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Cuando comencé a ir al colegio, hace ya unos 85 años, nos enseñaban que Chile era un país largo y estrecho, en el que vivían cinco millones de personas, de las cuales un millón habitaban en la capital. Aquello ya llamaba la atención y se advertía el peligro de parecernos a un enano con una cabeza enorme. Desde entonces se hablaba de la necesidad de descentralizar el país.
De allí en adelante, creo que no ha habido gobierno que no haya prometido avanzar en la descentralización nacional. Sin embargo, los resultados han sido tan pobres que hoy Chile bordea los veinte millones de habitantes y en la llamada Región Metropolitana se concentran aproximadamente diez millones de personas.
¿A qué se debe ese fracaso tan evidente? A que se ha intentado descentralizar mediante simples medidas administrativas, como si elevar de categoría una municipalidad o crear gobiernos regionales con mayores atribuciones fueran soluciones suficientes. Pero descentralizar un país requiere algo mucho más profundo: crear oportunidades de trabajo y desarrollo en las distintas regiones, y eso solo se logra mediante proyectos de inversión que aprovechen las capacidades y riquezas de cada zona del territorio nacional.
El proyecto de reactivación económica del actual gobierno podría transformarse en una oportunidad para dar prioridad a las inversiones que se desarrollen fuera de Santiago. Es cierto que una parte importante de los proyectos de construcción se concentrará en la capital debido al enorme déficit habitacional existente, pero ello no debe impedir que el Estado impulse con decisión nuevas iniciativas en regiones.
Una forma efectiva de lograrlo sería mediante concesiones, por ejemplo, de recursos mineros que permanecen sin explotación y que podrían convertirse en motores de desarrollo para determinadas zonas del país. Medidas de este tipo permitirían alcanzar simultáneamente dos objetivos fundamentales: impulsar el crecimiento de la economía chilena y producir una descentralización real que reduzca la excesiva concentración existente en la Región Metropolitana.
Otro camino complementario sería establecer beneficios tributarios para las inversiones que se instalen fuera de Santiago. Chile posee riquezas naturales y capacidades productivas suficientes para generar polos de desarrollo regional si existe una política decidida para aprovecharlas.
La descentralización también tiene una relación directa con la seguridad nacional. La excesiva concentración de población y actividad económica en unas pocas ciudades facilita que determinados fenómenos criminales encuentren espacios donde desarrollarse. Un país más equilibrado territorialmente, con oportunidades de trabajo y presencia efectiva del Estado en todas sus regiones, constituye también una herramienta para enfrentar esos problemas.
El presidente Kast puede convertir su gobierno en un gran éxito si logra cumplir sus dos principales compromisos de campaña: recuperar la seguridad frente a la delincuencia y al crimen organizado, y poner nuevamente en marcha la economía chilena. Ambas tareas enfrentarán una fuerte oposición política, pero el Gobierno debe abordarlas con firmeza dentro del marco institucional vigente.
Para cumplir la promesa de derrotar a las bandas criminales que hoy atemorizan a muchos ciudadanos, el Ejecutivo debe contar con todas las herramientas que la Constitución y las leyes le entregan. Las Fuerzas Armadas no tienen solamente la misión de responder ante agresiones externas; también pueden cumplir funciones extraordinarias cuando una emergencia interna pone en riesgo la seguridad y estabilidad del Estado.
Chile acaba de incorporarse a una alianza internacional de países destinada a combatir las bandas criminales que afectan a sus miembros, iniciativa liderada por Estados Unidos. Esta enorme tarea podría verse favorecida por una descentralización efectiva, que permita fortalecer la presencia del Estado en todo el territorio y evitar que la actividad criminal se concentre principalmente en determinadas zonas urbanas.
La experiencia del Estado de Emergencia aplicado en La Araucanía demuestra que, cuando el Estado actúa con decisión, es posible reducir la acción de grupos violentistas y recuperar espacios donde antes su autoridad se encontraba debilitada. Esa experiencia debe servir como referencia para enfrentar el crimen organizado a nivel nacional.
La descentralización del país constituye, por lo tanto, mucho más que una política administrativa: es una herramienta de desarrollo, de integración territorial y también de fortalecimiento de la autoridad del Estado.
Naturalmente, para alcanzar estos objetivos se requiere una voluntad firme y sostenida del Presidente. Si logra avanzar en seguridad, crecimiento económico y desarrollo regional, estará dando pasos decisivos para que Chile recupere la senda del progreso y mejore las condiciones de vida de toda su población.
