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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Contraloría General de la República detectó graves problemas de coordinación entre la Dirección de Vialidad y la Dirección de Obras Hidráulicas en la ejecución de proyectos por más de $10.500 millones en Puerto Natales. La DOH solicitó postergar las obras viales para evitar daños, pero Vialidad rechazó la petición. Esto llevó a la duplicidad de inversiones y perjuicio fiscal. La investigación concluyó que hubo deficiente planificación y acciones que afectaron la calidad de los caminos.

La Contraloría General de la República detectó graves problemas de coordinación entre la Dirección de Vialidad y la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) durante la ejecución de dos proyectos por más de $10.500 millones en el sector Huertos Familiares de Puerto Natales.

Según determinó el organismo, mientras Vialidad avanzaba en el mejoramiento de los caminos, la DOH comenzó a romper esas mismas vías para instalar la red de agua potable, provocando daños en obras que aún estaban en ejecución.

La investigación se inició tras una denuncia del senador Alejandro Kusanovic, quien alertó sobre un eventual perjuicio fiscal por la ejecución simultánea de dos contratos en Puerto Natales: uno de conservación de caminos por $1.436 millones y otro de reposición y ampliación del servicio sanitario rural por $9.110 millones.

Tras revisar los antecedentes y realizar una inspección en terreno, Contraloría concluyó que ambos proyectos se ejecutaron al mismo tiempo en el mismo sector, sin una planificación ni coordinación suficientes entre las unidades responsables.

La advertencia que no fue acogida

El informe revela que en julio de 2025 la Dirección de Obras Hidráulicas pidió postergar las obras de Vialidad, ya que el proyecto de agua potable contemplaba instalar 585 arranques domiciliarios que obligarían a excavar los caminos.

La DOH advirtió que pavimentar primero implicaría romper después esas mismas obras para instalar las tuberías, generando una duplicidad de inversiones y un posible perjuicio para las arcas fiscales.

Sin embargo, Vialidad rechazó esa solicitud. Argumentó que detener el contrato podía generar indemnizaciones para la empresa a cargo de las obras e incluso derivar en la liquidación del proyecto.

Para Contraloría, las reuniones y gestiones para coordinar ambos proyectos ocurrieron cuando las obras ya estaban en marcha y los problemas ya se habían producido, lo que demuestra una deficiente planificación entre los servicios, según publica El Pingüino.

Contraloría detectó daños en los caminos de Puerto Natales

El organismo también constató que cuando el contrato vial fue paralizado —el 2 de febrero de 2026 por 275 días— las obras ya tenían un avance físico del 81%.

Durante una inspección realizada en junio de este año, los fiscalizadores comprobaron que la DOH ya había instalado la red principal de agua potable y seguía ejecutando los arranques domiciliarios.

Para ello se abrieron zanjas a lo largo y a lo ancho de los caminos, dejando el material extraído sobre la carpeta de rodado construida por Vialidad. Esa mezcla contaminó el material granular de alta calidad utilizado en la obra.

Como resultado, Contraloría detectó barro, baches, pérdida del material de la superficie y sectores con agua acumulada, afectando la calidad y la transitabilidad de los caminos. Además, advirtió que las excavaciones y rellenos podrían provocar hundimientos y un deterioro prematuro de la infraestructura, debido a que los materiales utilizados para rellenar las zanjas tienen una resistencia menor que la carpeta original.

Ordenan sumario y un plan para reparar los caminos

Frente a estas observaciones, la Contraloría ordenó a la Seremi de Obras Públicas de Magallanes iniciar un sumario administrativo para determinar las responsabilidades de los funcionarios involucrados, el que deberá instruirse en un plazo de 15 días hábiles.

Además, instruyó a la Dirección de Obras Hidráulicas y a la Dirección de Vialidad elaborar, en un plazo de 60 días hábiles, un plan conjunto para evaluar los sectores intervenidos y restituir las condiciones originales de los caminos afectados. También deberán implementar mecanismos de coordinación para evitar que este tipo de situaciones vuelva a repetirse.