El Juzgado de Garantía de Coyhaique declaró admisible una querella que acusa que la investigación de la Fiscalía de Aysén contra una organización criminal dedicada al tráfico de marihuana bajo fachada medicinal, revelada en la “Operación Imperio Ámsterdam“, se habría iniciado a raíz de una denuncia con información alterada o falsificada, elaborada con testimonios que presuntamente no entregó el supuesto autor.
La acción acogida por dicho tribunal la presentó William Vásquez Martínez, director de la Corporación Medicinal Regional Dispensario Patagonia. Esta fue dirigida contra quienes responsables del presunto delito de falsificación de instrumento público cometido por empleado público.
Según consignó Meganoticias, el querellante apunta a Carabineros y a la Fiscalía Regional de Aysén.
Esta luz verde para la querella abre una nueva investigación penal que quedó en manos de Ángel Valencia, ya que el fiscal nacional deberá resolver una solicitud para designar a un fiscal distinto al de Aysén. Esto se debe a que el fiscal regional Hernán Libedinsky podría ser foco de imputaciones.
Esto último alude al artículo 19 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, que permite tomar esa medida cuando la gravedad, complejidad o extensión territorial de una causa lo hace imperativo.
La presunta denuncia inventada que dio origen al caso Imperio Ámsterdam
El fundamento de la querella se remonta a los hechos ocurridos en agosto de 2024, cuando William Vásquez fue voluntariamente a las dependencias del OS7 de Carabineros de Aysén.
De acuerdo con lo expuesto en la querella, él pretendía realizar consultas administrativas en torno al funcionamiento de su proyecto de dispensario medicinal, coordinaciones con organismo públicos y la legalidad del abastecimiento de flores de cáñamo de la empresa Má Botanics.
Su defensa asegura que la conversación no tuvo como fin una denuncia ni una autodenuncia, y que el querellante tampoco entregó antecedentes sobre ilícitos cometidos por él o terceros.
No obstante, el 26 de agosto de 2024, el OS7 de la policía uniformada remitió un oficio reservado en el que se consigna que Vásquez denunció una presunta infracción a la Ley 20.000. Incluso, se le atribuyó señalar que obtenía marihuana desde Má Botanics “para después cultivarla“. El aparente autor de la denuncia negó ambas afirmaciones.
La defensa del querellante sostiene que Carabineros le atribuyo acciones que no realizó y declaraciones diferentes a las que realmente entregó.
Además, la querella indica que Má Botanics tenía autorización del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para producir y comercializar flores de cáñamo con bajo contenido de THC. Igualmente, el productor no habría sido apto para la propagación, por lo que tampoco pudo utilizarse para iniciar nuevos cultivos.
El complejo panorama para la Fiscalía de Aysén
El caso que derivó en la Operación Imperio Ámsterdam inició a raíz de dicho oficio reservado N° 311. Incluso, el Ministerio Público habría solicitado diligencias contra el mismo querellante y su entorno, tales como escuchas telefónicas, vigilancias y seguimientos. Posteriormente, se autorizaron allanamientos, incautaciones y detenciones contra otros involucrados.
Precisamente, la Fiscalía de Aysén debe ser quien esclarezca la presunta falsificación. Por lo tanto, la defensa Vásquez advierte que mantener la causa en dicha región generaría una situación de “autoinvestigación institucional“.
La querella pide citar como imputados a los dos funcionarios del OS7 que firmaron el oficio y obtener la nómina completa de policías, fiscales y funcionarios que tuvieron acceso a la carpeta investigativa.
Del mismo modo, se solicita auditar bitácoras del Sistema de Apoyo a los Fiscales y de las plataformas policiales, junto con revisar la trazabilidad de las actuaciones derivadas del documento.
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