Registro de vándalos: no puede dar lo mismo destruir que cuidar

Durante demasiado tiempo, en Chile hemos convivido con una sensación que erosiona la confianza de las personas en las instituciones: la sensación de que quienes cumplen las reglas y respetan la ley terminan asumiendo los costos de quienes deciden vulnerarlas.

Los ejemplos son conocidos. Espacios públicos destruidos, infraestructura dañada, usurpaciones, establecimientos educacionales tomados o vandalizados, ataques a Carabineros, interrupción de servicios esenciales y hechos de violencia que afectan directamente la calidad de vida de miles de familias. Lo más preocupante es que muchas veces estas conductas parecen no tener consecuencias proporcionales al daño que provocan.

Por eso considero que el proyecto que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades apunta en una dirección correcta. No porque busque castigar por castigar, sino porque establece un principio básico para cualquier democracia que aspire a fortalecer la convivencia: una sociedad justa no sólo protege derechos, sino que también exige deberes.

No puede dar lo mismo destruir que cuidar.

Quienes respetan las normas, trabajan, estudian, pagan sus impuestos y contribuyen al desarrollo de sus comunidades tienen derecho a esperar que el Estado proteja los espacios públicos y haga cumplir las reglas. Cuando una persona es condenada por actos vandálicos graves o conductas que afectan seriamente la convivencia social, por destruir bienes públicos, atacar infraestructura esencial o participar en hechos que afectan a toda la comunidad, es razonable que enfrente consecuencias que vayan más allá de una sanción puntual.

El proyecto propone precisamente eso: que determinadas conductas tengan efectos concretos en el acceso a beneficios financiados por todos los chilenos. Por ejemplo, quienes sean incorporados a este registro podrían enfrentar restricciones para acceder a subsidios habitacionales, obtener becas educacionales, y otros beneficios públicos mientras dure su inscripción.

No se trata de negar derechos fundamentales ni de perseguir a nadie por sus ideas. Se trata de establecer responsabilidad frente a conductas que dañan gravemente la convivencia y el patrimonio común.

Esta discusión también nos obliga a mirar experiencias recientes que generaron una profunda indignación ciudadana. Durante la investigación de las pensiones de gracia otorgadas a personas vinculadas a hechos ocurridos durante el estallido social, conocimos casos de beneficiarios que registraban condenas por delitos graves. Más allá de las responsabilidades políticas de ese proceso, quedó instalada una pregunta de fondo: ¿qué señal entrega el Estado cuando termina beneficiando a personas que han vulnerado gravemente la ley?

La respuesta es evidente. Cuando las consecuencias desaparecen, la impunidad se instala. Y cuando la impunidad se instala, la confianza de los ciudadanos se debilita.

Por eso el debate sobre este registro no debe entenderse únicamente como una herramienta administrativa. Es también una señal respecto del país que queremos construir. Un país donde los derechos sean protegidos, pero donde las responsabilidades también importen. Un país donde el esfuerzo de quienes cumplen las reglas sea valorado. Un país donde quienes dañan lo que pertenece a todos sepan que sus actos tienen consecuencias.

Recuperar la seguridad no depende sólo de más policías, más cámaras o mejores leyes. También requiere reconstruir una cultura de respeto por las normas y por los espacios comunes. Y para lograrlo debemos dejar atrás la idea de que todo da lo mismo.

Porque no da lo mismo destruir que cuidar. Y si queremos recuperar la convivencia, el orden y la confianza en nuestras instituciones, debemos ser capaces de actuar en consecuencia.