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La discusión sobre la Sala Cuna Universal es una de las más importantes que hoy enfrenta el Congreso. No solo porque busca avanzar en corresponsabilidad y facilitar la incorporación de mujeres al mundo laboral, sino también porque pretende corregir una injusticia histórica: que el acceso a este derecho dependiera de que una empresa tuviera contratadas veinte o más mujeres.
Las indicaciones presentadas por el Gobierno contienen avances. Se amplía el acceso a trabajadoras independientes y de casa particular, y se incorpora gradualmente a los padres trabajadores. Son cambios que permiten avanzar hacia un sistema más universal e inclusivo.
Sin embargo, el debate no puede limitarse únicamente a quiénes acceden al beneficio. También debemos preguntarnos cómo se financia y cuáles serán las consecuencias de ese financiamiento en el mediano y largo plazo.
La principal diferencia entre el proyecto original y las indicaciones del Ejecutivo está precisamente ahí. Mientras la propuesta inicial creaba una cotización adicional destinada a financiar el sistema -entre 0,1 y 0,2%-, el Gobierno optó por echar mano de recursos desde el Seguro de Cesantía. En concreto, propone que el 0,35% que aportarán los empleadores al Fondo de Sala Cuna sea compensado mediante una rebaja equivalente en la cotización destinada al seguro que protege a los trabajadores cuando pierden su empleo.
Y es aquí donde surge una preocupación legítima.
El Fondo de Cesantía fue creado para enfrentar períodos de desempleo, para entregar tranquilidad a las familias cuando se quedan sin trabajo y para responder ante crisis económicas profundas. No fue diseñado para financiar políticas de cuidado infantil, por necesarias que estas sean. Cada vez que se extraen recursos de un fondo con un objetivo específico para destinarlos a otro fin, se debilita la capacidad futura de responder a la contingencia para la cual fue concebido.
Chile ha vivido crisis económicas, terremotos, pandemias y procesos de reconversión productiva que han puesto a prueba los sistemas de protección social. Nadie puede asegurar que en los próximos años no enfrentaremos nuevamente situaciones de desempleo masivo. Si eso ocurre, ¿contará el Seguro de Cesantía con los recursos suficientes para responder adecuadamente?
Esa es la pregunta que hoy debemos responder antes de legislar definitivamente.
Por eso he solicitado un estudio de sustentabilidad económica del fondo. No se trata de oponerse a la Sala Cuna Universal. Muy por el contrario. Se trata de garantizar que un derecho social no termine debilitando otro. La protección de la infancia y la protección frente al desempleo son ambas responsabilidades del Estado y no deberían competir entre sí por los mismos recursos.
La universalización de la sala cuna es una meta compartida. Lo que debemos asegurar es que su financiamiento sea sólido, permanente y responsable. Porque cuando las políticas públicas se construyen sobre bases financieras frágiles, quienes terminan pagando las consecuencias son precisamente los trabajadores que se buscaba proteger.
El desafío del Congreso será encontrar un equilibrio que permita avanzar en derechos para las familias chilenas sin comprometer la estabilidad de los instrumentos de seguridad social que el país ha construido durante décadas. Porque ningún derecho se fortalece debilitando otro, y ningún gobierno debería financiar nuevas políticas sociales poniendo en riesgo la protección de quienes pierden su empleo.
