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Los partidos políticos chilenos tienen cada vez menos militantes y quienes permanecen en ellos son progresivamente mayores. Un reportaje de El Mercurio, elaborado con datos del Servicio Electoral, muestra que entre 2021 y 2026 la edad promedio ponderada de la militancia aumentó cerca de cinco años, mientras las colectividades perdieron alrededor de 153 mil afiliados. Ambas tendencias expresan la contracción de la base partidaria y una creciente dificultad para incorporar nuevas generaciones.
El fenómeno atraviesa a todos los partidos comparables. La edad promedio de la Democracia Cristiana subió de 56,6 a 60,4 años y la de la UDI, de 54,3 a 57,4. El Partido Radical, el Comunista, Renovación Nacional y el PPD presentan promedios de entre 52,4 y 55,8 años. La Democracia Cristiana registra el caso más extremo, con 46,2 por ciento de afiliados mayores de 60 años. En el otro extremo se encuentra el Partido Liberal, cuya edad promedio es de 34,8 años.
La comparación exige cautela, pues no todos los partidos registrados en 2026 existían en 2021. Aun así, cada colectividad observable en ambas fechas envejeció. La población chilena de 65 años o más aumentó 2,6 puntos porcentuales entre los censos de 2017 y 2024, mientras la proporción de militantes de 60 años o más creció 7,6 puntos en menos de cinco años. El padrón partidario envejece más rápidamente que la sociedad.
La experiencia de los militantes mayores constituye un activo. La señal preocupante aparece cuando el envejecimiento supera al de la población y coincide con una disminución del número de afiliados. Eso ocurre en Chile. La incorporación de jóvenes ha sido insuficiente para compensar el paso del tiempo y la salida de militantes.
El Frente Amplio, el Partido de la Gente y Republicanos conservan una militancia comparativamente más joven. Esa ventaja también comienza a erosionarse. En el Frente Amplio, los menores de 35 años disminuyeron de 49,1 a 31,7 por ciento entre 2021 y 2026. El Partido Nacional Libertario, pese a su reciente formación, tiene una edad promedio de 50,9 años. La novedad política no asegura renovación generacional.
Este envejecimiento forma parte de una ruptura más amplia entre los partidos y la sociedad, observable en la caída histórica de la identificación partidaria y de la confianza institucional. La Encuesta CEP Nº 96 registra un repunte reciente. La confianza en los partidos subió de 4 a 6 por ciento y la identificación llegó a 44 por ciento. Es una señal favorable, todavía insuficiente para sostener que existe un cambio de tendencia.
La disminución de la participación durante la vigencia del voto voluntario fue otra expresión de esta crisis. En las elecciones municipales de 2016 votó poco más de un tercio del padrón. La reintroducción del voto obligatorio elevó la concurrencia desde 2022, pero la obligación de sufragar no repara por sí sola el vínculo entre ciudadanos y partidos.
La distancia también se observa al interior de las colectividades. Cálculos realizados por el autor, a partir de cifras del Servel difundidas por El Mercurio y de resultados publicados por los propios partidos y la prensa, muestran que, desde 2023, solo una de las elecciones internas examinadas consiguió movilizar a más de una cuarta parte del padrón. En todos los demás procesos con información cuantificable, la participación registrada se situó por debajo del 25 por ciento.
La comparación es indicativa, porque la información presenta distintos grados de precisión y los partidos aplican reglas diferentes para conformar sus padrones electorales. El patrón resulta claro. La afiliación formal es mucho mayor que la militancia efectivamente activa. En varios casos, las autoridades nacionales son elegidas por una fracción reducida de quienes figuran inscritos.
Una base militante más pequeña, envejecida y escasamente movilizada dificulta la renovación. Aumenta la distancia con la ciudadanía, desalienta nuevas incorporaciones y favorece la permanencia prolongada de las mismas élites internas. También acentúa la dependencia respecto de parlamentarios y autoridades gubernamentales.
De ahí surge la paradoja del sistema chileno. Los partidos siguen presentando candidatos, integran el Congreso y participan en gobiernos. Conservan su arquitectura institucional mientras su conexión cotidiana con la sociedad se contrae. El Estado obliga a votar y financia a las colectividades, pero la legislación ofrece estímulos débiles para la formación política y la incorporación de militantes jóvenes.
El problema difícilmente se resolverá mediante campañas ocasionales de afiliación o nuevas plataformas digitales. Se requiere abrir los procesos internos, entregar influencia efectiva a la militancia y reconstruir la presencia partidaria en organizaciones sociales y espacios comunitarios.
La democracia representativa necesita partidos capaces de vincular a la ciudadanía con las instituciones y formar nuevas generaciones de dirigentes. Cuando la militancia disminuye, envejece y participa poco, esas funciones se vuelven cada vez más difíciles de cumplir. El sistema puede conservar durante algún tiempo sus estructuras visibles, mientras se debilitan los fundamentos sociales que las sostienen.
