Enviando corrección, espere un momento...
Hoy se vota la megarreforma tributaria en el Senado, proyecto que favorece a los más ricos de nuestro país a costa de 4000 millones de dólares anuales que se necesitan para financiar derechos sociales. La principal promesa económica de esta propuesta es simple: bajar los impuestos a las grandes empresas y a los sectores de mayores ingresos generará más inversión, más crecimiento y eso traerá un “chorreo” a los demás sectores del país. Sin embargo, los estudios académicos no respaldan esa afirmación.
Las investigaciones disponibles muestran que no existe evidencia de que este tipo de rebajas tributarias produzcan crecimiento, como asegura el ministro Quiroz. Lo que sí se demuestra es que la pérdida de recaudación no se compensa y que se genera más desigualdad.
Pese a ello, el Gobierno ha insistido en que “lo único que importa es el futuro de Chile y avanzar rápido” con su propuesta, confirmando la premura del Ejecutivo por aprobar una iniciativa cuya justificación económica central sigue sin encontrar respaldo en la literatura especializada.
La receta es conocida, ha sido repetida durante décadas en distintos países como una fórmula para impulsar el crecimiento. Sin embargo, una idea reiterada no se convierte, por la sola reiteración, en una verdad. Las políticas públicas no pueden construirse sobre consignas, convicciones ideológicas, actos de fe o información imprecisa; deben sustentarse en la experiencia real. Y la evidencia disponible hoy debería llevar al Gobierno, al menos, a revisar las premisas sobre las que descansa este proyecto de ley.
Vamos a los estudios: En 2025, la economista Laura Kawano, junto a otros expertos, revisó la literatura económica internacional sobre el impacto de los impuestos en el crecimiento económico y concluyó que los efectos promedio de las reducciones de impuestos sobre el crecimiento económico son cercanos a cero. En otras palabras, la principal promesa de la megarreforma no solo carece de una base empírica convincente, sino que sigue afirmándose más en una convicción ideológica que en el conocimiento acumulado por la investigación económica.
No se trata de un trabajo aislado.
En 2022, los economistas David Hope y Julian Limberg analizaron la experiencia de 18 países de la OCDE durante medio siglo, entre 1965 y 2015. Su investigación no encontró efectos estadísticamente significativos sobre el crecimiento económico ni sobre el empleo después de importantes rebajas tributarias para las personas de mayores ingresos. Lo que sí identificó y puede respaldar fue un patrón persistente: estas rebajas generan una mayor concentración del ingreso en el 1% más rico. Es decir, allí donde no aparece el crecimiento prometido, sí aparece con claridad el verdadero resultado de estas políticas: una mayor concentración de la riqueza.
Ese mismo año, los investigadores Gechert y Heimberger publicaron uno de los análisis más exhaustivos sobre esta materia. Revisaron 42 investigaciones y 441 estimaciones econométricas sobre rebajas del impuesto corporativo. Su conclusión fue categórica: la literatura disponible no permite sostener, con un mínimo de solidez científica, que reducir los impuestos a las empresas impulse el crecimiento económico.
Otro estudio académico reciente desarrollado por investigadores de las Universidades de Harvard y Princeton, junto al National Bureau of Economic Research de Estados Unidos (Chodorow-Reich et al., 2025), analizó los efectos de la reforma tributaria estadounidense impulsada en 2017. Aunque se encontraron pequeños efectos sobre la inversión, concluyó que éstos no compensaron más que el 2% del total de la fuerte pérdida de recaudación provocada por la reducción del impuesto corporativo. Lo que sí ocurrió desde la implementación de la reforma, fue que el déficit fiscal estadounidense aumentó significativamente, llegando al 8% del PIB en 2024. En otras palabras, incluso uno de los casos más citados por los defensores de estas rebajas tributarias terminó mostrando un elevado costo para las finanzas públicas y confirma que no se compensa la pérdida de recaudación.
Cuando investigaciones desarrolladas con metodologías distintas —desde estudios comparados hasta revisiones sistemáticas y meta-análisis— llegan una y otra vez a conclusiones semejantes, seguir impulsando la misma receta deja de ser una apuesta razonable.
No solo el mundo de la academia internacional advierte los riesgos; también lo hace el propio Consejo Fiscal Autónomo, el organismo encargado de velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas, al señalar que: “la incertidumbre es asimétrica: los costos son más ciertos y predecibles, mientras que los beneficios son inciertos, graduales y condicionales”.
Lo mínimo exigible sería revisar las premisas sobre las que descansa esta iniciativa del Ejecutivo antes de comprometer recursos que pertenecen a todas y todos los chilenos.
Chile necesita crecer y necesita más empleo de forma urgente, pero el crecimiento no se genera desmantelando la recaudación fiscal bajo la premisa ideológica de que, por el solo hecho de pagar menos impuestos, los privados invertirán mágicamente en el país.
El crecimiento sostenible requiere más inversión en capital humano, innovación, infraestructura y valor agregado. Por eso, hemos propuesto retomar el debate sobre creación de la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo, proyecto que contó con apoyo mayoritario en la Cámara pero no ha avanzado en el Senado; o el fortalecimiento del Subsidio Unificado del Empleo que sí va directamente a la creación de nuevo empleo, apoyando a empleadores y trabajadores.
Reducir la recaudación fiscal sin datos que fundamenten que esta decisión impulse el crecimiento es una apuesta temeraria y pone en riesgo los recursos para salud, educación, vivienda, seguridad, regiones y municipios. Ese costo no lo asumirán quienes más se benefician con esta reforma, sino las familias que dependen de servicios públicos y de un Estado con capacidad para responder a sus necesidades.
Si la evidencia no respalda el propósito fundamental de esta ley de los superricos, la pregunta es inevitable: ¿por qué el Gobierno insiste en aprobarla? Cuando se persiste en una política, pese a que la realidad apunta en sentido contrario, estamos frente a una decisión irresponsable y muy clara: hacer un traspaso enorme de recursos de todos y todas hacia los más ricos y reducir el Estado con una obstinación ideológica que le costará muy caro a Chile.
