Municipios en primera línea

Cada vez que la naturaleza despliega su fuerza sobre nuestro territorio, el discurso oficial apela a la resiliencia, a la coordinación institucional y a la vocación de servicio de quienes enfrentan la emergencia. Y es cierto: el compromiso de nuestros equipos de respuesta nunca ha estado en duda. Sin embargo, la voluntad no reemplaza a la infraestructura, y la experiencia acumulada (por más dolorosa que haya sido) parece no ser suficiente para corregir vulnerabilidades que, a estas alturas, resultan sencillamente impresentables.

Hace un mes, en el marco del Primer Foro Tecnológico de Gestión de Emergencias de la Región de Valparaíso, analizamos junto a expertos nacionales e internacionales los principales desafíos que enfrenta el Estado para responder a eventos críticos. La conclusión fue unánime: más allá de la sofisticación de los planes o de la cantidad de recursos disponibles, la piedra angular de cualquier sistema moderno de gestión de emergencias es disponer de una red de comunicaciones robusta, interoperable, redundante y permanentemente operativa.

Cuando ocurre un desastre, la caída de la telefonía móvil, la interrupción del suministro eléctrico o el colapso de las redes comerciales no constituyen una sorpresa; forman parte del comportamiento esperado de una catástrofe. Lo verdaderamente inadmisible es que, frente a cada nueva emergencia, el país vuelva a comprobar las mismas falencias y vuelva a descubrir comunidades completamente aisladas, incapaces de informar sus necesidades o de coordinar oportunamente la ayuda.

La historia reciente de Chile es elocuente. El terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010 dejó al descubierto que la pérdida de las comunicaciones puede paralizar la conducción de una emergencia y retrasar decisiones que significan la diferencia entre la vida y la muerte. Los incendios forestales de 2017, las megacatástrofes del centro sur en 2023, los devastadores incendios de la Región de Valparaíso en 2024 y los sucesivos temporales e inundaciones han repetido exactamente la misma lección: redes saturadas, interrupción de las comunicaciones, dificultades para compartir información crítica y una coordinación limitada precisamente cuando el Estado más necesita actuar como un solo sistema. No estamos frente a episodios aislados; estamos frente a una vulnerabilidad estructural que el país conoce desde hace más de quince años y que aún no termina de resolver.

Chile posee, sin embargo, una fortaleza que pocos países pueden exhibir. Existe una red nacional de comunicaciones de emergencia con cobertura territorial, desarrollada históricamente por Carabineros de Chile y que ha servido como soporte estratégico para la coordinación de SENAPRED, integrando progresivamente a Bomberos, SAMU, Directemar, la Policía de Investigaciones y próximamente a Gendarmería. Esa infraestructura constituye una capacidad estratégica del Estado y demuestra que el problema no radica en la inexistencia de una red nacional.

La pregunta, entonces, es otra: ¿por qué seguimos observando brechas tan importantes en la respuesta local? La respuesta está en el territorio.

Los municipios, especialmente aquellos ubicados en zonas rurales, cordilleranas o aisladas, representan el primer nivel operativo del Estado. Son sus funcionarios quienes llegan primero al lugar de la emergencia, quienes conocen a las comunidades afectadas, identifican los riesgos, coordinan las primeras evacuaciones y levantan la información indispensable para orientar la respuesta institucional. Ningún ministerio ni organismo central puede reemplazar ese conocimiento territorial durante las primeras horas de una crisis.

Las comunicaciones de emergencia no pueden seguir considerándose un tema accesorio. Constituyen infraestructura crítica para la continuidad operacional del Estado. Sin comunicaciones no existe coordinación; sin coordinación no es posible evaluar daños, priorizar recursos, proteger a la población ni recuperar oportunamente los servicios esenciales.

La verdadera necesidad es garantizar la interoperabilidad entre todas las instituciones responsables de la respuesta.
En este escenario, los Gobiernos Regionales están llamados a desempeñar un rol decisivo. A través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y de mecanismos como la Circular N.º 33 del Ministerio de Hacienda, cuentan con atribuciones para financiar programas regionales destinados a fortalecer la conectividad crítica de los municipios mediante terminales interoperables, respaldo energético, enlaces satelitales y equipamiento que asegure la continuidad de las comunicaciones durante una catástrofe.

Como Centro de Estudios y Gestión Estratégica de Seguridad Municipal (CEGES) de la Asociación Chilena de Municipalidades, sostenemos que integrar a todas las municipalidades del país a la red oficial de comunicaciones de emergencia constituye una necesidad estratégica y una obligación ética con los ciudadanos. Chile no necesita partir desde cero ni construir una nueva infraestructura nacional. La base ya existe. Lo que falta es la decisión de incorporar plenamente al municipio (el primer respondedor del Estado) al mismo sistema de mando y coordinación que utiliza el resto de las instituciones.

Una emergencia nunca espera y cuando las comunicaciones fallan, no solo se interrumpen las señales; también se interrumpe la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos. La resiliencia del Estado no se mide únicamente por la rapidez con que reconstruimos después de una catástrofe. Se mide, sobre todo, por nuestra capacidad para permanecer conectados cuando todo lo demás ha dejado de funcionar.