El Gobierno estadounidense denunció este jueves a la compañía Live Nation, dueña del portal de venta de entradas Ticketmaster, con el objetivo de acabar con el monopolio ilegal que ha ejercido la empresa en los últimos años, cuyas consecuencias sufren tanto los consumidores como los artistas y promotores.
El Departamento de Justicia, junto con 30 fiscales generales estatales y de distrito, presentó una demanda civil antimonopolio en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York por “monopolización y otras conductas ilegales que frustran la competencia en los mercados”.
La demanda fue anunciada en una rueda de prensa por el fiscal general estadounidense, Merrick Garland, en la que aseguró que “las tarifas exorbitantes y las fallas tecnológicas” de la compañía “han sido criticadas tanto por fanáticos como por artistas” pero que la demanda no viene motivada por esto, sino porque las prácticas de la empresa son “anticompetitivas e ilegales”.
A través de un comunicado, la empresa negó estas prácticas y dijo ser “otra víctima” de la decisión de la Administración Biden de “entregar la aplicación de las leyes antimonopolio a un impulso populista” que no busca acabar con los monopolios, sino que “es simplemente antiempresarial”.
Una demanda amplia
Las acusaciones contra Live Nation son amplias y van desde el bloqueo de la competencia hasta el cobro desorbitado de comisiones a los consumidores, que acaban pagando precios de oro (varios miles de dólares en ocasiones) por las entradas a conciertos y otros espectáculos.
Garland afirmó que la compañía “bloquea la competencia y la venta de entradas mediante el uso de contratos exclusivos” de venta que pueden durar más de una década y también con la adquisición de lugares propios, entre otras prácticas.
Utiliza además estos acuerdos y el control de los recintos para “presionar ilegalmente a los artistas para que acepten utilizar sus servicios de promoción” y también “ha trabajado estratégica e ilegalmente para eliminar la amenaza de que surjan rivales potenciales en cualquiera de sus negocios”.
Live Nation controla al menos el 80% de la venta de entradas en las principales salas de conciertos; gestiona directamente a más de 400 artistas; controla más del 60% de las promociones de conciertos en todo el país y posee o controla más del 60% de los grandes anfiteatros de Estados Unidos, asegura Garland.
Además, Ticketmaster impone una lista “interminable” de tarifas al comprador: de emisión de boletos, tarifas de servicio, tarifas de conveniencia, tarifas Platinum, tarifas maestras de precios por orden, tarifas de manejo y tarifas de procesamiento de pagos, entre otras.
Esta situación, añade el fiscal, deriva en que “los aficionados pagan más” y “los artistas tienen menos oportunidades de tocar en conciertos”, mientras que “los promotores más pequeños quedan excluidos y los lugares tienen menos opciones reales para los servicios de venta de entradas”.
Taylor Swift, la gota que colmó el vaso
Live Nation lleva meses siendo escrutada de cerca, incluso por el Congreso de Estados Unidos, especialmente después de que la compañía cancelara la venta pública de entradas para Taylor Swift en noviembre de 2022 porque había demasiada demanda y el inventario restante era insuficiente para satisfacerla.
La empresa tuvo que responder ante el Comité Judicial del Senado para dar explicaciones sobre lo sucedido, que enfureció a millones de ‘Swifties’, seguidores de la popular artista, y a la propia Swift.
Ticketmaster culpó a los ataques cibernéticos de lo sucedido y dejó claro que ellos no fijan los precios de las entradas ni deciden cuántas salen a la venta ni cuándo.
En junio pasado, Live Nation se comprometió a ser más transparente con los precios que cobra a sus clientes, una aparente respuesta a la presión ejercida por Biden, y decidió mostrar el precio final de los tickets al comienzo de una transacción, en lugar de al final.
La demanda contra la compañía es uno de los casos de competencia más importantes presentados durante la Administración Biden y se suma a otras presentadas contra gigantes tecnológicos como Apple, Amazon y Google.
En concreto, la demanda alega que Live Nation-Ticketmaster viola la sección 2 de la Ley Sherman, que prohíbe las conspiraciones que restrinjan injustificadamente el comercio y los acuerdos entre competidores para fijar precios o salarios, manipular licitaciones o asignar clientes, trabajadores o mercados.
