"Asfixia presupuestaria" en DDHH: denuncian recortes a pericias del SML y fondo para sitios de memoria

Las familias que siguen buscando a sus detenidos desaparecidos y las organizaciones que mantienen vivos los sitios de memoria alertaron sobre una nueva dificultad para esa tarea: menos recursos en el presupuesto propuesto para 2027 en materia de Derechos Humanos.

En una declaración conjunta, denunciaron que los recortes afectarían las investigaciones del Plan Nacional de Búsqueda, los análisis forenses del SML y el funcionamiento de espacios que preservan la historia de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

Su preocupación apunta a las consecuencias concretas de estos ajustes: búsquedas que podrían demorarse y recintos que tendrían dificultades para mantener sus puertas abiertas.

Advierten que, de mantenerse el recorte en el presupuesto 2027, sería el mayor retroceso en memoria y derechos humanos desde el retorno a la democracia.

La Subsecretaría de Derechos Humanos reconoció una reducción de recursos, pero aseguró que las búsquedas se mantendrán y atribuyó el ajuste a un uso más eficiente del presupuesto.

Organizaciones denuncian retroceso en Plan Nacional de Búsqueda

Según los cálculos de las organizaciones, el proyecto de Presupuestos 2027 contempla $391 millones menos para diligencias y pericias forenses del Plan Nacional de Búsqueda (PNB), respecto del presupuesto inicial de 2026. Considerando la inflación, estiman una caída del 27,71% en esos dos componentes.

Los recursos para diligencias del Programa de Derechos Humanos pasarían de $1.037 millones a $844 millones. Este dinero permite realizar investigaciones en terreno, recoger testimonios y explorar posibles lugares donde se encuentren restos.

En paralelo, el financiamiento del Servicio Médico Legal para pericias del plan bajaría de $490 millones a $291 millones. Se trata de análisis fundamentales para identificar restos y entregar respuestas a las familias.

Las organizaciones sostienen que esta reducción se suma a ajustes aplicados durante 2026, cuando se recortaron $91 millones al presupuesto del Programa de Derechos Humanos destinado al plan.

“Estas decisiones afectan directamente a las familias que siguen esperando respuestas y ponen en riesgo avances que han costado años de lucha”, manifestó Claudia Bascuñán Álamos, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Liquiñe.

“La verdad, la memoria y la justicia no pueden depender del presupuesto disponible ni de la voluntad del gobierno de turno. La búsqueda de nuestros detenidos desaparecidos es una responsabilidad permanente del Estado, no una opción”, agregó.

Sitios de memoria advierten dificultades para seguir abiertos

Las organizaciones también denuncian una reducción del 36,74% en el financiamiento conjunto del Programa de Sitios de Memoria y los aportes directos mediante una glosa del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Los recursos pasarían de $2.888 millones a $1.879 millones.

Dentro de ese conjunto, el programa específico tendría una caída real del 60,69%. Además, su línea de inversión quedaría sin recursos, lo que afectaría proyectos de conservación, rescate arqueológico y reparación de infraestructura.

Mónica Monsalves, presidenta de la Corporación Sitio de Memoria Cerro Chena, advirtió sobre las consecuencias para el funcionamiento cotidiano: “Con este recorte se pone en riesgo la gestión, los sueldos, las visitas educativas y la mantención de los lugares”.

Según indicó, de los 1.132 centros de detención y tortura que hubo durante la dictadura, solo 72 han sido declarados sitios de memoria y apenas 16 reciben financiamiento estatal.

“Exigimos continuidad y financiamiento permanente, no concursable. Sin memoria, no hay democracia”, sostuvo.

En Casa Memoria José Domingo Cañas, la preocupación es mantener una apertura continua.

Marta Cisternas explicó que la asignación anual proyectada de $30.469.000 no alcanzaría para contratar al equipo necesario, en un contexto en que la Fundación 1367 ya fue excluida del programa de financiamiento durante 2026.

“Está en riesgo no solo la continuidad de sus programas de educación en derechos humanos, investigación, archivo y memorialización, sino la apertura operativa del Sitio”, señaló.

“No se puede sostener un Sitio de Memoria sin trabajadores y trabajadoras, ni garantizar el derecho a la memoria sin recursos suficientes”, añadió.

Qué piden a las autoridades

Las organizaciones solicitan al Congreso que exija al Ejecutivo reponer los recursos para pericias forenses y para inversión en sitios de memoria, ajustados por inflación.

También piden aclarar cómo se financiarán las conmemoraciones y encuentros de familiares, ante la eliminación de la categoría presupuestaria que permitía esas transferencias en el Programa de Derechos Humanos.

Otra preocupación es la desaparición de una glosa del Poder Judicial que resguardaba recursos para buscar y digitalizar causas de derechos humanos y exigía informes trimestrales al Congreso. Si bien reconocen que esto no permite establecer una reducción equivalente del dinero, advierten incertidumbre sobre la continuidad del proyecto y su fiscalización.

Finalmente, solicitan resolver prioritariamente 63 solicitudes pendientes de protección o ampliación de protección de sitios de memoria. Según explican, estas demoras también dificultan el acceso a fondos públicos.

