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El jueves 8 de octubre, cerca de las cinco de la tarde, un aluvión bajó por San Carlos de Apoquindo. A las 18:14 el presidente Kast informaba que el delegado ya estaba en terreno y que ministros y equipos del MOP iban en camino. A las 20:12, Las Condes era zona de catástrofe. Tres horas. Nadie puede reprochar que el Estado llegue rápido donde hay familias con el barro hasta las rodillas: eso es exactamente lo que debe hacer. El problema es otro. Que esa rapidez sea la excepción, y que la excepción tenga dirección postal.
En julio, el sistema frontal que golpeó a Coquimbo y a la provincia del Huasco dejó 13 muertos y cerca de 17 mil damnificados. El estado de catástrofe llegó seis días después. Entonces el Presidente explicó que instalar un puesto de mando con un general a cargo “no se hace en un par de horas”. En octubre, en el sector oriente, se hizo en tres.
El Gobierno responde que no hay ciudadanos de primera ni de segunda, que “todas las regiones, lugares, comunas son igual de importantes” y que “por razones geográficas hay respuestas que son más rápidas que otras”. Tiene razón en algo: la geografía importa. Pero la que pesa no es solo la de los cerros y los caminos cortados de Alto del Carmen. Es la geografía del poder: dónde viven, transitan y se atienden quienes toman las decisiones. Cuando la emergencia ocurre en el barrio que la élite conoce, la urgencia se entiende sin que nadie tenga que explicarla. Cuando ocurre lejos, primero hay que convencer al Estado de que existe.
La reacción del Estado no puede depender de si el ministro, el seremi o el asesor vive en ese territorio. Si la velocidad de la respuesta se mide en la distancia entre la emergencia y la casa de la autoridad.
Conchalí lo sabe. El 23 de enero de 2025 un socavón se tragó la mitad de una multicancha entre Barón de Juras Reales y Santa Inés, justo sobre un colector de aguas lluvias del MOP que costó más de cinco mil millones de pesos y que debía proteger a unos 41 mil vecinos.
Hoy, un año y nueve meses después, el hoyo sigue ahí: cercado, a metros de las viviendas, con licitaciones fallidas, sin fecha de solución y con expertos advirtiendo que el terreno podría seguir cediendo. Chilevisión lo mostró hace días en su serie “Chile a medias. Hoy la cancha ya fue tragada completa.
Cuesta imaginar un socavón abierto durante más de 600 días en una plaza de Vitacura o de Lo Barnechea. No por mala fe de alguien en particular, sino porque allí el problema de los vecinos es también el problema de quienes deciden. Esa es la desigualdad territorial más difícil de ver, porque no aparece en ningún decreto: la desigualdad de la urgencia.
Por eso el debate no es si Las Condes merecía la respuesta que tuvo. La merecía. El debate es por qué Coquimbo, Huasco o Conchalí tienen que esperar. Y la respuesta no puede quedar a la voluntad del gobierno de turno.
Chile necesita protocolos con plazos obligatorios y públicos, iguales para cualquier comuna: tiempos máximos para evaluar y decretar, metas de reparación para la infraestructura pública dañada y responsables con nombre y apellido cuando esos plazos no se cumplan. Y necesita municipios populares con capacidades reales para enfrentar emergencias.
La vara para medir a un Estado es saber cuanto se demora en llegar a donde nunca llega. En San Carlos de Apoquindo bastaron tres horas. En Conchalí llevamos veintiún meses mirando un hoyo. Esa distancia también es una catástrofe, y nadie la ha decretado.
