Este miércoles se conoció el nuevo informe de observación a centros residenciales de protección del Servicio Nacional de Menores (Sename), donde se revelaron cifras que reflejan la compleja realidad que pueden vivir más de 90 mil menores en el país.

En conversación con Expreso Bío Bío, el jefe del Departamento de Estudios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Osvaldo Torres, se refirió a la cifra de 8 de cada 10 niños que declararon ser castigados en los centros el último año.

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“Primero se debe considerar el perfil de los niños que ingresan a los centros, son niños que fueron vulnerados en sus derechos básicamente en la relación familiar, educación, sistemas de salud, recreación, entonces son niños que han sido ya afectados“, aseguró Torres.

En ese contexto, aclaró que “las decisiones judiciales que se toman para el ingreso a los centros, sólo debe ser casos de situaciones extremas para detener una vulneración grave de derecho y no un mecanismo de separación familiar o que tienda a resolver problemas a las familias y no al niño”.

Además, agregó que habrían distintos tipos de castigos que “no necesariamente son físicos, pero no menos preocupantes, como lo son la restricción de los derechos y la visita de los padres, es absurdo que un centro restrinja las visitas y sancione a los niños o familiares con el corte de visitas”.

Correspondiente al informe, Torres enfatizó en que la alternativa consistiría en reformar y orientar a los niños.

“Lo que el estudio arroja es que un sistema o se reforma o es mejor cerrarlo porque puede que los niños estén en mejores condiciones con otro tipo de programas alternativos”, dijo.

El jefe del departamento mencionó que “hay una decisión que ha demorado en concretarse, que es la división del Sename en dos servicios, y se supone que con estas nuevas leyes de protección al niño, debería en el nuevo sistema, iniciar con otra perspectiva (…) El informe lo que arroja es una situación que debe quedar priorizada en la agenda”.

Torres informó que el INDH “puso 24 querellas ante el Ministerio Público respecto de situaciones de grave vulneración, se interpuso oficio en 102 ocasiones en distintos tribunales de familia y 110 oficios sobre casos particulares para las distintas direcciones regionales del Sename”.

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