¿Por qué incentivamos a jóvenes de 18 años a endeudarse por estudios de rentabilidad incierta?

Cuando una persona desea realizar una inversión, normalmente utiliza capital propio o recurre a financiamiento bancario. En este último caso, la entidad financiera analiza distintos factores: solvencia, patrimonio, capacidad de pago y viabilidad del proyecto. Todo esto tiene un objetivo evidente: reducir el riesgo.

En términos generales, el riesgo puede entenderse como la probabilidad de que una pérdida o perjuicio ocurra. Quien invierte su dinero busca minimizar la posibilidad de perderlo, razón por la cual las instituciones financieras evalúan cuidadosamente a quién prestan recursos y bajo qué condiciones. La mayoría de las personas estaría de acuerdo en que dicho análisis es razonable. Nadie quiere perder su capital.

Sin embargo, la discusión cambia cuando quien entrega el financiamiento es el Estado. A diferencia de un banco privado, el Estado no opera con recursos propios, sino con fondos provenientes de impuestos o deuda pública. En consecuencia, cuando una política de financiamiento fracasa o genera resultados deficientes, el riesgo termina siendo absorbido por el conjunto de los contribuyentes, es decir, usted y yo.

Cabe señalar que, bajo un sistema de reserva fraccionaria, la banca también opera utilizando depósitos de terceros. No obstante, si una entidad financiera administra mal el riesgo, debe responder con su propio capital y enfrentar las consecuencias de sus decisiones, pudiendo incluso desaparecer del mercado. Más allá del debate sobre el sistema bancario, el punto relevante aquí es otro: quién asume realmente el costo de una mala decisión financiera.

Cuando el Estado financia proyectos ineficientes o poco rentables, no solo se pierde dinero. También se redireccionan recursos que podrían haberse utilizado en inversiones más productivas o sostenibles. Esto genera distorsiones económicas y costos que terminan distribuyéndose entre personas que jamás eligieron asumir dichos riesgos.

En el caso de una inversión privada, quien arriesga su capital también asume las posibles pérdidas. Del mismo modo, si el proyecto resulta exitoso, será quien reciba los beneficios. Esa relación entre decisión, riesgo y consecuencia es parte fundamental del funcionamiento de cualquier sistema económico sano. El problema surge cuando los costos de decisiones equivocadas son trasladados al resto de la sociedad.

Este debate se vuelve especialmente relevante al analizar el Crédito con Aval del Estado (CAE). Más allá de las posiciones políticas respecto al sistema, existe una pregunta que rara vez se discute con suficiente profundidad: ¿por qué estamos incentivando a jóvenes de 18 años a asumir deudas de decenas de millones de pesos para financiar estudios cuya rentabilidad futura muchas veces es incierta?

Mi intención no es impedir que las personas accedan a la educación superior. El problema no es estudiar. El problema es que miles de jóvenes toman decisiones financieras enormes sin educación económica básica y bajo expectativas poco realistas sobre el retorno de dichas decisiones.

Durante años se instaló la idea de que ingresar a la universidad garantizaba automáticamente estabilidad económica y movilidad social. Sin embargo, la realidad ha demostrado ser mucho más compleja. Según datos de la fiscalía nacional económica, cerca del 35% de los programas de pregrado en Chile presentan retornos negativos. Es decir, existen carreras cuyos ingresos esperados no compensan adecuadamente el costo total de estudiarlas.

A pesar de ello, la mayoría de los estudiantes egresa del sistema escolar sin conocimientos mínimos sobre deuda, tasas de interés, rentabilidad o riesgo financiero. Sabemos más sobre memorizar contenidos para una prueba que sobre cómo administrar nuestras futuras decisiones económicas.

El resultado es evidente: miles de jóvenes y adultos terminan atrapados en deudas difíciles de pagar, en mercados laborales saturados o en trabajos completamente alejados de aquello que estudiaron. Y mientras esto ocurre, el sistema sigue promoviendo expectativas que muchas veces no se condicen con la realidad económica.

Aquí aparece una contradicción importante. Para acceder a un crédito de consumo relativamente pequeño, una persona debe acreditar ingresos, solvencia y capacidad de pago. Sin embargo, para adquirir una deuda universitaria mucho mayor, basta muchas veces con la expectativa de un futuro ingreso incierto. Resulta legítimo preguntarse si estamos evaluando correctamente el riesgo asociado a este tipo de financiamiento.

Por supuesto, esto no significa eximir de responsabilidad a quienes tomaron estos créditos. Toda deuda debe ser pagada y cada persona es responsable de sus decisiones. Pero también es cierto que durante décadas hemos construido un sistema educativo y cultural que empuja a miles de jóvenes hacia decisiones de alto impacto financiero sin entregarles herramientas suficientes para comprender plenamente sus consecuencias.

Una carrera universitaria puede ser una excelente inversión, pero sigue siendo una inversión. Y como tal, puede salir bien o puede salir mal. Negar esa realidad solo contribuye a profundizar frustraciones personales, malas decisiones económicas y políticas públicas ineficientes.

Quizás ya es momento de dejar de vender ilusiones y comenzar a enseñar seriamente cómo funciona el dinero, el crédito, el riesgo y la planificación financiera. Diversos estudios muestran que las mayores mejoras en aprendizaje y movilidad social suelen producirse en etapas tempranas de la educación, particularmente en niveles preescolares y escolares.

Sin embargo, seguimos formando generaciones completas que saben muy poco sobre cómo enfrentar el mundo económico real. Quiero creer que todo esto fue solo un error y no algo malicioso pensando en que, los universitarios, pueden votar y por ende fue popular venderles sueños que culminan en frustración.

El debate sobre el CAE no debería limitarse únicamente a quién paga la deuda. También deberíamos preguntarnos por qué llegamos a construir un sistema donde endeudarse masivamente para estudiar se transformó casi en un paso obligatorio para aspirar a una vida mejor. ¿Por qué no liberar los planes de estudio? ¿Por qué no dar opciones de formación más amplia que “una carrera”?

El desarrollo no espera, y el mundo privado avanza más rápido de lo que se mueve la academia. Si se gastarán recursos en pro de la educación y del desarrollo de nuestros ciudadanos ¿por qué no fortalecer las bases?

Porque cuando las expectativas se construyen sobre promesas poco realistas y decisiones financieramente mal comprendidas, empobrecemos tanto al estudiante como al contribuyente, enriqueciendo solo a quienes ostentan el monopolio de la planificación de nuestro país.

Víctor Pérez
Empresario y MBA – New England College.