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Decidir sobre el fin de la vida. He aquí un tema delicado y complejo que el parlamento francés terminó por resolver jurídicamente el miércoles pasado, con la adopción de la ley sobre “el derecho a la ayuda para morir”.
Como es lógico, una disposición de esta naturaleza no es únicamente el resultado de un debate parlamentario. Francia se venía preparando durante cuatro años, período en el que se desarrolló un debate que asoció, no solo a una “Convención ciudadana sobre el fin de la vida” —instancia designada por sorteo para reflexionar sobre tan álgido tema, cuyo informe final aboga por el reconocimiento de este derecho—, sino también a múltiples instituciones y expertos de todos los credos y convicciones.
Del mismo modo que lo fueron las leyes sobre la interrupción voluntaria del embarazo (1975) y la abolición de la pena de muerte (1981), esta disposición —probablemente la más trascendental del siglo actual— constituye un hito que marca profundamente a la sociedad francesa y quedará como el legado, tal vez más importante, del presidente Emmanuel Macron.
Quienes han tomado posición lo han hecho con extremada prudencia, respeto y luego de una profunda reflexión que se enmarca en lo filosófico, ético y moral, en la que estuvo permanentemente presente el sentido mismo de la vida.
Francia no es la primera en adoptar una disposición de este tipo. Países como Bélgica, Canadá, Luxemburgo, España, Portugal, Nueva Zelanda la han precedido. Pero como se trata de un debate aún no cerrado, bien vale la pena reflexionar al respecto.
Lo que la norma contempla
El reciente texto reconoce un nuevo derecho y establece una serie de requisitos para ejercerlo: La persona puede solicitar una ayuda para morir, a condición de ser mayor de edad, de nacionalidad francesa o residente legal, padecer una enfermedad grave e incurable, encontrarse en una fase avanzada o irreversible de enfermedad, experimentar un sufrimiento físico o psicológico persistente e insoportable que no pueda aliviarse en condiciones aceptables para el paciente y mantener plenamente la capacidad de discernimiento para expresar una voluntad libre e informada.
Una vez presentada la solicitud, una evaluación médica colegiada se pronunciará sobre el caso. Verificados todos los criterios establecidos, deberá transcurrir un período mínimo de reflexión de dos días entre la autorización y la ejecución de la decisión, conservando el paciente la opción de retractarse en cualquier momento.
La norma legal establece como principio general el suicidio asistido, acto en el que el propio paciente ingiere la sustancia letal. Solo cuando este no esté en condiciones físicas de hacerlo, un médico o un enfermero podrá intervenir.
Los facultativos podrán acogerse a una cláusula de conciencia por motivos éticos o religiosos. Sin embargo, el sistema de salud deberá garantizar que el paciente pueda ser atendido por otro profesional.
Un debate no cerrado
En el parlamento, los partidarios de la ley han sostenido, básicamente, que esta amplía la autonomía del paciente, evita sufrimientos insoportables y prioriza la libertad individual y la dignidad de la persona. Sus detractores argumentan que la noción de “sufrimiento insoportable” puede resultar demasiado amplia; que existe el riesgo de presiones sobre personas vulnerables; que la prioridad debería ser reforzar aún más los cuidados paliativos.
Aunque todas las encuestas muestran un amplio apoyo social al derecho a la ayuda para morir, el debate filosófico, ético y moral se mantendrá más allá de la promulgación de la ley. En él se confrontan quienes consideran que cada individuo debería poder decidir cómo y cuándo terminar su vida si padece una enfermedad incurable que le provoca sufrimientos insoportables. Para estos, la dignidad no consiste en permanecer con vida, sino en evitar una degradación física y psicológica considerada intolerable y evitar sufrimientos inútiles. Sostienen, además, que estas decisiones ya ocurrían de forma clandestina o implícita y que regularlas ofrece garantías jurídicas, controles médicos y supervisión.
Se trata de argumentos sostenidos por eminentes pensadores que han justificado o “comprendido” el acto del suicidio como una expresión de la libertad humana. En el enfoque masónico de la principal obediencia francesa —el Gran Oriente—, por ejemplo, la dignidad reside en la libertad de la persona y la conciencia individual debe ser respetada. El Estado —laico— debe entonces garantizar esa libertad sin imponer una moral religiosa.
Para el presidente Macron, la nueva ley es un “camino de fraternidad”, no una ruptura con la medicina, sino una respuesta excepcional para casos excepcionales.
Quienes se oponen al texto legal consideran que cruza una peligrosa frontera ética, ya que, en definitiva, lo que está en juego, es la inviolabilidad de la vida. Organizaciones religiosas —católicas, judías y musulmanas— sostienen que la vida humana posee un valor intrínseco que no depende de su calidad o utilidad. “Dios da la vida y Dios la quita”, reza un proverbio popular inspirado en el libro de Job (1, 21). Los católicos, quienes han sido especialmente críticos, afirman que ayudar a morir contradice, además, la misión establecida en el juramento de Hipócrates que obliga al facultativo a curar, aliviar y acompañar al enfermo, temiendo que el médico pase a ser quien provoque deliberadamente la muerte. En un comunicado oficial de la Conferencia Episcopal emitido el mismo día de la adopción de la ley, los obispos hablan de una “grave ruptura histórica”.
Uno de los argumentos más repetidos por los opositores consiste en advertir que, aunque la ley sea inicialmente muy restrictiva, con el tiempo podría ampliarse, citando como ejemplo el caso de Canadá, donde han ido incorporando nuevos criterios de acceso.
Finalmente, los opositores al texto legislativo insisten en una supuesta presión hacia los más vulnerables, ya que un enfermo puede pensar que es una carga económica para su familia, lo que podría incitarle a solicitar ayuda para morir.
Cabe destacar que este debate no sigue los patrones tradicionales de izquierda y derecha. Hay quienes apoyan y quienes condenan la ley en casi todos los sectores políticos, asociaciones médicas, organizaciones de pacientes y en las familias.
En el fondo, la discusión gira en torno a una vieja pregunta: ¿la dignidad humana consiste en preservar la vida hasta su término natural, o en respetar la libertad de la persona para decidir sobre ella cuando el sufrimiento hace que esta pierda sentido?
La pregunta permite confrontar dos visiones diferentes: la vida como valor absoluto, la que no puede instrumentalizarse, ya que trasciende al ser humano, y aquella que pone énfasis en la libertad individual, sosteniendo que, si un individuo decide libremente poner fin a su sufrimiento irreversible, el Estado debería respetar esa decisión.
De este modo, Francia ha actualizado una contradicción que trasciende sus fronteras: cómo conciliar la protección de la vida, el alivio del sufrimiento y el respeto de la libertad individual.
En cuanto a Chile, no es curioso que, en el proyecto de ley relativo a la eutanasia aprobado por la Cámara de Diputados y Diputadas en 2020, y que fue objeto de indicaciones y urgencia legislativa por parte del gobierno precedente, únicamente al final de su mandato, encontremos idénticas características y posiciones que se confrontan.
Como sabemos, el actual gobierno le ha retirado la urgencia al proyecto y este dormirá, probablemente, durante algunos años en el Senado, lo que no quita, por cierto, la validez de la reflexión y el necesario debate público.
