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El gobierno ha presentado el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades como una herramienta de seguridad pública. No lo es. Es una arquitectura de castigo adicional sin equivalente en ninguna democracia occidental, diseñada no para hacer justicia sino para controlar conductas que un político decidió inaceptables, mucho más allá de lo que cualquier juez podría sancionar.
El problema central no es el Registro en sí. Es su lógica interna.
El proyecto trata de manera idéntica al que asesina a un carabinero y al que toma la micro sin pagar. Al que usa explosivos y al que vende comida en la calle sin patente. Al que usurpa un establecimiento educacional y al que hace un desorden en un espectáculo público. Todos entran al mismo registro. Todos enfrentan las mismas quince consecuencias: perder la beca universitaria, el subsidio de vivienda, el pasaporte, la licencia de conducir, la pensión garantizada, el Pase Cultural, la tarjeta BIP estudiantil. Un grafiti en una pared puede costarte el futuro educacional. Tomar el metro sin pagar puede dejarte sin pensión.
Esto no es desproporción por descuido, es la lógica del proyecto.
El gobierno llamará a estas consecuencias “medidas administrativas” para evitar la objeción jurídica más evidente: el principio de non bis in idem, que prohíbe sancionar dos veces por el mismo hecho. Pero el nombre que le pones a algo no cambia su naturaleza. Si perder el pasaporte, la vivienda, la educación y la pensión no es un castigo, entonces las palabras no tienen significado. Es una doble condena. La primera la dicta un juez aplicando la ley. La segunda la diseñó un político aplicando su criterio sobre quién merece vivir plenamente en sociedad.
Ahí está el problema de fondo: un político que quiere ser más que un político, más que un juez, un político que quiere tener el poder de un rey.
Los sistemas judiciales democráticos existen precisamente para que la decisión de quién es sancionado, por qué, en qué medida y por cuánto tiempo no quede en manos de quien ejerce el poder político del momento. El Registro rompe ese principio. Establece consecuencias uniformes, masivas y cruzadas que ningún juez podría imponer individualmente, aplicadas de manera automática sobre categorías de conducta que van desde el crimen grave hasta la infracción menor.
Y hay algo más que el proyecto revela sin querer: las conductas que activan las consecuencias más severas no son las que hacen más daño a las personas, sino las que amenazan al Estado y al orden institucional. Asesinar a un fiscal o a un carabinero está en la lista. Asesinar a un ciudadano común no. El proyecto no protege a las personas. Protege al poder.
Tampoco produce seguridad. La seguridad real requiere presencia del Estado en territorios abandonados, justicia rápida y efectiva, rehabilitación genuina. El Registro no hace nada de eso. Llega después de la condena, cuando el daño ya ocurrió, y solo añade exclusión. Excluye del sistema educacional, del sistema de vivienda, del sistema previsional, del transporte público subsidiado. No rehabilita: expulsa. Y expulsa precisamente de aquello que podría reintegrar a alguien a la sociedad.
El Registro no distingue entre el peligroso y el molesto porque no fue diseñado para hacer esa distinción. Fue diseñado para enviar un mensaje: el Estado puede seguirte castigando mucho después de que un juez cerró tu causa. Que tu capacidad de acceder a beneficios financiados con tus propios impuestos depende de tu comportamiento según criterios definidos por quien gobierna hoy.
Eso no es seguridad pública. Es control político. Y la diferencia importa.
Implementar este Registro costará más de 1.360 millones de pesos en su primer año. Es decir, el mismo político que recortó cerca de 3 billones del presupuesto de salud primaria, mermando los recursos de los municipios para sostener sus consultorios, decidió que sí hay recursos para marcar y vigilar, pero no para el médico del barrio.
Este es un proyecto peligroso, porque transforma al político en un rey. Un sujeto soberano que puede enjuiciar, condenar y castigar en la plaza pública. Y el político de hoy puso ciertas reglas, el de mañana pondrá otras.
¿Cuáles serán las causas del castigo de mañana? Tal vez insultar en redes sociales al político que te mintió. Compartir un meme. Gritar en la calle. Levantar una pancarta porque alguien decidió que eso es desorden público. Será lo que el político de turno quiera que sea.
Porque si este proyecto se aprueba, desde ese momento retrocedemos cientos de años a los tiempos en que quien mandaba no rendía cuentas a nadie. En que la justicia no era un derecho, era un privilegio que el rey otorgaba o quitaba según su criterio. Hoy, ese rey se llama político de turno. Y este registro es su primer decreto.
