El lunes en la noche, desde San Bernardo, el presidente Kast anunció que el TAG de la Autopista Central bajará 10% en horario normal y 25% en punta y saturación. Dicho así, suena a buena noticia, y nadie se opone a que las familias paguen menos por moverse. Pero en las concesiones, como en la política, lo importante está en la letra chica. Y esta rebaja tiene harta.
Primero, el calendario. La rebaja no llega hoy, cuando las familias están apretadas, sino desde el 1 de enero de 2027, y solo si la modificación del contrato se tramita a tiempo. Ese mismo día, como cada año por contrato, las tarifas suben por IPC.
La inflación bordea el 4% y los economistas proyectan que cerrará el año entre 4,5% y 5%. Con eso, en horario normal el reajuste se puede comer cerca de la mitad del descuento: el Gobierno anuncia un 10%, pero el bolsillo podría sentir algo más cercano a un 6%.
Segundo, quiénes quedan fuera. El beneficio es solo para quienes paguen su cuenta dentro de los primeros 60 días. Premia a los que ya pueden pagar y deja fuera a las familias y pymes que hoy arrastran deudas con el TAG, que son justamente las que más necesitan un alivio.
Tercero, cuánto cuesta. Según se ha informado, la rebaja se compensará extendiendo la concesión por 20 meses. Y esta película ya la vimos. En 2019, el gobierno de Sebastián Piñera eliminó el alza extra de 3,5% anual que tenían las autopistas urbanas. Lo que las concesionarias dejaron de cobrar quedó anotado en una cuenta que se actualiza a un 4% real anual y que se paga con más años de concesión. Hoy se repite la receta: cada “rebaja” se termina pagando con más tiempo de peaje.
Por eso le pedimos al MOP que ponga los números sobre la mesa: cuánto deja de recibir la empresa y cuánto gana con el nuevo plazo. En un país serio, el anuncio debe responder al cálculo económico de costos y beneficios, y no a especulaciones sin datos concretos. Sólo después de ello es posible argumentar si es o no conveniente la rebaja propuesta, o si ese 10% (6% con el reajuste IPC) es alto, bajo o moderado.
Cuarto, el mapa. Como geógrafo, no puedo dejar de mirar el territorio. El anuncio es solo en una autopista entre 42 concesiones viales en el país y nueve contratos urbanos con TAG. Quien usa Costanera Norte o Vespucio no tiene ni fecha ni porcentaje ni beneficios.
Y en regiones, donde muchas veces no hay otra alternativa que la ruta concesionada, el tema ni siquiera aparece, más bien suena a una burla propia del centralismo. Bajar el costo de moverse no puede depender de la autopista que a cada uno le tocó, menos de la voluntad.
Es difícil no leer este anuncio en clave de encuestas. Llega la misma semana en que Cadem y Criteria marcan la peor desaprobación del Presidente desde que asumió. Pero el costo de la vida no se resuelve con titulares.
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