La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, envió un oficio a la Cámara de Diputadas y Diputados en el que manifestó su preocupación por la indicación aprobada en el proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional que busca establecer el denominado “derecho al olvido en materia financiera”.
En el documento, la autoridad advierte que la medida podría tener efectos relevantes sobre el funcionamiento del sistema financiero, el acceso al crédito y la evaluación del riesgo de los deudores, por lo que llamó a profundizar su discusión en una iniciativa legal específica.
En la carta, -dirigida al presidente de la Cámara Baja, Jorge Alessandri-, sostiene que la norma fue incorporada mediante una indicación parlamentaria durante el segundo trámite constitucional en el Senado, sin haber formado parte del mensaje original del proyecto.
Por ello, argumentó la presidenta del Banco Central, no existió una instancia para que organismos técnicos y especialistas pudieran entregar antecedentes antes de su aprobación.
Qué plantea la indicación: el artículo incorporado establece que las entidades que tratan datos financieros deberán eliminar de sus registros internos y de las comunicaciones a terceros la información sobre deudas impagas o extinguidas de personas naturales cuando hayan transcurrido más de cinco años desde que la obligación se hizo exigible o se extinguió. Además, prohíbe que bancos e instituciones financieras utilicen esa información para negar créditos, productos financieros o la apertura de cuentas, obligándolos a fundamentar por escrito cualquier rechazo.
Los riesgos
Uno de los principales reparos del Banco Central apunta a que la obligación de eliminar los antecedentes podría entrar en tensión con el derecho de propiedad que poseen los acreedores sobre sus créditos.
La institución explicó que impedir a un banco o acreedor conservar registros de sus acreencias podría afectar incluso la posibilidad de acreditar la existencia de obligaciones naturales —aquellas prescritas judicialmente, pero cuyo pago puede ser retenido si el deudor las cumple voluntariamente— y también generar contradicciones con las normas que permiten interrumpir la prescripción de una deuda.
También planteó que eliminar parte del historial financiero de los deudores podría reducir los incentivos al pago oportuno de las obligaciones, ya que los incumplimientos dejarían de influir en futuras evaluaciones crediticias.
A juicio del Banco Central, ello obligaría a las entidades financieras a operar con menos información para medir riesgos, lo que podría traducirse en políticas de crédito más restrictivas, mayores exigencias de garantías y tasas de interés más altas para el conjunto de los usuarios del sistema financiero.
Si bien reconoce que la iniciativa busca favorecer la reinserción financiera de las personas y fortalecer la protección de datos, estima que también podría generar efectos relevantes sobre el acceso al crédito, la evaluación del riesgo y el funcionamiento del sistema financiero.
Por todo, el instituto emisor planteó que la materia debería analizarse en una tramitación específica sobre derecho al olvido financiero —que ya existe en el Congreso— y no dentro del proyecto de reconstrucción nacional.
Además, recordó que estas observaciones se suman a las advertencias que previamente formuló respecto de la indicación que prohíbe el anatocismo, también incorporada al mismo proyecto.
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