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Hoy se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, una fecha establecida por las Naciones Unidas para visibilizar esta forma de violencia que, lejos de ser un daño colateral de la guerra, suele utilizarse como instrumento deliberado de dominación y control.
En abril de 2026, el Secretario General de las Naciones Unidas publicó el informe “La violencia sexual relacionada con los conflictos – Informe del Secretario General” bajo el documento del Consejo de Seguridad S/2026/321. El documento cubre violaciones documentadas a lo largo de enero-diciembre de 2025 y registra formalmente patrones de violencia sexual relacionada con conflictos, incluyendo abusos cometidos contra palestinos bajo detención, custodia y control de las fuerzas israelíes.
El informe debería poner fin a uno de los silencios más convenientes que rodean a la ocupación israelí: el silencio en torno a la violencia sexual cometida contra palestinos.
El informe detalla 31 casos verificados de violación y otras formas de violencia sexual por parte de las fuerzas de ocupación israelíes contra palestinos, incluyendo 10 niños (9 niños y 1 niña). Las víctimas provenían de Gaza y de la Cisjordania ocupada. La mayoría de estos abusos se cometieron en contextos de detención, interrogatorio, prisión, campamentos militares y puestos de control, los mismos espacios donde las personas ya están privadas de libertad, debido proceso y protección.
La violencia sexual en estos entornos no puede separarse de la estructura misma de la ocupación: forma parte de un sistema de control que opera directamente sobre los cuerpos de las personas.
El informe de la ONU no pretende ser un registro completo. Debido a las restricciones de acceso impuestas por Israel, solo pudo documentar los casos que logró verificar. Por ello, la cifra de 31 casos no refleja la dimensión real de lo ocurrido.
Lo que resulta especialmente grave es que estas limitaciones no sean accidentales. Cuando un Estado impide de manera sistemática el acceso de organismos internacionales a prisiones, centros de detención e instalaciones militares, está obstaculizando activamente la posibilidad de conocer la verdad y exigir rendición de cuentas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Palestina rechazó que se trate de hechos aislados. Lo enmarcó como parte de una política sostenida de violencia sexual y de género contra el pueblo palestino, orientada a aterrorizar a la población, profundizar la opresión y acelerar el desplazamiento.
El Ministerio advirtió además que miles de palestinos siguen privados de libertad en cárceles israelíes sin acceso efectivo a organizaciones internacionales ni a mecanismos de justicia, lo que impide dimensionar la verdadera magnitud de estos abusos. Según Addameer, en 2026 hay alrededor de 9.400 prisioneros políticos palestinos, de los cuales aproximadamente 3.532 se encuentran bajo detención administrativa (sin cargos ni juicios), 350 son niños y 86 mujeres.
Esto explica por qué la advertencia del Ministerio debe tomarse en serio. Los palestinos continúan siendo detenidos dentro de un sistema que ha sido vinculado de manera creíble con violencia sexual, tortura, humillación e impunidad. Cuando los detenidos están aislados de los monitores internacionales y se les niega protección legal efectiva, la cuestión central es cuántos casos han quedado fuera de cualquier posibilidad de registro.
El informe de abril de 2026 ha colocado estas denuncias en el registro oficial de las Naciones Unidas. Sin embargo, los palestinos llevan años denunciando lo mismo. La pregunta ahora es si el derecho internacional será tratado como una obligación vinculante o simplemente como un lenguaje invocado cuando resulta políticamente conveniente.
Sin consecuencias, la violencia sexual, la tortura y la detención sin rendición de cuentas dejan de ser excepciones del sistema y se convierten en instrumentos mediante los cuales la ocupación se sostiene.
