Enviando corrección, espere un momento...
Cada vez que reaparece el debate sobre el Crédito con Aval del Estado (CAE), la discusión pública suele concentrarse en una pregunta aparentemente sencilla, ¿por qué tantas personas no han pagado sus deudas? La interrogante parece razonable, pero resulta insuficiente para comprender la magnitud del fenómeno. Antes de examinar las decisiones individuales de cientos de miles de deudores, vale la pena preguntarse cómo se construyó el sistema que los llevó hasta este punto. Las deudas no surgen de la nada. Detrás de ellas existen decisiones políticas, regulatorias, económicas y educativas que moldean las oportunidades reales de las personas.
La historia del CAE no pertenece exclusivamente a la izquierda ni a la derecha. Tampoco puede atribuirse únicamente a los estudiantes, a las universidades o a los bancos. Se trata de una responsabilidad compartida que atraviesa gobiernos, instituciones y generaciones. La crisis actual no apareció de un día para otro. Se fue incubando lentamente a medida que el sistema educativo chileno modificaba las condiciones de acceso al trabajo y transformaba la educación superior en una necesidad cada vez más difícil de evitar.
Durante gran parte del siglo pasado, la educación técnico-profesional ofrecía una alternativa relativamente clara para miles de jóvenes. Los liceos técnicos formaban electricistas, mecánicos, asistentes contables y otros especialistas que podían incorporarse al mercado laboral apenas concluida la enseñanza media. Para muchas familias de sectores medios y populares, esa formación representaba una vía concreta de movilidad social sin necesidad de asumir grandes costos económicos, a modo de anécdota, yo mismo estudié en un liceo técnico profesional, el Liceo Benjamín Franklin de Quinta Normal, y aún recuerdo lo que mi madre me dijo cuando me matriculó ahí: “Hijo, yo no tengo posibilidades de brindarte educación superior, por lo que aquí podrás tener un título técnico para trabajar y estudiar en lo que quieras en el futuro”.
Con el paso de los años, diversos cambios curriculares y normativos fueron debilitando esa función. Los liceos técnicos dejaron de entregar títulos viables y comenzaron a transformarse en una etapa intermedia que exigía continuar estudios superiores para acceder a oportunidades similares a las que antes podían obtenerse directamente desde ellos (ahí nacieron los CFT, el negocio del siglo). La educación superior dejó de ser una alternativa deseable para convertirse, en numerosos casos, en una condición necesaria para competir en el mercado laboral.
La necesidad de seguir estudiando creció mucho más rápido que la capacidad económica de las familias. En ese contexto surgió el Crédito con Aval del Estado, creado mediante la Ley Nº 20.027 durante el gobierno de Ricardo Lagos. El objetivo parecía razonable, permitir que estudiantes sin recursos suficientes pudieran financiar sus estudios y acceder a oportunidades que hasta entonces estaban reservadas para quienes podían costearlas.
Desde la perspectiva de la cobertura, el instrumento cumplió su propósito. La matrícula en educación superior aumentó de forma significativa y cientos de miles de jóvenes se convirtieron en la primera generación de sus familias en ingresar a una universidad, instituto profesional o centro de formación técnica. Sin embargo, el éxito cuantitativo ocultó problemas estructurales que fueron creciendo silenciosamente durante años.
La expansión del sistema no estuvo acompañada por una supervisión igualmente rigurosa. Algunas carreras prolongaron su duración más allá de lo estrictamente necesario para la formación profesional. Otras fueron ofrecidas pese a presentar perspectivas laborales limitadas o claramente insuficientes para absorber a la cantidad de egresados que producían cada año. Mientras los estudiantes acumulaban deuda, las instituciones recibían ingresos asegurados y el sistema continuaba creciendo impulsado por incentivos que premiaban la expansión de la matrícula más que los resultados obtenidos por los egresados, el famoso número en Excel.
El caso de la carrera de Perito Criminalista suele aparecer como uno de los ejemplos más visibles de esta situación. Durante años fue promocionada como una alternativa atractiva para miles de jóvenes, pese a que en la práctica era imposible el ejercicio profesional, dado que eran competencias solo de la Policía de Investigaciones. Más importante que cuestionar la decisión de quienes optaron por estudiar esa carrera es preguntarse por qué un sistema regulatorio permitió que se generaran expectativas tan alejadas de la realidad laboral.
