Prisión preventiva para sujeto formalizado por femicidio de funcionaria municipal de Temuco

Con la medida cautelar de prisión preventiva quedó Yerko Mendoza, formalizado este lunes por el femicidio de Patricia Ojeda, hecho registrado el 26 de junio en la localidad de Labranza en Temuco, región de La Araucanía.

En el Juzgado de Garantía de Temuco se realizó la formalización de cargos en contra del imputado, de 27 años, por los delitos de femicidio, violación de morada, desacato y amenazas a Carabineros.

La víctima era expareja del imputado, tenía 32 años, era madre de dos hijas de 14 y 4 años, y se desempeñaba en la Municipalidad de Temuco.

El fiscal Jorge Mandiola informó a Radio Bío Bío que acogió los requerimientos del Ministerio Público en cuanto a la calificación de los delitos por los cuales el imputado fue formalizado y la petición de cautelares.

Sobre la dinámica de lo ocurrido, relató que el formalizado ingresó a la vivienda de la víctima, la estranguló, causando su muerte al interior del domicilio. La activación de una alarma permitió la llegada de personal de Carabineros, a quienes amenazó con cuchillos cartoneros.

Previo a esto, el 18 de mayo, la víctima había denunciado a su expareja por una agresión sexual. No obstante, debido a que el hecho ocurrió dos días antes y estaba fuera del plazo de la flagrancia, la jueza Marcia Castillo no autorizó la detención y se determinaron medidas de protección a favor de la víctima.

Medidas que fueron insuficientes, ya que el sujeto logró ingresar al domicilio para atacarla mortalmente.

Prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad

En la audiencia, se estableció que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, ordenando su ingreso a un centro penitenciario para cumplir la prisión preventiva.

El juez Luis Alberto Olivares indicó que “con los antecedentes conocidos no podemos sino dilucidar que el imputado es el autor del delito de femicidio”, ya que solo estaba él con la víctima en el domicilio. Además, la propia defensa del acusado relató una discusión previa al mortal ataque.

A su vez, enfatizó que “la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad por la gravedad de la pena asignada al delito, desde el presidio mayor en su grado máximo al presidio perpetuo calificado, solo por el delito de femicidio”.

El plazo de la indagatoria se fijó en 4 meses.