitarán sin inconvenientes.
Ya que hemos aludido a una flagrante desobediencia a la Contraloría, dejamos en claro que estas malas prácticas son reiterativas, recordándose su categórico dictamen asociado a 2 torres de 32 pisos c/u en el terreno que ocupa el Hotel Sheraton en la comuna de Providencia. Como el DOM de apellido Ventura, tampoco invalidó el permiso mal emitido, la fundación Defendamos la Ciudad, interpuso un recurso de ilegalidad ante la alcaldesa Matthei, autoridad que, al no pronunciarse exigiéndole a su subordinado que acatara el dictamen, el caso ahora está radicado en la Corte de Apelaciones de Santiago.
Hay otro caso, que calificamos de impúdico, en la Municipalidad de Las Condes, respecto de un permiso ilegal de 25 edificios, cuyo dictamen de Contraloría también es desacatado, con el agravante de que los 10 concejales conocen muy bien todo el desarrollo de los hechos y hasta ahora se niegan a ejercer sus atribuciones fiscalizadoras. Uno de ellos, Sergio Melnick, fue ministro regalón de Pinochet y otro, Julio Dittborn, por el cual tengo una buena opinión, fue diputado de la UDI. Nos preguntamos ¿por qué serán tan tímidos la totalidad de esos concejales?
Aprovechamos la ocasión para saludar a Jorge Bermúdez, titular de la Contraloría, proponiéndole que vea cómo sus flamantes dictámenes podrán tener fuerza obligatoria para los servicios públicos que fiscaliza.
