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Durante años escuchamos una promesa: frente a la violencia sexual, la primera obligación es escuchar a la víctima. El 7 de octubre de 2023, esa promesa pidió ver su pasaporte. Después preguntó su religión.
La violencia sexual utilizada en una guerra persigue algo más amplio que la agresión individual. Busca humillar, dominar y provocar miedo en toda una comunidad. El cuerpo de la víctima se convierte en un mensaje dirigido a su familia y al pueblo al que pertenece. Por eso, desde 2008, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas reconoce que la violencia sexual puede constituir una táctica de guerra y un crimen contra la humanidad.
Esto ayuda a comprender por qué los abusos cometidos el 7 de octubre afectaron al pueblo judío mucho más allá de las fronteras de Israel. Fueron crímenes contra personas concretas y una advertencia dirigida a millones de judíos: sus cuerpos, sus familias y su intimidad podían ser sometidos.
En marzo de 2024, una misión encabezada por Pramila Patten, representante especial del secretario general de Naciones Unidas sobre Violencia Sexual en los Conflictos, examinó más de cinco mil fotografías, alrededor de cincuenta horas de grabaciones y testimonios de sobrevivientes, rehenes liberados, personal médico y rescatistas. Encontró motivos razonables para creer que se habían cometido violaciones y violaciones grupales en el festival Nova, la Ruta 232 y el kibutz Re’im. También reunió información clara y convincente sobre violencia sexual y tortura sexualizada contra personas secuestradas.
Un informe posterior del secretario general de la ONU incluyó a Hamás entre las organizaciones señaladas por patrones de violencia sexual relacionada con conflictos. En 2025, el Proyecto Dinah, integrado por especialistas en derecho y género, reunió nuevos antecedentes y sostuvo que estos crímenes habían sido utilizados como un instrumento deliberado de terror.
Una parte del feminismo occidental parece tener dificultades para entenderlo. Puede hablar con claridad sobre el patriarcado en una empresa, una universidad o una familia, pero su voz se vuelve vacilante cuando la violencia proviene de un grupo que se presenta como revolucionario, antioccidental o anticolonial. Entonces aparecen la contextualización infinita, la sospecha sobre las víctimas y la necesidad de equilibrar cada condena.
ONU Mujeres tardó hasta el 1 de diciembre de 2023, casi ocho semanas, en condenar inequívocamente los ataques de Hamás y manifestar su alarma ante los relatos de atrocidades sexuales. Para las mujeres judías, esa demora dejó una pregunta difícil de olvidar: ¿por qué su dolor necesitó superar un examen político antes de ser reconocido?
La sororidad no puede depender de la identidad del agresor ni de la popularidad de la víctima. Tampoco puede funcionar a partir de una clasificación ideológica en la que algunas mujeres son percibidas como vulnerables y otras quedan asociadas automáticamente al poder. Una mujer judía continúa siendo una mujer, aun cuando otros decidan convertirla en la representante de un Estado, un ejército o un conflicto.
El antisemitismo contemporáneo aparece también en esta dificultad para admitir a los judíos como víctimas. Se les exige justificar su dolor, se ponen sus testimonios bajo una sospecha especial y se les responsabiliza por decisiones que jamás adoptaron. En el caso de las mujeres judías, la violencia continúa cuando el mundo trata sus cuerpos como piezas de una discusión política.
Me cuesta llamar sororidad a una solidaridad que establece excepciones. También me cuesta aceptar un feminismo que evita nombrar la misoginia del islamismo radical por temor a incomodar a su propio sector político.
El feminismo formuló una promesa histórica: ninguna mujer debería enfrentar sola la violencia ni cargar además con la obligación de convencer al mundo de que merece ser escuchada. Las mujeres judías siguen esperando que esa promesa las incluya sin asteriscos.
