El próximo 15 y 16 de mayo Chile vivirá un momento histórico con la elección de constituyentes, quienes tendrán la gran misión de redactar una nueva Constitución Política que busque mejorar las normas de convivencia y el resguardo de los derechos fundamentales de todas y todos los chilenos, entre ellos, las personas con discapacidad (PcD), quienes representan un 20% de la población de nuestro país.

Para nosotros, como Fundación Luz, nos parece una obligación dar a conocer los cambios, garantías y derechos que esperamos que tenga esta nueva Carta Magna para las PcD. Por ello, proponemos tres focos: educación, inclusión laboral y accesibilidad, que estén muy especificados.

Chile ratificó en las Naciones Unidas (ONU) la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2008, en que el Estado se debe hacer responsable de velar por ellos. Si bien se han hecho esfuerzos en los tres focos antes mencionados, y se han dado pasos, todavía no son suficientes.

Me detengo en el derecho a la educación, pues claramente hoy vemos que no es inclusiva para las PcD. Nuestra pugna se mantiene con el Ministerio de Educación dado que hoy sus esfuerzos en esta materia son para que en el futuro existan únicamente programas de inclusión escolar (PIE) en vez de colegios especiales. Sin embargo, en este tránsito los PIE no son de calidad. Entonces, mientras eso no cambie debemos seguir insistiendo en que los colegios especiales deben continuar su labor. En ellos, la enseñanza es más personalizada y con los especialistas idóneos para las distintas discapacidades, estos dos factores son fundamentales para el desarrollo de los niños con discapacidad.

En las salas de clases pasan muchas cosas para los niños con discapacidad: quedar relegados en un rincón sin ver, al igual que escuchar o entender por qué no hay adaptaciones para él y también en algunos casos sufren bullying por parte de los compañeros y a veces de los propios profesores. Todo esto en muchos casos los lleva a abandonar los estudios y los coarta a la hora de alcanzar una carrera técnica o profesional.

Teniendo en cuenta entonces que el nivel de educación de la mayoría de las PcD es bajo, la oportunidad de acceder a un trabajo y por consecuencia tener un sueldo también es menor. En este aspecto ya tenemos en contra los prejuicios que apuntan a lo difícil que puede significar contratar a una PcD y sobre mitos en cuanto a las adaptaciones necesarias. En este punto necesitamos que los gerentes o directores de empresas comuniquen y den testimonio de lo que ha significado incorporar a una PcD, lo beneficioso que es para los equipos, el engagement o compromiso de la PcD, lo bien que le hace al clima la diversidad, la verdadera responsabilidad social, etc. Pero además del esfuerzo de los equipos directivos, es fundamental que esta nueva Constitución sea clara y abierta con respecto al derecho a la inclusión laboral.

En cuanto a la accesibilidad, es primordial que también sea considerado como un derecho, pues las personas con discapacidad deben enfrentar distintas dificultades a la hora de desplazarse por las calles o en el transporte público. Por eso, resulta clave que este derecho implique la posibilidad real de entregar a las PcD el poder ingresar, transitar y permanecer en un lugar, de manera segura, confortable y autónoma. Ello implica que las barreras del entorno físico deben ser suprimidas.

Sin duda aún hay mucho camino por recorrer respecto a la inclusión y los cambios culturales que se deben dar en la sociedad en torno a la discapacidad, pero sí debemos ser tajantes a la hora de mirar esta nueva Constitución en la que se deben considerar los derechos para las PcD, los que se deberán también cumplir posteriormente.