La memoria colectiva dura 5 días, es por ello que quizás esté en el olvido que la Contraloría durante este año -cuando se vio requerida- no realizó una adecuada fiscalización al descarado intervencionismo del Gobierno durante el Plebiscito de salida.

El Contralor Jorge Bermúdez, quien ha sido el peor fiscalizador de la historia reciente de la Contraloría, y quien quiso erigirse durante el proceso constituyente como un guardián de la República con su idea de que el Presidente pudiese gobernar por decreto en caso de aprobarse la propuesta constitucional de la Convención, terminó convirtiéndose en un cómplice del deterioro constitucional.

Por un lado, el Contralor Bermúdez, ha señalado que las críticas a su rol son “manidas”, es decir, son vulgares o faltas de originalidad. Pero por otro, ha estado involucrado en situaciones que por mero capricho han puesto en riesgo la honorabilidad del órgano contralor.

La Contraloría, por el dictamen 7.482 de 2013, en sus párrafos 16 y 17 sostiene la tesis de que el organismo podría inmiscuirse en todo, es decir, extiende sus competencias por su cuenta, sin una ley previa y aunque el asunto se encuentre siendo conocido por los tribunales de justicia.

El criterio de este dictamen sigue vigente y se aplica, constituyendo un exceso de atribuciones por parte del órgano contralor. Por lo tanto, si se involucra en actos litigiosos ¿por qué no fiscalizar los actos de Gobierno en materia electoral?.

La Contraloría estuvo en el centro de la polémica por su inactividad durante el plebiscito de salida, ésta sólo se acabó hasta el momento en que comenzaron a surgir voces de acusación constitucional al Contralor.

Por otro lado, Bermúdez, entre sus funcionarios de estricta confianza, tiene como Jefe del Departamento Jurídico a Camilo Mirosevic, hermano de Vlado Mirosevic, Presidente de la Cámara de Diputados, parte del gobierno actual y vocero de la campaña del Apruebo. Nuevamente, fue la presión pública la que hizo que Camilo Mirosevic se inhabilitara de su función hasta el 5 de septiembre. El Contralor no se hizo cargo de esto.

Actualmente, la situación es que uno de los hermanos Mirosevic controla el poder político y el otro, el poder contralor de la administración.

Si bien la propuesta constitucional en su gran mayoría era mala, dentro de las cosas a destacar se encontraba un Consejo Superior Contralor, es decir, una dirección superior colegiada que dirigiera la institución, y así disminuir la arbitrariedad en la toma de decisiones de una sola persona como ha pasado hasta ahora. Esta dirección ya se utiliza en la Comisión para el Mercado Financiero y ha tenido buenos resultados.

La oposición, que en estos 8 meses de gobierno del Presidente Boric, ha sido excesivamente condescendiente con varias acciones de Ministros merecedoras de acusación constitucional, para no ser menos, lo fue también con el Contralor.

Esta permisividad de Chile Vamos, cuyos miembros están confundidos y desorientados, en esta como otras materias contribuye al caos, ya que no permite al Gobierno reflexionar de sus errores, de tal manera que continúa insistiendo con sus proyectos en materias económicas, pensiones y de seguridad, los cuales están afectando día a día la calidad de vida de las chilenas y los chilenos.

La oposición cree erróneamente que todos estos errores harán que la ciudadanía corra a ellos en las próximas elecciones, pero lamento advertirles que esto no es cierto, porque el electorado es veleidoso y castiga la pasividad, las personas están a la espera de soluciones concretas y de quien le pueda ofrecer orden en medio del caos.

Debemos recordar que el periodo del actual Contralor también ha estado marcado por otras polémicas debido a sus prácticas autoritarias, como lo fue la remoción de la subcontralora Dorothy Pérez, situación que terminó siendo resuelta por la Corte Suprema, la cual en una decisión unánime determinó la arbitrariedad del actuar de Bermúdez y ordenó reintegrarla.

Dorothy Pérez, quien dirige el Tribunal de Cuentas -que es un órgano especial que tiene la Contraloría y que tiene la importante misión de velar porque todas las platas públicas que se han desviado a bolsillos oscuros, sean devueltas a las arcas fiscales y que es el ÚNICO TRIBUNAL DEL PAÍS que tiene esta misión- cuenta con tan sólo 19 funcionarios. Por otro lado, el gabinete del Contralor, que infla el ego del mismo, tiene 132 funcionarios.

Lo anterior, lleva a que causas por corrupción se encuentren atrasadas, como de la Ministra Tohá, la cual se originó tras una auditoría cursada entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, y que estableció que Tohá y 14 colaboradores fueron responsables por gastos improcedentes y sin respaldo al destinar platas que iban a educación a pagos no acreditados. Carolina Tohá ha señalado que “no hay mucho que opinar, sólo la seguridad de que el proceso va a despejar el asunto. Lo terrible es que se demore tanto”, sostuvo.

Karl Popper señaló que “la democracia consiste en poner bajo control el poder político”, pero si quienes deben llevar el control de las actuaciones de este hacen la vista gorda y dejan que se instale una forma de gobernar chabacana, vamos dando un paso más hacia el carajo.

La pregunta que cabe hacernos es ¿Dónde se está poniendo el foco por parte del Contralor?

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