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El fuego no avisa: llega con el viento, salta de techo en techo, devora en minutos lo que un hogar construyó en décadas. El megaincendio de febrero de 2024 no fue un accidente que le ocurrió a algunos cerros de Viña del Mar. Hay responsables directos que están respondiendo en tribunales por su pavoroso e inexplicable crimen.
En El Olivar las llamas arrasaron todo en pocas horas. Los vecinos salieron con lo que pudieron cargar. Muchos, con nada. La visita de la Comisión de Vivienda de la Cámara a terreno, en ejercicio de sus atribuciones, permitirá justamente mirar de frente lo que ocurrió y observar el estado real de las construcciones.
La reconstrucción comenzó entre anuncios, reuniones y soluciones transitorias mientras las obras avanzaban en los mismos cerros donde el fuego lo había quemado todo. Al principio, los habitantes contaban los días; luego, los meses. Los avances existían, pero siempre llegaban con un retraso que contrastaba con la urgencia, avanzando a un ritmo ajeno al sufrimiento.
Las alertas se acumularon. En marzo, el Ministerio de Vivienda informó la suspensión de obras y se abrió la discusión sobre demoler decenas de viviendas por presuntas fallas estructurales. En mayo comenzó la demolición de las primeras casas observadas, en un proceso que hoy sigue en disputa técnica y judicial.
El ministro Poduje llegó antes que los informes, incluso antes de asumir su cargo, anunciando que diversas viviendas debían demolerse por fallas estructurales insalvables y que la constructora debía retirarse.
Estas acciones derivaron en una querella criminal contra el ministro Poduje, el seremi de Vivienda de Valparaíso y el director (s) del Serviu regional, la cual ya fue acogida a trámite. Esta ofensiva judicial se suma a las controversias que hoy entorpecen la reconstrucción.
Para muchos damnificados, esto representó un segundo derrumbe emocional. Tras sobrevivir a la pérdida total, la autoridad les notificaba que las nuevas casas tampoco servían, obligándolos a reiniciar un ciclo de incertidumbre.
Aún falta una explicación verificable sobre por qué se priorizó la demolición sobre la reparación, y cómo se concilia esto con la urgencia de entregar soluciones habitacionales definitivas.
Hoy, los pobladores de El Olivar siguen atrapados entre escombros y litigios. A dos años del siniestro, la falta de certezas sobre su hogar definitivo no es una mera demora administrativa; es una crisis de Estado que mantiene la espera en una agonía constante.
