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La reunión de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), derivada del “Escudo de las Américas”, concluyó ayer en Panamá con participación de representantes de 19 países, incluido Chile, representado por el ministro de Defensa. El encuentro mostró que la iniciativa impulsada por Estados Unidos avanza rápidamente desde la coordinación política hacia una fase operativa.
Parte de los acuerdos contempla avanzar en un plan de campaña con horizonte en noviembre, formar grupos de trabajo, definir prioridades y liderazgos entre los países participantes. A ello se sumaron las referencias del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, a la cooperación operacional ya desplegada con Ecuador y su anuncio de que el nuevo gobierno colombiano solicitó y autorizó operaciones militares conjuntas con Estados Unidos contra organizaciones consideradas narcoterroristas.
La intervención de Hegseth abrió, además, otras discusiones de gran alcance. Instó a los países de la región a aumentar su gasto en defensa y llamó a retirarse de la Corte Penal Internacional, enmarcando la cooperación hemisférica en una visión política mucho más amplia.
Cada uno de esos elementos merece análisis: el empleo de capacidades militares contra organizaciones criminales, sus límites jurídicos, las implicancias para la soberanía, el financiamiento de la defensa o la relación con el sistema internacional de justicia. Pero concentrarnos únicamente en los mensajes de Estados Unidos puede desplazar los análisis y debates más profundos y sistémicos que Chile necesita dar.
La postura de Defensa en Chile hasta ahora ha sido participar como “observadores” de la instancia, es decir, no se ha confirmado publicamente una adhesión a la iniciativa. Pero, a nivel nacional, la pregunta inicial, y tal vez la más relevante que debería plantearse, no es si debemos incorporarnos a una arquitectura militar diseñada desde fuera, sino cuál es nuestra estrategia chilena de cooperación internacional para la persecución del crimen organizado transnacional.
El crimen organizado opera mediante redes que cruzan fronteras, mueven drogas, armas, personas y dinero, y explotan diferencias regulatorias y capacidades estatales. Su persecución, por tanto, no se desarrolla en el ámbito de la defensa. Requiere policías que intercambien información, fiscales que coordinen investigaciones, mecanismos de asistencia penal y extradición, inteligencia financiera, cooperación aduanera y capacidades para seguir personas, bienes y recursos entre distintas jurisdicciones.
Por eso, frente a las preguntas y desafíos que supone el desarrollo de A3C para Chile, también corresponde preguntar cómo se articulará esta arquitectura, impulsada principalmente desde los ministerios de Defensa y el Comando Sur, con los sistemas de persecución criminal que ya existen.
¿Dónde están en este diseño las policías, los fiscales y las instituciones encargadas de investigar los delitos? ¿Cómo se relacionarán eventuales operaciones militares con investigaciones destinadas a producir evidencia, identificar responsables, desarticular patrimonios criminales y llevar casos ante los tribunales? Estas preguntas son especialmente relevantes si, tal como han expresado algunas autoridades de Gobierno, el país tiene una arquitectura legal y compromisos normativos que cumplir.
En ese ámbito, Chile no parte de cero. Cuenta con tratados, acuerdos bilaterales y multilaterales, redes policiales, mecanismos de asistencia penal y extradición, cooperación financiera, aduanera, diplomática y consular. También ha impulsado el Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que tiene potencial para aportar. Pero ninguna iniciativa, propia o externa, reemplaza la necesidad de mirar el sistema en su conjunto.
Lo urgente es analizar de manera detallada y estratégica cómo está funcionando la arquitectura con la que Chile ya cuenta. Qué instrumentos se utilizan y cuáles permanecen subutilizados; dónde existen brechas de información; con qué países enfrentamos mayores dificultades de cooperación; qué capacidades necesitan las policías y el Ministerio Público; qué obstáculos jurídicos ralentizan las investigaciones; y qué nuevos acuerdos o mecanismos podrían aportar realmente a resolver esas brechas.
Solo después de ese diagnóstico tiene sentido evaluar cómo A3C u otras iniciativas pueden contribuir a objetivos definidos por Chile. Y solo entonces corresponde determinar qué capacidades específicas podrían aportar Defensa y las Fuerzas Armadas en el plano internacional, bajo qué normativa, con qué límites y para responder a qué necesidades concretas.
Ese trabajo tiene hoy un responsable institucional claro. La creación del Ministerio de Seguridad Pública no representa simplemente una oportunidad para ordenar estas materias. El ministerio tiene el deber de conducir estratégicamente la política de seguridad pública y de coordinar al Estado frente al crimen organizado nacional y transnacional. Eso supone liderar también una estrategia de cooperación internacional para su persecución, articulando al Ministerio Público, las policías, Aduanas, la UAF y los demás organismos competentes.
Cancillería tiene un papel indispensable para proyectar esas prioridades al exterior y activar la red diplomática y consular, pero no le corresponde conducir la estrategia. Defensa, por su parte, puede aportar capacidades específicas cuando el diagnóstico lo justifique. Pero ambos deben insertarse en una estrategia integral de Estado conducida desde las necesidades de seguridad pública.
La discusión, entonces, no consiste en analizar la conveniencia de sumarse a A3C, ni en resolver primero cuánto deben involucrarse las Fuerzas Armadas. El orden debe ser el contrario: entender nuestro sistema, identificar sus brechas, definir prioridades y, desde ahí, decidir qué mecanismos externos fortalecen realmente la capacidad de Chile para perseguir al crimen organizado transnacional. A3C ha acelerado el debate. Lo urgente ahora es que Chile defina la estrategia propia desde la cual enfrentarlo.