La experiencia del CAE también obliga a reflexionar sobre el papel de la regulación en una economía de mercado. La existencia de libertad económica no implica la ausencia de responsabilidad institucional. Los mercados funcionan mejor cuando las reglas son claras y la información disponible permite a las personas tomar decisiones razonablemente informadas.
En educación superior, esa supervisión fue insuficiente durante demasiado tiempo. Gobiernos de distintos signos políticos administraron el sistema sin corregir problemas que se volvían cada vez más evidentes. Mientras algunos celebraban el aumento de la matrícula como un indicador de democratización educativa, otros destacaban la ampliación de oportunidades como una señal de progreso social. Ambas aspiraciones eran legítimas, pero terminaron relegando preguntas fundamentales sobre empleabilidad, calidad y sostenibilidad financiera.
Las consecuencias son visibles en las cifras actuales. El stock de deuda asociado al CAE ha continuado creciendo y más de medio millón de personas permanecen en situación de mora. Sin embargo, el problema no puede comprenderse únicamente desde los montos adeudados. Detrás de cada deuda existe una historia distinta. Hay personas que poseen capacidad económica suficiente para cumplir sus obligaciones y deciden no hacerlo. También existen quienes desean pagar, pero enfrentan condiciones económicas que vuelven extremadamente difícil cumplir con esa responsabilidad. Hay profesionales que lograron insertarse exitosamente en el mercado laboral gracias a sus estudios y otros que jamás encontraron oportunidades acordes con la formación recibida.
Tratar todas esas situaciones como si fueran equivalentes puede facilitar la administración de una política pública, pero dificulta la comprensión del fenómeno social que existe detrás de ella. La diferencia entre esos casos no elimina la obligación jurídica de pagar una deuda, pero sí plantea interrogantes legítimas respecto de los criterios utilizados para diseñar mecanismos de cobranza y respecto de la responsabilidad que el propio sistema tuvo en la generación de ciertas trayectorias de endeudamiento.
La discusión adquiere una dimensión aún más compleja al observar que algunos de quienes legislan o administran estas políticas también aparecen entre los deudores morosos de créditos universitarios. Más allá de las circunstancias particulares de cada caso, la situación refleja una paradoja fundamental. Si personas con estabilidad laboral, acceso privilegiado a información legislativa y altos niveles de ingreso enfrentan dificultades para regularizar sus obligaciones, resulta razonable preguntarse qué ocurre con quienes carecen de esas ventajas. Lejos de constituir una anécdota política, estos casos evidencian que el problema trasciende las divisiones ideológicas tradicionales y posee una profundidad mayor de la que muchas veces se reconoce.
No basta con cobrar lo que se debe. Un Estado serio no sólo recupera recursos, también construye certezas. Y Chile, en materia de educación superior y formación técnica, ha fallado sistemáticamente en entregar esas certezas a sus ciudadanos más jóvenes.
Si queremos que las próximas generaciones inviertan en su formación, que se endeuden si es necesario y que honren esa deuda, el Estado debe cumplir su parte del contrato. Eso significa regular con seriedad la oferta educativa, impedir que se abran carreras sin viabilidad de empleo real, exigir que las instituciones acreditadas entreguen información veraz sobre empleabilidad y remuneraciones de sus egresados, y garantizar que la duración de los programas responda a criterios pedagógicos y no a necesidades de caja.
Significa también pensar en mecanismos de seguro profesional para quienes, habiendo estudiado de buena fe una carrera avalada por el Estado, no consigan empleo en ella por razones de mercado que ellos no podían prever. Si el Estado fue cómplice del engaño, debe ser parte de la solución.
El crecimiento de un país no se construye sólo con cifras de matrícula. Se construye con profesionales y técnicos que trabajan en lo que estudiaron, que ganan lo suficiente para vivir con dignidad, que pagan sus impuestos y sus deudas porque el sistema les ofreció algo real a cambio. Eso es lo que Chile no hizo durante veinte años, y eso es lo que debe corregir ahora, no sólo cobrando, sino asegurando que el siguiente estudiante que firme un crédito para pagar su educación tenga confianza en que el sistema no le va a fallar también.
Dijo Jesús: ¡Qué aflicción les espera también a ustedes, expertos en la ley religiosa! Pues aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga (Lucas 11,45).
