Gazmuri versus Gazmuri

Los apellidos pueden coincidir. Las ideas pueden ser distintas. Pero cuando se trata del ejercicio de un cargo público, existe un principio que debiera estar por sobre cualquier diferencia: la transparencia.

Hace unos días decidí someterme voluntariamente a un test de drogas junto a otros cuatro concejales de Villa Alemana y al alcalde Nelson Estay. Mi resultado fue negativo. No lo hice para obtener un titular ni para apuntar con el dedo a nadie. Lo hice porque creo que quienes ejercemos responsabilidades públicas debemos estar disponibles para rendir cuentas y demostrar, con hechos, que estamos a la altura de la confianza que la ciudadanía deposita en nosotros.

Valoro el proyecto de reforma constitucional impulsado por el presidente José Antonio Kast, que busca establecer la obligación para diversas autoridades de someterse a este tipo de controles. Es una iniciativa que apunta a fortalecer la transparencia y la probidad en el servicio público.

Quiero ser igualmente claro en otro aspecto. Mi llamado a la diputada Ana María Gazmuri no pretende desconocer el trabajo que ha desarrollado durante años junto a la Fundación Daya. Esa organización ha contribuido al acompañamiento de pacientes y familias, especialmente en el ámbito del uso terapéutico del cannabis y de los cuidados paliativos. Como concejal, también me ha tocado conocer de cerca la realidad de adultos mayores y de personas que enfrentan enfermedades complejas, por lo que valoro ese aporte y creo que ese debate merece respeto.

Sin embargo, una cosa es la discusión sobre el cannabis medicinal y otra muy distinta es el estándar de transparencia que debemos cumplir quienes ejercemos cargos públicos.

Por eso invito respetuosamente a la diputada Ana María Gazmuri a realizarse el test de drogas. Sería una señal importante para la ciudadanía. Defender una causa legítima y someterse a los mismos controles que el resto de las autoridades no son acciones incompatibles; al contrario, fortalecen la credibilidad de las instituciones y del debate público.

Creo también que Chile debe avanzar un paso más. Así como hoy la ley establece requisitos para postular a cargos de elección popular, como haber completado la enseñanza media, también debiera incorporarse la obligación de presentar un examen de drogas como requisito para quienes aspiren a ser diputados, senadores, alcaldes, gobernadores regionales, consejeros regionales o concejales. Quien aspira a representar a la ciudadanía debe estar dispuesto a cumplir los más altos estándares de transparencia, probidad y responsabilidad.

La confianza pública no se construye con discursos, sino con hechos. Mientras más exigentes seamos con quienes ejercemos responsabilidades públicas, más fuerte será nuestra democracia.

Porque, al final, el verdadero debate no es entre Gazmuri y Gazmuri. El verdadero debate es si estamos dispuestos a construir un Estado donde la transparencia no sea una opción, sino un requisito para servir a Chile.