El llamado busca que estas materias se revisen durante la discusión del Presupuesto 2027, antes de que los ajustes propuestos se traduzcan en nuevas dificultades para las familias y los espacios de memoria.

Subsecretaría de DDHH explica recortes

Consultada por BioBioChile, la Subsecretaría de Derechos Humanos, reconoció una reducción de recursos para el Plan Nacional de Búsqueda en la propuesta de presupuesto para 2027, pero aseguró que las diligencias se mantendrán.

Según explicaron, el ajuste responde a una “mejor planificación” y a la optimización de gastos como los viáticos, mientras aumentan los recursos para personal.

La institución cifró la disminución en un 4,47% nominal. Esa comparación incluye personal y no considera inflación, por lo que difiere del cálculo de las organizaciones, centrado en los recursos para diligencias y pericias forenses.

Respecto del Servicio Médico Legal, informó un monto global para el plan y vinculó el ajuste a recursos que no se ejecutaron en 2026, aunque no precisó cuánto se destinará exclusivamente a pericias.

1. Las organizaciones denuncian una reducción real del 27,71% en los recursos para diligencias y pericias forenses del Plan Nacional de Búsqueda en 2027. ¿El Ministerio confirma ese cálculo?

De acuerdo con las cifras del proyecto de Ley de Presupuestos para 2027, los recursos destinados al Plan Nacional de Búsqueda alcanzan los $1.187 millones, en comparación con los $1.242 millones contemplados en la Ley de Presupuestos de 2026. Esto representa un ajuste nominal del 4,47%.

Es importante considerar que estos recursos incluyen un aumento en la dotación de personal, aumentando de $205 millones a $343 millones, mientras que los destinados a bienes y servicios de consumo pasan de $1.036 millones a $843 millones, debido a una optimización del uso de viáticos y una mejor planificación, manteniendo la totalidad de los recursos para la realización de las diligencias de búsqueda.

2. ¿Por qué se propone reducir estos recursos y qué criterio se utilizó para definir el ajuste?

El ajuste propuesto responde a una estrategia orientada a fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas. Para su determinación, se aplicó un criterio de eficiencia y priorización del gasto, procurando optimizar los recursos disponibles y resguardar la continuidad de las funciones sustantivas del Plan Nacional de Búsqueda, particularmente aquellas vinculadas con las diligencias de búsqueda y la atención a familiares.

3. Los recursos del Servicio Médico Legal para pericias del plan disminuyen. ¿Qué impacto tendría esa disminución en la cantidad de pericias, las identificaciones y los tiempos de respuesta a las familias?

En el caso del Servicio Médico Legal, el proyecto de Ley de Presupuestos para 2027 contempla $777,3 millones destinados al Plan Nacional de Búsqueda, manteniendo la dotación de 14 profesionales asociados a estas labores.

El ajuste mencionado refleja la subejecución en esta partida por el Servicio respecto al monto asignado en 2026. Por ello estamos colaborando con el Servicio Médico Legal en diversas estrategias para facilitar la ejecución presupuestaria de las pericias forenses, procurando agilizar los tiempos de respuesta a las solicitudes de los tribunales.

4. ¿Se postergarán o reducirán búsquedas en terreno, levantamientos de testimonios u otras acciones?

En lo que respecta a las acciones del Plan Nacional de Búsqueda se contempla la continuidad y el fortalecimiento de las capacidades operativas destinadas a diligencias especializadas y a la asistencia a familiares. La planificación presupuestaria busca asegurar la continuidad de estas funciones, mediante una utilización eficiente de los recursos y la priorización de las actividades directamente vinculadas con los objetivos del Plan.

5. ¿El Gobierno está dispuesto a reponer recursos durante la tramitación del Presupuesto 2027?

El proyecto de Ley de Presupuestos constituye una propuesta del Ejecutivo responsable, que se preocupa tanto de las principales urgencias de los chilenos como de la promoción y protección de los derechos humanos de todos.

Nosotros participaremos de la discusión legislativa entregando los antecedentes técnicos necesarios y explicando los criterios que fundamentan la asignación de recursos, asegurando que se utilicen de la manera más eficiente posible, en el marco de responsabilidad fiscal.

7. Las familias de detenidos desaparecidos llevan décadas esperando saber qué ocurrió con sus seres queridos. ¿Cómo se compatibiliza la reducción de recursos para buscarlos con el compromiso del Gobierno en materia de derechos humanos? ¿Qué garantía concreta pueden darles de que esa espera no se prolongará aún más?

El ajuste presupuestario mencionado responde a un esfuerzo transversal de eficiencia del gasto público, resguardando la continuidad de las funciones sustantivas y la ejecución de las diligencias de búsqueda. En este contexto, el criterio aplicado ha sido priorizar aquellas actividades con impacto directo en el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Búsqueda, fortaleciendo la capacidad operativa necesaria para su implementación.

Respecto de las garantías, es importante señalar que la tramitación de las causas de búsqueda dependen de los tribunales de justicia, con los cuales mantenemos una colaboración interinstitucional fluida y eficaz, junto con muchas otras instituciones y servicios que participan en este desafío compartido.