Patricia hizo lo correcto. Denunció a quien la había agredido sexualmente, acudió a la justicia y pidió protección. Hizo todo aquello que como sociedad les pedimos a las mujeres que viven violencia. Sin embargo, hoy está muerta.

En Temuco, Patricia fue asesinada presuntamente por su expareja, quien además estaba imputado por violación en una causa iniciada tras la denuncia de la propia víctima. El crimen ocurrió pese a que ella había acudido a las instituciones en busca de protección y deja en evidencia las consecuencias de un sistema que muchas veces no logra responder a tiempo frente a riesgos conocidos.

No fue el Estado quien la asesinó. Fue su agresor. Pero precisamente porque el responsable del crimen es indiscutible, debemos atrevernos a formular una segunda pregunta: ¿por qué una mujer que había denunciado terminó igualmente siendo víctima de un femicidio?

Cada vez que ocurre un caso como este escuchamos las mismas frases: “hay que investigar”, “hay que fortalecer las instituciones”, “hay que aprender las lecciones”. Sin embargo, los femicidios siguen ocurriendo y muchas veces después de que existieron señales de alerta. La violencia de género rara vez aparece de un día para otro; escala, amenaza, controla y, en demasiados casos, termina matando.

Las cifras muestran que este no es un fenómeno excepcional. Durante 2025, Chile registró 44 femicidios consumados y 330 femicidios frustrados y en 2026, de acuerdo a cifras del Servicio Nacional de la Mujer van 17 femicidios consumados; una realidad que demuestra que la violencia extrema contra las mujeres sigue lejos de retroceder.

La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, además, advierte desde hace años que existen muertes por razones de género que no siempre quedan comprendidas dentro de las estadísticas oficiales.

La pregunta, entonces, no es solamente cuántos femicidios ocurren, sino cuántos pudieron evitarse.

Proteger a una mujer no puede reducirse a dictar medidas que, en la práctica, dependen de la voluntad del agresor para ser respetadas. La respuesta institucional debe ser proporcional al riesgo y capaz de anticiparse a la tragedia, no de explicarla después.

Ese es el verdadero fracaso que hoy debemos enfrentar.