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Cada vez que un adolescente participa en un portonazo o encerrona con resultado de muerte para la víctima, el país vuelve a hacerse la misma pregunta: ¿está respondiendo de forma adecuada nuestro sistema de justicia? Lamentablemente, la respuesta es que no siempre.
Durante años, Chile construyó un sistema de responsabilidad penal adolescente basado en el principio de que los menores de edad no son adultos y, por lo tanto, deben ser tratados bajo un régimen especial que privilegie su reinserción. Ese principio sigue siendo válido y nadie pretende abandonarlo. Sin embargo, la realidad delictual ha cambiado y la ley debe ser capaz de adaptarse cuando los hechos así lo exigen.
Hoy vemos adolescentes involucrados en homicidios, portonazos y encerronas cada vez más violentas. No hablamos de errores propios de la juventud ni de delitos de baja lesividad. Hablamos de hechos que destruyen familias completas, dejan víctimas de por vida y generan un enorme temor en la ciudadanía. En muchos casos, además, estos jóvenes son utilizados por organizaciones criminales que conocen las limitaciones del sistema penal adolescente y aprovechan esas diferencias para ejecutar delitos extremadamente graves.
Precisamente por eso presentamos este proyecto de ley. No busca bajar la edad de responsabilidad penal ni equiparar completamente a los adolescentes con los adultos. Tampoco pretende terminar con el sistema especializado de justicia juvenil. Lo que propone es que cuando un adolescente cometa los delitos más graves contemplados por nuestra legislación, exista una respuesta proporcional a la magnitud del daño causado.
La iniciativa mantiene intacto el principio de especialidad, pero fortalece las sanciones para un catálogo muy específico de delitos, mejora el control del cumplimiento de las condenas, refuerza la internación provisoria en casos excepcionales y otorga mayor participación a las víctimas cuando se revisan beneficios durante la ejecución de las penas. Son ajustes puntuales, orientados exclusivamente a quienes cometen hechos de extrema violencia.
Algunos sostienen que endurecer las sanciones contradice la reinserción. No comparto esa visión. La reinserción sigue siendo un objetivo esencial y debe continuar siendo una prioridad del Estado. Pero la reinserción no puede confundirse con impunidad. Un sistema verdaderamente justo debe ser capaz de ofrecer oportunidades a quien quiere rehacer su vida, pero también debe entregar una respuesta clara frente a quien ha cometido un homicidio, una violación o un secuestro.
También se ha señalado que el problema debe abordarse únicamente desde la prevención. Por supuesto que debemos fortalecer las políticas de infancia, la educación, el apoyo a las familias y la intervención temprana. Sin embargo, esas políticas no excluyen la necesidad de contar con un sistema penal que responda de forma adecuada cuando el delito ya se ha consumado. Prevención y responsabilidad penal no son caminos opuestos.
Durante la discusión legislativa escuchamos el testimonio de padres que perdieron a sus hijos a manos de adolescentes. También escuchamos a fiscales que diariamente investigan delitos gravísimos cometidos por menores de edad. Sus relatos muestran una realidad que no podemos seguir ignorando. Las víctimas también tienen derechos. Merecen ser escuchadas y merecen que el Estado actúe con proporcionalidad frente al daño sufrido.
Una de las conclusiones de este debate es que el Estado tiene la obligación de proteger a la ciudadanía y, especialmente, a las víctimas. Fortalecer la responsabilidad penal adolescente para estos casos no significa abandonar la reinserción, en realidad, significa reafirmar un principio básico que la gravedad del delito debe tener una respuesta proporcional por parte de la justicia.
Chile necesita un sistema que combine oportunidades de reinserción con responsabilidad, protección de las víctimas y seguridad pública. Ese es el equilibrio que busca este proyecto y esa es la razón por la cual espero que el Senado lo apruebe.
