Las intensas lluvias que afectan recientemente a Chile dejaron una lección que no podemos seguir ignorando. Las imágenes de viviendas inundadas, caminos destruidos y familias que perdieron todo no responden únicamente a la fuerza de la naturaleza. También reflejan decisiones que, durante años, permitieron construir donde no debía construirse, urbanizar zonas de riesgo y debilitar la planificación territorial.
Los desastres naturales no siempre pueden evitarse, pero sus consecuencias sí pueden reducirse. Esa es la esencia de la gestión del riesgo. Cuando una vivienda está emplazada en el cauce de un río, en una quebrada o en un terreno con permanente amenaza de remoción de masas, el problema comienza mucho antes de que caiga la primera gota de lluvia. El temporal solo hace visible una vulnerabilidad que existía desde el inicio.
Chile ha construido un prestigio internacional gracias a sus normas sísmicas y a sus estándares de construcción. No fue casualidad que grandes terremotos encontraran edificios en pie cuando en otros países eventos similares provocaron miles de víctimas. Ese aprendizaje no puede limitarse solo a los sismos. Debe extenderse a inundaciones, incendios forestales, aluviones y todas las amenazas que el cambio climático está intensificando.
Por eso resulta preocupante que, en nombre de acelerar proyectos o reducir la llamada “permisología”, se debiliten controles técnicos que tienen como único propósito proteger la vida de las personas. Un permiso de construcción, un estudio de riesgos, una evaluación hidráulica o una revisión estructural no son simples trámites administrativos: son garantías de seguridad. Cuando se eliminan o relativizan, el costo termina pagándolo la ciudadanía.
La prevención exige también un Estado que planifique con visión de largo plazo. No basta con reaccionar cuando ocurre la emergencia. Se requiere invertir en obras de mitigación, fortalecer a los municipios, actualizar los planes reguladores, impedir nuevas construcciones en zonas de riesgo y reforzar la capacidad de respuesta de instituciones como Senapred, Bomberos y los gobiernos locales.
Las lluvias de estos últimos días nos recuerdan que la naturaleza seguirá poniendo a prueba a nuestro país. La pregunta no es si volverá a ocurrir una emergencia, sino si estaremos mejor preparados para enfrentarla.
Esa preparación comienza mucho antes de la alarma: comienza cuando respetamos la planificación territorial, exigimos normas de construcción de alto estándar y entendemos que la prevención nunca es un gasto inútil.
Porque las familias chilenas no necesitan discursos después de cada temporal. Necesitan la certeza de que sus hogares fueron construidos en lugares seguros y bajo estándares que protejan sus vidas. La verdadera política pública no consiste en reconstruir una y otra vez lo que pudo haberse evitado. Consiste en prevenir, planificar y actuar con responsabilidad antes de que la próxima emergencia vuelva a golpear al país.
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