El precio del olvido

Durante su tramitación en el Senado, parlamentarios de oposición incorporaron al proyecto de Reconstrucción Nacional una indicación sobre una materia decisiva para el acceso al crédito: el llamado derecho al olvido financiero. La expresión resulta atractiva. ¿Quién podría oponerse a que una persona deje atrás una mala racha? No obstante, la confianza se construye con información.

Cuando alguien solicita un crédito, los bancos, cooperativas y casas comerciales no revisan el historial de pago por capricho, sino para estimar el riesgo y decidir cuánto prestar, a qué plazo y bajo qué condiciones. Si esa memoria se elimina por ley más allá de lo razonable, quien concede financiamiento debe tomar decisiones sin conocer una parte relevante de la historia.

Y esa incertidumbre tiene un costo. Cuando existe menos información, las instituciones suelen protegerse con tasas más altas, mayores garantías o cupos más reducidos. La cuenta termina afectando también a quienes han pagado puntualmente o renegociaron sus deudas con esfuerzo. El crédito descansa sobre una premisa sencilla: la palabra empeñada importa. Si pagar o no pagar produce el mismo resultado, el incentivo a cumplir se debilita, pues la confianza no se decreta, sino que se acumula con el tiempo.

Esto no significa negar una segunda oportunidad. Perder el empleo, enfermarse o enfrentar una emergencia puede desordenar la vida económica incluso de una persona responsable. La sociedad debe permitir recuperarse. Pero la reinserción financiera no se logra decretando una amnesia legal que trate del mismo modo al deudor ocasional y a quien incumple de manera contumaz.

La protección de los datos personales tampoco puede convertirse en un derecho a reescribir la propia historia económica. Es correcto eliminar información obsoleta, impedir abusos y evitar que una deuda antigua se transforme en una condena perpetua. Pero también es razonable que quien arriesga sus recursos pueda conocer antecedentes actuales y relevantes. El equilibrio no consiste en ocultar el riesgo, sino en impedir que la información sea utilizada de manera arbitraria o indefinida.

La propuesta refleja una tentación frecuente de la política: creer que un problema desaparece cuando se borra el dato que lo revela. No obstante, eliminar un registro no paga la deuda, no aumenta los ingresos de una familia ni resuelve el sobreendeudamiento. Solo hace más difícil distinguir entre situaciones diferentes. Y cuando el sistema pierde esa capacidad, no se vuelve más humano, sino más desconfiado.

Para ampliar el acceso al financiamiento no hay que abolir la memoria financiera, sino que hacerla más justa. Se necesita información exacta, plazos prudentes, mecanismos simples de aclaración, opciones reales de renegociación, incentivos para ponerse al día y protección efectiva frente a los abusos. Así es posible compatibilizar la dignidad de quien necesita recomenzar con la responsabilidad que exige vivir en comunidad. Lo contrario puede terminar produciendo menos crédito, más caro y más difícil de obtener.

En suma, no se recupera la confianza obligando al sistema financiero a olvidar lo que necesita conocer. A quienes han quedado fuera del crédito se les ayuda ofreciéndoles un camino para reconstruir su historial, no fingiendo que este nunca existió. Convertir el olvido en política pública no elimina el costo, sino simplemente hace que lo pague alguien más. Y, cuando esto ocurre, se debilita aquello que más se necesita para financiar el futuro: la confianza.