La tragedia empezó mucho antes de la encerrona

Cada vez que ocurre un crimen particularmente brutal, Chile tiene la misma conversación. Hablamos de castigos y respuestas inmediatas, pero hay una pregunta que suele quedar fuera del debate: ¿qué estamos haciendo hoy para evitar que un niño se transforme en el autor del crimen que lamentaremos mañana? La muerte del niño de San Bernardo vuelve a poner esa pregunta sobre la mesa.

Un niño de 12 años murió esta madrugada tras ser arrastrado tres kilómetros por delincuentes que robaron el auto de su familia, luego de una encerrona en San Bernardo. No hay palabras para eso. Solo una familia destruida, una comunidad en shock y una sociedad enfrentada a una tragedia que no debería ocurrir jamás.

Frente a hechos así, la reacción es comprensible: exigir más presencia policial, penas más altas, bajar la edad de responsabilidad penal o incluso desplegar a las Fuerzas Armadas en los barrios. Ese impulso es humano y legítimo. El problema es que no es suficiente. Si nos quedamos solo ahí, en unos años volveremos a lamentar una tragedia similar.

Esto es porque hay otra imagen que no estamos mirando: los menores que supuestamente participaron en este crimen. No para defenderlos —lo que hicieron exige consecuencias— sino para preguntarnos cómo llegaron ahí. Cuántos crecieron sin referentes adultos, cuántos abandonaron tempranamente la escuela, cuántos fueron niños que el Estado no vio a tiempo.

Eso no es una excusa. Es un diagnóstico. Y los diagnósticos obligan a actuar con inteligencia, no solo con contundencia.

Chile tiene hoy un debate sobre seguridad que prácticamente ha borrado de su vocabulario tres palabras: prevención, reinserción e infancia. La conversación gira en torno a cuánto castigar y cuánta fuerza desplegar, no de cómo interrumpir una trayectoria delictual antes de que comience.

Existe evidencia. El Programa Lazos de la Subsecretaría de Prevención del Delito trabaja con niños y jóvenes en situación de alta vulnerabilidad, abordando factores de riesgo como la deserción escolar, los vínculos con el mundo criminal o la ausencia de adultos significativos. Sus resultados rara vez son noticia, pero son enormes en términos humanos: un niño que vuelve a la escuela es un niño menos expuesto a convertirse en protagonista de la próxima encerrona.

Sin embargo, hay casos donde incluso esas herramientas llegan tarde o no llegan. Niños marcados por la desintegración familiar, la violencia y la socialización criminal desde edades muy tempranas requieren una intervención más profunda y aún más temprana.

Bajar la edad de responsabilidad penal no resuelve eso. Desplegar las Fuerzas Armadas tampoco. Lo que puede hacerlo es un Estado que llegue antes: con salud mental, apoyo a familias en crisis, permanencia escolar y programas que actúen antes del primer delito.

Son medidas costosas y cuyos resultados se ven en años, no en semanas. Por eso suelen tener menos atractivo político que las respuestas inmediatas. Pero si de verdad queremos evitar nuevas tragedias, esa es la discusión que debemos dar.

El niño que murió en San Bernardo tenía 12 años. Los que supuestamente participaron en su muerte probablemente también. Ese es el dato más perturbador de esta historia.

Si solo hablamos del primero y no del segundo, estaremos eligiendo el dolor sobre la solución. Y esa decisión tiene un costo que terminarán pagando otros niños que hoy todavía están a tiempo.