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Biobío y Ñuble cerraron el trimestre abril-junio de 2026 con las tasas de desocupación más altas del país: 10,4% y 10,5%, según el INE. En este contexto, la formación técnico-profesional (TP), de ciclo corto y orientada a competencias aplicables al sector productivo, no es sólo una alternativa educativa: es una herramienta concreta para enfrentar la crisis del empleo.
La Encuesta Nacional de Demanda Laboral (ENADEL) confirma la urgencia: entre las empresas que reportaron dificultades para cubrir vacantes, un 33,8% las atribuyó a la falta de competencias técnicas de los candidatos, la razón más citada. Es una brecha que exige una oferta formativa pertinente y conectada con el territorio.
Esa brecha golpea con especial fuerza a las mujeres: en Biobío la desocupación femenina llega a 11,3%, frente a 9,7% en los hombres; en Ñuble la diferencia es mayor aún, 13,2% versus 8,5%.
Por eso la formación TP es también un instrumento de equidad: al entregar competencias profesionales que permiten una rápida inserción laboral, abre una vía concreta para que más mujeres, hoy sobrerrepresentadas entre quienes buscan trabajo sin encontrarlo, accedan a empleos de calidad.
Desde esa convicción trabaja hace más de tres décadas el Instituto Tecnológico de la UCSC, con carreras nacidas del diálogo con cada comunidad: en Cañete, el Técnico en Gastronomía Intercultural integra los saberes del pueblo Mapuche; en Talcahuano, la logística y la refrigeración industrial responden a la vocación portuaria; en Los Ángeles y Chillán, la salud y la administración pública fortalecen el capital humano local.
Ese arraigo territorial es lo que más distingue a la formación TP como instrumento de movilidad social: no basta con abrir una puerta de acceso, hay que asegurar que conduzca a algo real.
Por eso la trayectoria formativa: de técnico a ingeniería de ejecución y, desde ahí, a una carrera universitaria va más allá de sólo contar un título. Cientos de estudiantes transitan cada año desde el nivel técnico hacia programas profesionales de la UCSC y es así que en los últimos de 5 años 2.270 titulados de alguna carrera técnica continuaron estudiando una carrera profesional con o sin licenciatura.
Esa movilidad tiene nombre y rostro. El 72% de nuestros estudiantes pertenece a los tramos de mayor vulnerabilidad socioeconómica, el 76% accede a gratuidad, más de la mitad trabaja mientras estudia y el 38% tiene hijos. Para ellos —y en especial para ellas— la TP es, muchas veces, la única puerta de entrada real a la educación superior y a una vida distinta.
El desafío sigue siendo colectivo: ninguna institución puede, por sí sola, revertir tasas de desocupación de dos dígitos ni cerrar la brecha de género en el empleo. Se requiere el compromiso articulado del sector público, la empresa privada y la academia.
Treinta años de historia demuestran que cuando la formación TP se construye con y desde el territorio, se convierte en lo que siempre debió ser: el motor silencioso del desarrollo regional.
