En una situación compleja se encuentra el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santa Rosa, ubicado en la comuna de San Miguel, al encontrarse sometido a una demanda de indemnizaciones por $180.068.008.
La raíz del conflicto se encuentra en una licitación de 2024 que terminó siendo cuestionada por el Tribunal de Contratación Pública, dando este órgano pie para que el afectado pudiese demandar en sede civil, así como hacer efectivas las responsabilidades administrativas.
La disputa tiene su origen en una licitación abierta el año 2024, que buscaba contratar un servicio de mantención menor y atención de emergencias de establecimientos educacionales y jardines infantiles en el servicio local. El contrato era atractivo ya que contemplaba un presupuesto de casi $400 millones de pesos, y de hecho, en la práctica lo adjudicado terminó superando ese monto.
El contrato tendría una duración de dos años y se dividía en dos líneas a las que podían postular los oferentes: la oriente y la poniente. El posterior conflicto se encontró en la primera línea, respecto a la cual postuló el oferente Juan Carlos Yáñez Palma y también la Constructora Eduardo Guillermo Álvarez González E.I.R.L., quien se adjudicó el contrato de ambas líneas.
El 3 de enero de 2025, la Comisión Evaluadora le pidió aclarar a Yáñez si postulaba como persona natural o como empresa, contestando este que actuaba como persona natural bajo su propio rut. Por la necesidad de aclaración, la comisión le descontó puntaje en el criterio de “requisitos formales”.
La sentencia del TCP
Este es el centro de la demanda que luego Yáñez presentó ante el Tribunal de Contratación Pública (TCP), posterior a que el contrato se le haya entregado a la Constructora un contrato de $510.495.850 por la línea oriente y $359.914.150 por la poniente. De acuerdo a Yañez, las bases solo permitían restar punto cuando faltaban documentos, y no cuando se hacía una aclaración.
La demanda ingresada además acusa que a la Constructora se le habría otorgado puntaje máximo en “experiencia” a pesar de que los certificados se hayan presentado sin los contratos requeridos, y con un representante legal diferente.
Tas ocho meses de análisis, el Tribunal de Contratación Pública resolvió la demanda, declarando ilegal y arbitraria la evaluación y adjudicación de la línea oriente.
En su sentencia, el TCP sostuvo que: primero, fue ilegal ponerle 0 puntos a Yáñez el requisitos formales, porque en realidad en su documentación quedaba claro que postulaba como persona natural; y segundo, también fue ilegal otorgarle el puntaje máximo en experiencia a la constructora adjudicada. Y fue enfático: si las evaluaciones se hubiesen realizado de forma correcta, Yáñez habría obtenido el mayor puntaje en la línea oriente.
Sin embargo, aclaró que el hecho de que se declarase ilegal la adjudicación no generaba automáticamente una indemnización ni una anulación del contrato, sino que daba pie al afectado para demandar perjuicios en sede civil.
Así lo hizo el pasado 2 de abril, cuando Yáñez –representado por la abogada Cynthia Martinic Jara– ingresó una demanda de indemnización de perjuicios contra el SLEP Santa Rosa.
En la causa, que ha seguido su curso natural, pide una indemnización de $180.068.008 desglosados en: $1.394.460 por el dinero gastado por la acción ante el TCP y $178.673.545, equivalentes al 35% de la línea oriente adjudicada.
Respuesta del SLEP
En la misma causa civil, el SLEP Santa Rosa –representado por la abogada Andrea Cárdenas Yadrijevic– pidió rechazar la demanda en todas sus partes, indicando que el fallo del TCP no bastaría por sí solo para obligar al servicio a pagar su indemnización y basándose en los siguientes argumentos.
En primer lugar, sostuvieron que el procedimiento de la licitación sí fue formal y tuvo una revisión interna, incluso reevaluándose y modificándose decisiones erróneas gracias a los controles internos.
En segundo lugar, argumentaron que la oferta de Yáñez contenía referencias mezcladas entre persona natural y otras asociadas a empresa en las que aparecía como representante legal o dueño, insistiendo en que su interpretación era “plausible”.
En tercer lugar, indicaron que una ilegal administrativa no equivale automáticamente a una falta de servicio, algo esencial para que haya indemnización. Según el SLEP, aquí a lo más habría existido una diferencia interpretativa sobre las bases de la licitación.
En cuarto lugar, el SLEP rechazó que Yáñez tuviese un derecho adquirido a adjudicarse la licitación, ya que si se descartaba a quien ganó la oferta, podrían haber habido otros escenarios, como por ejemplo, que se declarara la licitación desierta.
En quinto lugar, la defensa cuestionó que Yañez cobrase más de $178 millones como pérdida de oportunidad por el supuesto margen del 35% del monto de la línea, argumentando que la cifra no tendría respaldo técnico, financiero, contable ni pericial.
Finalmente, añadieron que como la licitación era para mantención y emergencias, el monto del contrato era variable, por lo que incluso si hubiese ganado, no estaba asegurado que Yáñez recibiera la utilidad que reclama.
Actualmente, la causa se encuentra siendo tramitada por el 4° Juzgado Civil de San Miguel, quien deberá determinar si la ilegalidad identificada por el TCP configura una falta de servicio que genere responsabilidad civil del SLEP y si los más de $180 millones solicitados corresponden efectivamente a un daño indemnizable.
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